Carlos Ramírez / Indicador Político
El único beneficio que tendrá el actual caos en el sistema electoral es que el IFE saldrá destruido por los partidos y que la tarea principal del próximo gobierno será rediseñar la estructura fundamental del sistema democrático basado en el fracaso del instituto.
Por lo pronto, el desorden en el funcionamiento del instituto ha quedo exhibido en toda su dimensión: La intervención de los partidos en el proceso electoral dañó la democracia electoral por reproducir los mismos vicios de la Comisión Federal Electoral del reinado priísta.
En el fondo, el problema de la organización electoral no es el consejero presidente Leonardo Valdez Zurita, sino el juego de poder que lo puso al frente de una institución que requería a un ciudadano más calificado. Con todo, Valdez hace su mejor esfuerzo; en todo caso, la dimensión de los problemas ha rebasado la capacidad del consejero presidente.
El problema central de la organización de las elecciones fue la reforma del 2007, realizada no con el objetivo de mejorar la funcionalidad del instituto, sino para satisfacer las pasiones encendidas del PRD. Lo malo de esa reforma fue elevar a rango constitucional criterios puramente procedimentales de organización de elecciones que debieran haberse quedado en leyes secundarias o reglamentarias.
Lo paradójico del caso ha sido el hecho de que el IFE se separó del Gobierno para quitarle el dominio partidista del PRI, pero quedó atrapado en el juego complicado de intereses de los partidos. Los partidos hicieron la reforma del 2007 y se apoderaron del sistema de designación de consejeros electorales. Así, resulta que el árbitro electoral, que en todo juego necesita de independencia absoluta, está dominado por los equipos en pugna. El IFE está penetrado por una cuádruple presencia de partidos: Los consejeros que fueron designados por cuotas de poder partidista, los partidos que tienen representación en el consejo general, los representantes del poder legislativo que a su vez tienen cuotas por representación partidista y el activismo de partidos con presión mediática.
Lo contradictorio del periodo de confusión actual es que los partidos diseñaron la reforma del 2007 y designaron a los consejeros electorales y son hoy los partidos los que se quejan de la reglamentación del proceso electoral y del comportamiento del instituto. El miércoles el representante del PRD, el senador Pablo Gómez Álvarez, caracterizó al IFE como un “papá regañón” que se la pasa castigando a los partidos.
Para la actual conformación del sistema electoral, con el IFE como pieza fundamental, los partidos carecen de movilidad política, son enfocados como presuntos delincuentes electorales y la regulación parte del criterio de que sólo saben pelear y no hacer política. De paso, el sistema electoral también tiene la percepción de que los medios de comunicación están dominados por algún partido o algún candidato y por tanto no debe existir libertad de expresión.
El vicio del IFE es la reglamentitis o ese vicio por regular todas las actividades políticas, lo que constituye una negación de la actividad política como el juego de la participación pública. De ahí que el IFE esté prácticamente a un paso de ser una organización electoral equiparable con la de Cuba o Corea del Norte, donde la voluntad autoritaria de la institución decide las reglas de la competencia política.
Si la esencia de la competencia política es la confrontación, el IFE quiere un proceso electoral de pipa y guante, de bombín y de bastón. La maduración de la competencia electoral debe de pasar por la experiencia de la disputa fuerte; por ejemplo, en las elecciones del 2012 ya no tendrían efecto las acusaciones de que alguno de los candidatos sería un peligro para México. ¿Y cómo confrontar competencias para ejercer cargos públicos si no se denuncian irregularidades? Con sus comportamientos exageradamente regulatorios, el IFE no sólo es el papá regañón de los partidos, sino el padre conservador que vigila lo que los electores deben de ver y saber.
Y lo que se olvida es que en 2006 López Obrador desestabilizó el proceso electoral, mandó al diablo las instituciones, quiso madrugar en el zócalo diciendo que había ganado con 500 mil votos de ventaja, sitió a las instituciones electorales para que le dieran el triunfo al margen de las votaciones, instaló un plantón de tiendas de campaña --vacías-- dividiendo a la ciudad y dio la orden para que Calderón no tomara posesión como presidente de la república, con un IFE en ese entonces sin autoridad ni energía.
Los partidos están pagando por sus errores al aprobar la reforma electoral del 2007. Más que quejarse, debieran encontrar salidas al hoyo en que metieron a los procesos electorales en un sistema competitivo de partidos. Sin embargo, los partidos han encontrado el camino fácil de culpar al IFE de la reforma electoral que los partidos políticos aprobaron.
Candidatos, partidos y medios de comunicación han quedado sometidos a los dictados de los consejeros del IFE pero a través de decisiones hechas no en función de facilitar la reglamentación electoral y privilegiar la competencia, sino para establecer hipotéticas equidades electorales. Los más afectados han sido los medios electrónicos por las amenazas en contra de sus títulos de concesión. El problema de los debates exhibió la incapacidad del IFE para entender la lógica de la competencia electoral.
Si el eje de una democracia radica en el relevo de gobernantes y funcionarios políticos vía procesos electorales con garantías de una competencia con el mínimo de regulaciones, las elecciones hoy no se ganan en las urnas sino en los tribunales electorales y ahí tampoco existen las garantías de equidad.
Lo malo, después de todo, será que los diseñadores de la próxima reforma electoral serán los mismos que fracasaron en la del 2007.
El único beneficio que tendrá el actual caos en el sistema electoral es que el IFE saldrá destruido por los partidos y que la tarea principal del próximo gobierno será rediseñar la estructura fundamental del sistema democrático basado en el fracaso del instituto.
Por lo pronto, el desorden en el funcionamiento del instituto ha quedo exhibido en toda su dimensión: La intervención de los partidos en el proceso electoral dañó la democracia electoral por reproducir los mismos vicios de la Comisión Federal Electoral del reinado priísta.
En el fondo, el problema de la organización electoral no es el consejero presidente Leonardo Valdez Zurita, sino el juego de poder que lo puso al frente de una institución que requería a un ciudadano más calificado. Con todo, Valdez hace su mejor esfuerzo; en todo caso, la dimensión de los problemas ha rebasado la capacidad del consejero presidente.
El problema central de la organización de las elecciones fue la reforma del 2007, realizada no con el objetivo de mejorar la funcionalidad del instituto, sino para satisfacer las pasiones encendidas del PRD. Lo malo de esa reforma fue elevar a rango constitucional criterios puramente procedimentales de organización de elecciones que debieran haberse quedado en leyes secundarias o reglamentarias.
Lo paradójico del caso ha sido el hecho de que el IFE se separó del Gobierno para quitarle el dominio partidista del PRI, pero quedó atrapado en el juego complicado de intereses de los partidos. Los partidos hicieron la reforma del 2007 y se apoderaron del sistema de designación de consejeros electorales. Así, resulta que el árbitro electoral, que en todo juego necesita de independencia absoluta, está dominado por los equipos en pugna. El IFE está penetrado por una cuádruple presencia de partidos: Los consejeros que fueron designados por cuotas de poder partidista, los partidos que tienen representación en el consejo general, los representantes del poder legislativo que a su vez tienen cuotas por representación partidista y el activismo de partidos con presión mediática.
Lo contradictorio del periodo de confusión actual es que los partidos diseñaron la reforma del 2007 y designaron a los consejeros electorales y son hoy los partidos los que se quejan de la reglamentación del proceso electoral y del comportamiento del instituto. El miércoles el representante del PRD, el senador Pablo Gómez Álvarez, caracterizó al IFE como un “papá regañón” que se la pasa castigando a los partidos.
Para la actual conformación del sistema electoral, con el IFE como pieza fundamental, los partidos carecen de movilidad política, son enfocados como presuntos delincuentes electorales y la regulación parte del criterio de que sólo saben pelear y no hacer política. De paso, el sistema electoral también tiene la percepción de que los medios de comunicación están dominados por algún partido o algún candidato y por tanto no debe existir libertad de expresión.
El vicio del IFE es la reglamentitis o ese vicio por regular todas las actividades políticas, lo que constituye una negación de la actividad política como el juego de la participación pública. De ahí que el IFE esté prácticamente a un paso de ser una organización electoral equiparable con la de Cuba o Corea del Norte, donde la voluntad autoritaria de la institución decide las reglas de la competencia política.
Si la esencia de la competencia política es la confrontación, el IFE quiere un proceso electoral de pipa y guante, de bombín y de bastón. La maduración de la competencia electoral debe de pasar por la experiencia de la disputa fuerte; por ejemplo, en las elecciones del 2012 ya no tendrían efecto las acusaciones de que alguno de los candidatos sería un peligro para México. ¿Y cómo confrontar competencias para ejercer cargos públicos si no se denuncian irregularidades? Con sus comportamientos exageradamente regulatorios, el IFE no sólo es el papá regañón de los partidos, sino el padre conservador que vigila lo que los electores deben de ver y saber.
Y lo que se olvida es que en 2006 López Obrador desestabilizó el proceso electoral, mandó al diablo las instituciones, quiso madrugar en el zócalo diciendo que había ganado con 500 mil votos de ventaja, sitió a las instituciones electorales para que le dieran el triunfo al margen de las votaciones, instaló un plantón de tiendas de campaña --vacías-- dividiendo a la ciudad y dio la orden para que Calderón no tomara posesión como presidente de la república, con un IFE en ese entonces sin autoridad ni energía.
Los partidos están pagando por sus errores al aprobar la reforma electoral del 2007. Más que quejarse, debieran encontrar salidas al hoyo en que metieron a los procesos electorales en un sistema competitivo de partidos. Sin embargo, los partidos han encontrado el camino fácil de culpar al IFE de la reforma electoral que los partidos políticos aprobaron.
Candidatos, partidos y medios de comunicación han quedado sometidos a los dictados de los consejeros del IFE pero a través de decisiones hechas no en función de facilitar la reglamentación electoral y privilegiar la competencia, sino para establecer hipotéticas equidades electorales. Los más afectados han sido los medios electrónicos por las amenazas en contra de sus títulos de concesión. El problema de los debates exhibió la incapacidad del IFE para entender la lógica de la competencia electoral.
Si el eje de una democracia radica en el relevo de gobernantes y funcionarios políticos vía procesos electorales con garantías de una competencia con el mínimo de regulaciones, las elecciones hoy no se ganan en las urnas sino en los tribunales electorales y ahí tampoco existen las garantías de equidad.
Lo malo, después de todo, será que los diseñadores de la próxima reforma electoral serán los mismos que fracasaron en la del 2007.
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