Regina Martínez / Apro
Casi un mes después del aseguramiento de 25 millones de pesos por no haber comprobado su origen y destino, el gobierno de Javier Duarte sigue reclamando a la Procuraduría General de la República (PGR) su devolución, tras haber “demostrado la legalidad plena del origen de los recursos estatales”.
El contralor estatal Iván López Fernández aseguró que el origen de estos recursos fue comprobado mediante la auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a la cuenta bancaria concentradora del gobierno de Veracruz 65550072542-9, de Banco Santander, de donde provino el numerario.
Esta tarde, en rueda de prensa donde no se admitieron preguntas, el funcionario estatal, acompañado por el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, insistió en el origen lícito de los recursos asegurados por la PGR el pasado 27 de enero.
En esa fecha, en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México, la Policía Federal (PF) decomisó ese dinero a dos empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quienes lo transportaban en dos maletas en un avión del gobierno del estado, por no haber comprobado su origen y destino.
Los dos trabajadores del gobierno estatal, que luego se demostró no existían en la nómina de la Sefiplan, fueron puestos en libertad bajo la reserva de ley, en tanto los 25 millones de pesos fueron asegurados y hasta la fecha permanecen bajo el resguardo de la PGR.
Hoy, López Fernández subrayó que, en concordancia con la prioridad de esta administración “sobre el manejo claro y legal de las finanzas públicas”, el gobierno estatal, a través del procurador Amadeo Flores Espinosa, “se ha solicitado oficialmente a la PGR la devolución del numerario que pertenece al pueblo de Veracruz”.
El funcionario señaló: “Queremos dar a conocer un informe sobre el origen de los recursos estatales que fueron incautados por la PGR el 27 de enero, el Orfis realizó la auditoría correspondiente sobre este proceso en particular, determinando la legalidad plena del origen de los recursos en litigio”.
La auditoría del Orfis, apuntó, “comprobó fehacientemente que los recursos son en su totalidad estatales y que provienen de la cuenta de Veracruz número 65500725439 del Banco Santander, que es la única cuenta del gobierno del estado que se utiliza para disponer de efectivo, aplicándose principalmente para el pago de nómina estatal y una menor parte para el pago de proveedores”.
La nómina estatal, aseguró, “asciende a 36 mil 260 millones 704 mil pesos por cada año”, la cual se paga a través de tres esquemas, es decir, “principalmente transferencias electrónicas, cheques nominativos y una mínima parte en efectivo”.
“La disponibilidad en efectivo para nómina proviene de la cuenta de referencia y se aplica para sueldos y salarios del personal del gobierno del estado que presta sus servicios en más de 2 mil 900 comunidades dispersas en territorio veracruzano y en donde en su gran mayoría no existen sucursales bancarias”, alegó.
Esta práctica, dijo, es un mecanismo administrativo que se ha llevado a cabo “desde siempre en nuestro estado”, y va disminuyendo en la medida que se amplía la red de infraestructura bancaria en la entidad.
Y acotó: “El uso de efectivo es común en todos los niveles de gobierno, como es el caso de los programas sociales federales, entre ellos Oportunidades, que utiliza este esquema legal de pago directo a los beneficiarios en muchas comunidades de la entidad y del país.
“El pago de nómina estatal en esta modalidad asciende por año a unos 2 mil 723 millones de pesos y representa 7% de la nómina estatal”, sostuvo.
Así, insistió que la auditoría del Orfis confirmó el origen legal de los recursos que mantiene en su poder la PGR y que, en la cuenta de referencia, “las disposiciones en efectivo que corresponden a pagos y liquidaciones a proveedores que por las características de sus prestaciones requieren de pagos directos ascienden a 100 millones de pesos por año, representando 00.1% del presupuesto total de Veracruz”.
Por ello, refirió que mediante el oficio PGJ/OP/1064/2012, signado por el procurador Amadeo Flores Espinosa, se solicitó a la PGR “la devolución del erario que pertenece al pueblo de Veracruz” y, ante ello, aseguró confiar en que la dependencia federal “cumplirá con su deber y responsabilidad legal, dando en breve una respuesta a nuestra justa petición”.
Casi un mes después del aseguramiento de 25 millones de pesos por no haber comprobado su origen y destino, el gobierno de Javier Duarte sigue reclamando a la Procuraduría General de la República (PGR) su devolución, tras haber “demostrado la legalidad plena del origen de los recursos estatales”.
El contralor estatal Iván López Fernández aseguró que el origen de estos recursos fue comprobado mediante la auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a la cuenta bancaria concentradora del gobierno de Veracruz 65550072542-9, de Banco Santander, de donde provino el numerario.
Esta tarde, en rueda de prensa donde no se admitieron preguntas, el funcionario estatal, acompañado por el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, insistió en el origen lícito de los recursos asegurados por la PGR el pasado 27 de enero.
En esa fecha, en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México, la Policía Federal (PF) decomisó ese dinero a dos empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quienes lo transportaban en dos maletas en un avión del gobierno del estado, por no haber comprobado su origen y destino.
Los dos trabajadores del gobierno estatal, que luego se demostró no existían en la nómina de la Sefiplan, fueron puestos en libertad bajo la reserva de ley, en tanto los 25 millones de pesos fueron asegurados y hasta la fecha permanecen bajo el resguardo de la PGR.
Hoy, López Fernández subrayó que, en concordancia con la prioridad de esta administración “sobre el manejo claro y legal de las finanzas públicas”, el gobierno estatal, a través del procurador Amadeo Flores Espinosa, “se ha solicitado oficialmente a la PGR la devolución del numerario que pertenece al pueblo de Veracruz”.
El funcionario señaló: “Queremos dar a conocer un informe sobre el origen de los recursos estatales que fueron incautados por la PGR el 27 de enero, el Orfis realizó la auditoría correspondiente sobre este proceso en particular, determinando la legalidad plena del origen de los recursos en litigio”.
La auditoría del Orfis, apuntó, “comprobó fehacientemente que los recursos son en su totalidad estatales y que provienen de la cuenta de Veracruz número 65500725439 del Banco Santander, que es la única cuenta del gobierno del estado que se utiliza para disponer de efectivo, aplicándose principalmente para el pago de nómina estatal y una menor parte para el pago de proveedores”.
La nómina estatal, aseguró, “asciende a 36 mil 260 millones 704 mil pesos por cada año”, la cual se paga a través de tres esquemas, es decir, “principalmente transferencias electrónicas, cheques nominativos y una mínima parte en efectivo”.
“La disponibilidad en efectivo para nómina proviene de la cuenta de referencia y se aplica para sueldos y salarios del personal del gobierno del estado que presta sus servicios en más de 2 mil 900 comunidades dispersas en territorio veracruzano y en donde en su gran mayoría no existen sucursales bancarias”, alegó.
Esta práctica, dijo, es un mecanismo administrativo que se ha llevado a cabo “desde siempre en nuestro estado”, y va disminuyendo en la medida que se amplía la red de infraestructura bancaria en la entidad.
Y acotó: “El uso de efectivo es común en todos los niveles de gobierno, como es el caso de los programas sociales federales, entre ellos Oportunidades, que utiliza este esquema legal de pago directo a los beneficiarios en muchas comunidades de la entidad y del país.
“El pago de nómina estatal en esta modalidad asciende por año a unos 2 mil 723 millones de pesos y representa 7% de la nómina estatal”, sostuvo.
Así, insistió que la auditoría del Orfis confirmó el origen legal de los recursos que mantiene en su poder la PGR y que, en la cuenta de referencia, “las disposiciones en efectivo que corresponden a pagos y liquidaciones a proveedores que por las características de sus prestaciones requieren de pagos directos ascienden a 100 millones de pesos por año, representando 00.1% del presupuesto total de Veracruz”.
Por ello, refirió que mediante el oficio PGJ/OP/1064/2012, signado por el procurador Amadeo Flores Espinosa, se solicitó a la PGR “la devolución del erario que pertenece al pueblo de Veracruz” y, ante ello, aseguró confiar en que la dependencia federal “cumplirá con su deber y responsabilidad legal, dando en breve una respuesta a nuestra justa petición”.
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