Jorge Fernández Menéndez
Para el PRI no hay medias tintas: si el presidente Calderón dijo en una reunión con Consejeros de Banamex que Josefina Vázquez Mota está a sólo cuatro puntos de distancia de Enrique Peña Nieto, según una encuesta que ni identificó, hay que denunciarlo ante el IFE. Para el priismo, informar sobre una encuesta es un delito electoral, buena o mala, acertada o no, es una intromisión inaceptable en el proceso electoral que, por supuesto, puede alterarlo en forma irreversible. Para López Obrador, las cosas son siempre más sencillas: las encuestas, dijo, dicen lo que quieren que digan los que las pagan. Quizás por eso la de su casa encuestadora lo muestra, a diferencia de todas las demás, muy arriba, en una segunda posición que hoy nada percibe. O quizás por eso, hace seis años, hasta el último día de la campaña insistía en que él estaba diez puntos por arriba de Calderón.
El grado de ridículo al que está llegando nuestra clase política alcanza ya cotas inigualables. Yo no sé si Josefina está o no cuatro puntos debajo de Peña Nieto, pero no me cabe duda de que la elección del primero de julio será muy disputada; que probablemente sea una elección entre esos dos aspirantes que, con todo, López Obrador, aunque quede en tercer lugar, no tendrá una participación tan desafortunada como la que tuvo Roberto Madrazo hace seis años y sé también que si las encuestas están bien hechas, si fueron realizadas por empresas profesionales (y en México las hay), los resultados que muestran suelen ser verosímiles. El problema con las encuestas no está con quien las realiza, sino con quien las lee e interpreta. Pero hay que ser un muy mal político para encargar una encuesta simplemente para ratificar sus propias opiniones.
El tema, en todo caso, no son las encuestas, sino qué se entiende por la participación presidencial en una campaña. Al priismo le parece terrible que Felipe Calderón haya hablado de una encuesta electoral, pero le parece perfectamente aceptable que sus gobernadores participen en actos de campaña de Peña Nieto o que Eruviel Ávila diga que apoyará con todo a su antecesor. El PRD le exige mesura y control al Presidente pero le parece perfectamente aceptable que Marcelo Ebrard pueda participar en forma abierta en el proceso de selección de su candidato en el DF, en la integración de las listas de delegados, asambleístas, diputados y senadores. A mí me parece correcto que todos ellos opinen y participen, pero me parece cínico hacerlo y al mismo tiempo exigirle a los otros que no lo hagan.
Los límites de la intervención de los gobernantes en el proceso electoral deberían ser aparentemente muy claros: no se pueden utilizar recursos públicos para las campañas propias o de otros candidatos. Los recursos del Estado no pueden estar a disposición de ningún partido o aspirante. Nada más y nada menos. No me parece nada grave que un gobernante, sea el Presidente, un gobernador o el jefe del GDF opine sobre las elecciones: al contrario, es sano y es positivo que ello ocurra, así sabemos qué piensa cada uno de ellos. Y como los comicios no dejan de ser siempre un ejercicio plebiscitario, el premio o el castigo funcionan perfectamente bien en ese esquema.
Me parece grave que un Presidente, un gobernador o un jefe del GDF pongan los recursos públicos a favor de un aspirante o de una elección. Y cuando hablamos de recursos públicos nos referimos a dinero contante y sonante pero también a la propia estructura de operación del gobierno. Alguien dirá que encargar una encuesta desde la Presidencia para saber cómo están las preferencias electorales y darla a conocer implica exactamente eso. Por supuesto que no: mal haría cualquier gobernante de cualquier nivel en no indagar cuál es el nivel de preferencia electoral. Lo hacen Los Pinos y lo hacen desde el día uno de su mandato todos los gobernadores del país.
Hay un interés deliberado en tornar más complejo el proceso electoral; en plantear desde ahora las causas de un supuesto intervencionismo electoral que lo descalifique; en buscar culpables externos en cualquier modificación de las expectativas que se crearon en el pasado. Y me parece que en ese camino no se escatimarán esfuerzos, aunque para ello se tenga que hacer cotidianamente el ridículo.
Del Real a Nuevo León
La mejor noticia que podría tener Nuevo León en el terreno de la seguridad es la llegada como secretario de seguridad pública del general Javier del Real. Conoce Nuevo León, sabe cómo operar, es un militar serio, formado y capaz y tiene la capacidad y la entereza como para hacerlo. Sólo una cosa le impediría no tener éxito: que la propia estructura de gobierno local no lo deje actuar y operar como sabe y puede. No creo que el general Del Real haya aceptado esa encomienda, que en su momento había declinado, sin estar absolutamente seguro de que tendrá en sus manos los instrumentos necesarios para cumplir con sus objetivos.
Para el PRI no hay medias tintas: si el presidente Calderón dijo en una reunión con Consejeros de Banamex que Josefina Vázquez Mota está a sólo cuatro puntos de distancia de Enrique Peña Nieto, según una encuesta que ni identificó, hay que denunciarlo ante el IFE. Para el priismo, informar sobre una encuesta es un delito electoral, buena o mala, acertada o no, es una intromisión inaceptable en el proceso electoral que, por supuesto, puede alterarlo en forma irreversible. Para López Obrador, las cosas son siempre más sencillas: las encuestas, dijo, dicen lo que quieren que digan los que las pagan. Quizás por eso la de su casa encuestadora lo muestra, a diferencia de todas las demás, muy arriba, en una segunda posición que hoy nada percibe. O quizás por eso, hace seis años, hasta el último día de la campaña insistía en que él estaba diez puntos por arriba de Calderón.
El grado de ridículo al que está llegando nuestra clase política alcanza ya cotas inigualables. Yo no sé si Josefina está o no cuatro puntos debajo de Peña Nieto, pero no me cabe duda de que la elección del primero de julio será muy disputada; que probablemente sea una elección entre esos dos aspirantes que, con todo, López Obrador, aunque quede en tercer lugar, no tendrá una participación tan desafortunada como la que tuvo Roberto Madrazo hace seis años y sé también que si las encuestas están bien hechas, si fueron realizadas por empresas profesionales (y en México las hay), los resultados que muestran suelen ser verosímiles. El problema con las encuestas no está con quien las realiza, sino con quien las lee e interpreta. Pero hay que ser un muy mal político para encargar una encuesta simplemente para ratificar sus propias opiniones.
El tema, en todo caso, no son las encuestas, sino qué se entiende por la participación presidencial en una campaña. Al priismo le parece terrible que Felipe Calderón haya hablado de una encuesta electoral, pero le parece perfectamente aceptable que sus gobernadores participen en actos de campaña de Peña Nieto o que Eruviel Ávila diga que apoyará con todo a su antecesor. El PRD le exige mesura y control al Presidente pero le parece perfectamente aceptable que Marcelo Ebrard pueda participar en forma abierta en el proceso de selección de su candidato en el DF, en la integración de las listas de delegados, asambleístas, diputados y senadores. A mí me parece correcto que todos ellos opinen y participen, pero me parece cínico hacerlo y al mismo tiempo exigirle a los otros que no lo hagan.
Los límites de la intervención de los gobernantes en el proceso electoral deberían ser aparentemente muy claros: no se pueden utilizar recursos públicos para las campañas propias o de otros candidatos. Los recursos del Estado no pueden estar a disposición de ningún partido o aspirante. Nada más y nada menos. No me parece nada grave que un gobernante, sea el Presidente, un gobernador o el jefe del GDF opine sobre las elecciones: al contrario, es sano y es positivo que ello ocurra, así sabemos qué piensa cada uno de ellos. Y como los comicios no dejan de ser siempre un ejercicio plebiscitario, el premio o el castigo funcionan perfectamente bien en ese esquema.
Me parece grave que un Presidente, un gobernador o un jefe del GDF pongan los recursos públicos a favor de un aspirante o de una elección. Y cuando hablamos de recursos públicos nos referimos a dinero contante y sonante pero también a la propia estructura de operación del gobierno. Alguien dirá que encargar una encuesta desde la Presidencia para saber cómo están las preferencias electorales y darla a conocer implica exactamente eso. Por supuesto que no: mal haría cualquier gobernante de cualquier nivel en no indagar cuál es el nivel de preferencia electoral. Lo hacen Los Pinos y lo hacen desde el día uno de su mandato todos los gobernadores del país.
Hay un interés deliberado en tornar más complejo el proceso electoral; en plantear desde ahora las causas de un supuesto intervencionismo electoral que lo descalifique; en buscar culpables externos en cualquier modificación de las expectativas que se crearon en el pasado. Y me parece que en ese camino no se escatimarán esfuerzos, aunque para ello se tenga que hacer cotidianamente el ridículo.
Del Real a Nuevo León
La mejor noticia que podría tener Nuevo León en el terreno de la seguridad es la llegada como secretario de seguridad pública del general Javier del Real. Conoce Nuevo León, sabe cómo operar, es un militar serio, formado y capaz y tiene la capacidad y la entereza como para hacerlo. Sólo una cosa le impediría no tener éxito: que la propia estructura de gobierno local no lo deje actuar y operar como sabe y puede. No creo que el general Del Real haya aceptado esa encomienda, que en su momento había declinado, sin estar absolutamente seguro de que tendrá en sus manos los instrumentos necesarios para cumplir con sus objetivos.
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