Jorge Fernández Menéndez
No cabe duda de que el PAN, como dicen en el PRI, está utilizando la mala fama de algunos ex gobernadores y dirigentes de ese partido para golpear la campaña del tricolor. Lo que me asombraría es que no lo hiciera. Por supuesto que el presidente Calderón les está recriminando a muchos gobernadores del tricolor que no lo hayan acompañado en la lucha contra la delincuencia organizada en sus propias entidades, pero también me asombraría que no lo hiciera cuando está en la recta final de su mandato y es hora, para él y para los otros, de rendir cuentas. Es claro que se está utilizando el tema de la deuda pública de Coahuila, como la de otros estados, para criticar a los gobiernos priistas y para exhibir esos malos manejos, pero habría que ser muy torpe en política para no hacerlo cuando se trata de evidentes hechos ilegales.
En última instancia, lo que sorprende es que el PRI, en lugar de asumir que así son las cosas y encabezar ellos mismos la exigencia de justicia y el deslinde de sus malos elementos, termine defendiéndolos. No debería tener necesidad de defender lo indefendible y si, como dijo su dirigente nacional Pedro Joaquín Coldwell, cada militante es responsable de sus actos y debe asumir su defensa en forma personal, entonces deberían ser consecuentes con ello.
El tema de los ex gobernadores de Tamaulipas adquirió otra dimensión porque uno de ellos, Manuel Cavazos Lerma, fue designado por el CEN priista candidato a senador; porque Enrique Peña Nieto fue a hacer una defensa pública del ex gobernador (y de los otros dos mandatarios involucrados en las investigaciones de la PGR y de la DEA) al propio estado; porque no es ninguna novedad que Tomás Yarrington esté señalado (que sea verdad o no es algo que tendrá que esclarecer la justicia) como relacionado con el cártel del Golfo, tampoco que existan señalamientos que lo involucran a él o a gente suya muy cercana, en el asesinato del candidato Rodolfo Torre Cantú.
Se olvida un pequeño detalle en todo esto: Osiel Cárdenas, el jefe del cártel del Golfo, fue extraditado a los Estados Unidos en enero de 2007. Allí estableció un acuerdo con la justicia estadunidense que le permitió tener una condena relativamente benigna de 25 años de cárcel y una multa de 50 millones de dólares (¿alguien se preguntó de donde los sacó Osiel?). Pero obviamente esos acuerdos no se deben haber establecido sin una larga plática de por medio con el ex capo, que tiene que haber hablado, y mucho, de un tema que es el que más le interesa a la justicia estadunidense: las relaciones del narcotráfico con los políticos estadunidenses. Existen, según la información pública, cuatro testigos protegidos que involucran a Yarrington con Osiel Cárdenas y con la muerte de Torre Cantú. ¿Qué pasará cuando aparezca el propio Osiel confirmando esos hechos? ¿se seguirá hablando de una campaña sucia?
Pero insistimos, lo que llama la atención es que el PRI, en lugar de asumir una defensa incondicional de estos personajes, no sea el que más insista en esclarecer los hechos y deslindarse de ellos en lugar de reclamar por la guerra sucia.
Cuando el presidente Calderón ironiza preguntándose si querían algunos que “se tomara un cafecito con los narcos”, tiene la certeza de saber que el ataque de la delincuencia organizada contra la sociedad ha sido tan feroz, tan doloroso, ha ocasionado tanto dolor que la gente le reclama a muchos gobernadores, incluso a algunos que sí lo han hecho, no haber participado en ese combate que sus opositores llaman la “guerra de Calderón”. El gobierno federal ha estado reclamando solidaridad en esa lucha desde hace cinco años; ha presentado numerosas iniciativas que no han sido atendidas por los gobiernos locales y por el Congreso, donde no tiene mayoría, ha sufrido en demasiadas ocasiones de una abierta simulación en el apoyo y ha tenido que pagar los costos derivados de ello y de sus propios errores. ¿Alguien puede creer que en el cierre de su ejercicio ese mismo gobierno federal no buscará que quienes no lo apoyaron paguen un costo electoral?
Hay ex gobernadores y políticos con mala fama pública. Es una realidad que no se cambia con buenos deseos o apapachos. En todo caso, como ha ocurrido con muy pocos otros políticos, esos personajes deberán tratar de reconstruirse, de mostrar una nueva imagen con su trabajo y actividad. En muchos casos es imposible. Se entiende que alguien que viene en un tercer lugar esté trabajando para recuperar todas las posiciones posibles y acercándose con personajes que le puedan dar votos, pero ¿qué necesidad tiene Peña Nieto de reunirse con Mario Marín, de colocar en su equipo a Fidel Herrera, o a José Murat?, ¿qué necesidad de reunirse en Tijuana con Jorge Hank Rhon; de poner como candidato al senado a Cavazos Lerma?, ¿para qué defender el caso de Coahuila donde es evidente que se violó la ley para contratar créditos en forma ilegal?
En política la forma es fondo, decía don Jesús Reyes Heroles, uno de los más notables priistas de todas las épocas. Si se violan las formas, se está afectando el fondo en la campaña de Peña Nieto.
No cabe duda de que el PAN, como dicen en el PRI, está utilizando la mala fama de algunos ex gobernadores y dirigentes de ese partido para golpear la campaña del tricolor. Lo que me asombraría es que no lo hiciera. Por supuesto que el presidente Calderón les está recriminando a muchos gobernadores del tricolor que no lo hayan acompañado en la lucha contra la delincuencia organizada en sus propias entidades, pero también me asombraría que no lo hiciera cuando está en la recta final de su mandato y es hora, para él y para los otros, de rendir cuentas. Es claro que se está utilizando el tema de la deuda pública de Coahuila, como la de otros estados, para criticar a los gobiernos priistas y para exhibir esos malos manejos, pero habría que ser muy torpe en política para no hacerlo cuando se trata de evidentes hechos ilegales.
En última instancia, lo que sorprende es que el PRI, en lugar de asumir que así son las cosas y encabezar ellos mismos la exigencia de justicia y el deslinde de sus malos elementos, termine defendiéndolos. No debería tener necesidad de defender lo indefendible y si, como dijo su dirigente nacional Pedro Joaquín Coldwell, cada militante es responsable de sus actos y debe asumir su defensa en forma personal, entonces deberían ser consecuentes con ello.
El tema de los ex gobernadores de Tamaulipas adquirió otra dimensión porque uno de ellos, Manuel Cavazos Lerma, fue designado por el CEN priista candidato a senador; porque Enrique Peña Nieto fue a hacer una defensa pública del ex gobernador (y de los otros dos mandatarios involucrados en las investigaciones de la PGR y de la DEA) al propio estado; porque no es ninguna novedad que Tomás Yarrington esté señalado (que sea verdad o no es algo que tendrá que esclarecer la justicia) como relacionado con el cártel del Golfo, tampoco que existan señalamientos que lo involucran a él o a gente suya muy cercana, en el asesinato del candidato Rodolfo Torre Cantú.
Se olvida un pequeño detalle en todo esto: Osiel Cárdenas, el jefe del cártel del Golfo, fue extraditado a los Estados Unidos en enero de 2007. Allí estableció un acuerdo con la justicia estadunidense que le permitió tener una condena relativamente benigna de 25 años de cárcel y una multa de 50 millones de dólares (¿alguien se preguntó de donde los sacó Osiel?). Pero obviamente esos acuerdos no se deben haber establecido sin una larga plática de por medio con el ex capo, que tiene que haber hablado, y mucho, de un tema que es el que más le interesa a la justicia estadunidense: las relaciones del narcotráfico con los políticos estadunidenses. Existen, según la información pública, cuatro testigos protegidos que involucran a Yarrington con Osiel Cárdenas y con la muerte de Torre Cantú. ¿Qué pasará cuando aparezca el propio Osiel confirmando esos hechos? ¿se seguirá hablando de una campaña sucia?
Pero insistimos, lo que llama la atención es que el PRI, en lugar de asumir una defensa incondicional de estos personajes, no sea el que más insista en esclarecer los hechos y deslindarse de ellos en lugar de reclamar por la guerra sucia.
Cuando el presidente Calderón ironiza preguntándose si querían algunos que “se tomara un cafecito con los narcos”, tiene la certeza de saber que el ataque de la delincuencia organizada contra la sociedad ha sido tan feroz, tan doloroso, ha ocasionado tanto dolor que la gente le reclama a muchos gobernadores, incluso a algunos que sí lo han hecho, no haber participado en ese combate que sus opositores llaman la “guerra de Calderón”. El gobierno federal ha estado reclamando solidaridad en esa lucha desde hace cinco años; ha presentado numerosas iniciativas que no han sido atendidas por los gobiernos locales y por el Congreso, donde no tiene mayoría, ha sufrido en demasiadas ocasiones de una abierta simulación en el apoyo y ha tenido que pagar los costos derivados de ello y de sus propios errores. ¿Alguien puede creer que en el cierre de su ejercicio ese mismo gobierno federal no buscará que quienes no lo apoyaron paguen un costo electoral?
Hay ex gobernadores y políticos con mala fama pública. Es una realidad que no se cambia con buenos deseos o apapachos. En todo caso, como ha ocurrido con muy pocos otros políticos, esos personajes deberán tratar de reconstruirse, de mostrar una nueva imagen con su trabajo y actividad. En muchos casos es imposible. Se entiende que alguien que viene en un tercer lugar esté trabajando para recuperar todas las posiciones posibles y acercándose con personajes que le puedan dar votos, pero ¿qué necesidad tiene Peña Nieto de reunirse con Mario Marín, de colocar en su equipo a Fidel Herrera, o a José Murat?, ¿qué necesidad de reunirse en Tijuana con Jorge Hank Rhon; de poner como candidato al senado a Cavazos Lerma?, ¿para qué defender el caso de Coahuila donde es evidente que se violó la ley para contratar créditos en forma ilegal?
En política la forma es fondo, decía don Jesús Reyes Heroles, uno de los más notables priistas de todas las épocas. Si se violan las formas, se está afectando el fondo en la campaña de Peña Nieto.
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