Apro
Los exgobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández se encuentran sujetos a investigación por la presunta expropiación de bienes inmuebles y la venta de éstos a prestanombres, quienes habrían construido fraccionamientos de lujo con recursos provenientes del narcotráfico.
Según la información difundida este viernes por el diario Reforma, con base en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/ 012/2009, el exmandatario Eugenio Hernández rindió declaración ministerial sobre el particular hace dos años.
La indagatoria por presuntos delitos de delincuencia organizada, contra la salud y enriquecimiento ilícito contiene denuncias anónimas, de afectados y de un testigo protegido identificado como Pitufo, un exintegrante de Los Zetas que declaró durante un juicio que su banda gozaba de la protección de los gobiernos tamaulipecos.
De acuerdo con el diario, uno de los personajes claves en la investigación es el empresario Mohamed Farough Fatemi Corcuera, de 35 años, señalado como el supuesto prestanombres de Cavazos y Hernández a través de negocios inmobiliarios.
Fatemi, dice Reforma, aparece como propietario de las constructoras Santa Dolores y Grupo Inmobiliario Comon, empresas que en la pasada década tuvieron un “boom” en el sector a nivel estatal.
La SIEDO solicitó a la Secretaría de Hacienda y al Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas todos los detalles de sus operaciones inmobiliarias, así como sus declaraciones fiscales e información bancaria.
En 2002, cuando Tomás Yarrington encabezaba la entidad, Fatemi y la empresa descentralizada Desarrollo Urbano Portuario de Altamira (Duport) compraron a 15 pesos el metro cuadrado más de 250 hectáreas para un desarrollo habitacional y comercial en esa zona.
Un año después, el mismo Fatani y Duport adquirieron 8 de 20 hectáreas del proyecto de desarrollo turístico en Playa Miramar, en Ciudad Madero, donde se construyen condominios de alta plusvalía a la orilla del mar, según los medios locales.
Otro empresario sujeto a investigación es Fernando Cano Martínez, señalado como prestanombres de Hernández y Yarrington en la compra de 78 hectáreas en Altamira con la empresa Duport, que también se vinculó a Fatemi.
Los testigos mencionan que otro nombre implicado es el de Óscar Gómez Guerra, cuñado del exgobernador Hernández y de quien también se han pedido informes a distintas autoridades.
Pitufo es un exsicario tamaulipeco que ha declarado contra Gregorio Greg Sánchez y en el “michoacanazo”.
Las primeras denuncias contra los exgobernadores fueron anónimas, por escrito o telefónicas y se comenzaron a recibir en la PGR a fines de 2008 y principios de 2009, pero no ameritaron la apertura de una averiguación previa, sino actas circunstanciadas.
Fueron tres actas que después el Ministerio Público acumuló en una sola averiguación en aquel año. Posteriormente se abrieron otras dos indagatorias, por lo que existen por lo menos tres expedientes en curso, concluye la nota.
Los exgobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández se encuentran sujetos a investigación por la presunta expropiación de bienes inmuebles y la venta de éstos a prestanombres, quienes habrían construido fraccionamientos de lujo con recursos provenientes del narcotráfico.
Según la información difundida este viernes por el diario Reforma, con base en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/ 012/2009, el exmandatario Eugenio Hernández rindió declaración ministerial sobre el particular hace dos años.
La indagatoria por presuntos delitos de delincuencia organizada, contra la salud y enriquecimiento ilícito contiene denuncias anónimas, de afectados y de un testigo protegido identificado como Pitufo, un exintegrante de Los Zetas que declaró durante un juicio que su banda gozaba de la protección de los gobiernos tamaulipecos.
De acuerdo con el diario, uno de los personajes claves en la investigación es el empresario Mohamed Farough Fatemi Corcuera, de 35 años, señalado como el supuesto prestanombres de Cavazos y Hernández a través de negocios inmobiliarios.
Fatemi, dice Reforma, aparece como propietario de las constructoras Santa Dolores y Grupo Inmobiliario Comon, empresas que en la pasada década tuvieron un “boom” en el sector a nivel estatal.
La SIEDO solicitó a la Secretaría de Hacienda y al Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas todos los detalles de sus operaciones inmobiliarias, así como sus declaraciones fiscales e información bancaria.
En 2002, cuando Tomás Yarrington encabezaba la entidad, Fatemi y la empresa descentralizada Desarrollo Urbano Portuario de Altamira (Duport) compraron a 15 pesos el metro cuadrado más de 250 hectáreas para un desarrollo habitacional y comercial en esa zona.
Un año después, el mismo Fatani y Duport adquirieron 8 de 20 hectáreas del proyecto de desarrollo turístico en Playa Miramar, en Ciudad Madero, donde se construyen condominios de alta plusvalía a la orilla del mar, según los medios locales.
Otro empresario sujeto a investigación es Fernando Cano Martínez, señalado como prestanombres de Hernández y Yarrington en la compra de 78 hectáreas en Altamira con la empresa Duport, que también se vinculó a Fatemi.
Los testigos mencionan que otro nombre implicado es el de Óscar Gómez Guerra, cuñado del exgobernador Hernández y de quien también se han pedido informes a distintas autoridades.
Pitufo es un exsicario tamaulipeco que ha declarado contra Gregorio Greg Sánchez y en el “michoacanazo”.
Las primeras denuncias contra los exgobernadores fueron anónimas, por escrito o telefónicas y se comenzaron a recibir en la PGR a fines de 2008 y principios de 2009, pero no ameritaron la apertura de una averiguación previa, sino actas circunstanciadas.
Fueron tres actas que después el Ministerio Público acumuló en una sola averiguación en aquel año. Posteriormente se abrieron otras dos indagatorias, por lo que existen por lo menos tres expedientes en curso, concluye la nota.
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