Pero tampoco la podría garantizar alguien como Enrique Peña Nieto, un bisoño egresado de una universidad de elite, la Panamericana, quien desconoce absolutamente la realidad que subyace en el México olvidado.
Guillermo Fabela Quiñones
En realidad, no se necesita pensar mucho para decidir por quién votar este primer domingo de julio. Basta dejarse conducir por una buena dosis de sentido común, otra más de patriotismo y un renovado interés por dejar a las generaciones venideras un país más justo y democrático. Hace falta, desde luego, un poco de conocimiento de la historia contemporánea de México, para tener puntos de comparación que permitan una decisión lo más ajustada a los hechos. El más contundente de ellos, en este momento, es la bancarrota del Estado de Derecho, luego de dos sexenios de gobiernos panistas, que sirvieron para demostrar la incapacidad del PAN para ejecutar políticas públicas acordes con la necesidad de fortalecer la gobernabilidad y la paz social.
El partido blanquiazul perdió la oportunidad que recibió del pueblo mexicano, ¿por qué habría de recibir otra más, a sabiendas de que la nación tendría que pagar costos extraordinarios? El entreguismo de Felipe Calderón a intereses extranjeros es de tal magnitud, que sólo un gobernante con firmes convicciones patrióticas, un estadista capaz de concitar el apoyo de la sociedad nacional, un líder con la fuerza suficiente para arrastrar a las masas hacia las metas buscadas, podría romper las fortísimas ataduras que dejará el inquilino de Los Pinos como herencia a los mexicanos.
¿Cómo podría Josefina Vázquez Mota encauzar una estrategia distinta a la que impuso Calderón para supuestamente combatir al crimen organizado? Llegaría a Los Pinos fuertemente comprometida con los intereses que le permitieron a Calderón imponer su “guerra” como método único de lucha, bajo el cual dar nuevas directrices al negocio del narcotráfico y al tráfico de armas.
De tal circunstancia se aprovecharían las autoridades estadounidenses para imponer sus condiciones, como así lo demuestran declaraciones recientes de diversos funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos Janeth Napolitano, secretaria de Seguridad Interior, y hace unos días Donald W. Sharpe, fiscal del Departamento de Justicia, quien puntualizó: “Nuestra seguridad está en riesgo, y dada la cercanía siempre compartiremos problemas como el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Por ello, mientras más podamos entendernos y se homologuen nuestros sistemas de justicia, ayudaremos a fortalecer la seguridad en toda la región”.
Esta acción conjunta tendría sentido si nos reportara algún beneficio como país, pero lo cierto, de acuerdo con la experiencia histórica, es que nos ataría con más fuerza a los designios de Washington. Es muy claro el propósito de la tal “homologación”, lo dijo enfáticamente: “Nuestra seguridad está en riesgo”. La de ellos, supuestamente, aunque bien sabemos que no es verdad, como no lo fue la denuncia de que Sadam Hussein contaba con un arsenal de armas altamente peligrosas, las cuales nunca se hallaron, como se recordará.
La única manera de frenar las embestidas de la Casa Blanca contra nuestra soberanía es contando con un Estado fortalecido, firmemente unido por una alianza irrompible entre gobernantes y gobernados. Esta no la podría lograr nunca la abanderada panista, no tiene con qué acometerla y hacerla un hecho incontrovertible.
Pero tampoco la podría garantizar alguien como Enrique Peña Nieto, un bisoño egresado de una universidad de elite, la Panamericana, quien desconoce absolutamente la realidad que subyace en el México olvidado. Es preciso recordar que es el heredero de un gobernador que dejó una estela de corrupción mucho más grande que la famosa “Estela de Luz” de Calderón, a quien protegió con todo para que disfrutara impunemente de sus miles de millones. No hay que olvidar que durante su mandato como gobernador del Estado de México, Peña Nieto se caracterizó como un violento represor de organizaciones y movimientos populares, y que gastó a manos llenas en la construcción de una imagen televisiva que no corresponde con el político que dice ser.
No hay explicación lógica al hecho de que el PRI lo haya escogido como su abanderado para los comicios de julio próximo, aunque sí existe si nos ponemos a meditar un poco en el hecho irrefutable de que México dejó de ser un país con Estado de Derecho, con un sistema de leyes que se respetan y cumplen. La única explicación posible es que el partido tricolor dejó de ser el partido representativo de la diversidad social y económica del país, para posicionarse como una organización mafiosa al servicio de intereses espurios. Es impensable que tal partido pudiera defender los intereses básicos de las clases mayoritarias, mismos que han sido pisoteados de manera por demás cruel y salvaje por los tecnócratas en el poder desde hace tres décadas. Es hora de que se imponga el sentido común, el patriotismo y una real preocupación por nuestros hijos y nietos. Es el momento de darle oportunidad a las fuerzas progresistas.
Guillermo Fabela Quiñones
En realidad, no se necesita pensar mucho para decidir por quién votar este primer domingo de julio. Basta dejarse conducir por una buena dosis de sentido común, otra más de patriotismo y un renovado interés por dejar a las generaciones venideras un país más justo y democrático. Hace falta, desde luego, un poco de conocimiento de la historia contemporánea de México, para tener puntos de comparación que permitan una decisión lo más ajustada a los hechos. El más contundente de ellos, en este momento, es la bancarrota del Estado de Derecho, luego de dos sexenios de gobiernos panistas, que sirvieron para demostrar la incapacidad del PAN para ejecutar políticas públicas acordes con la necesidad de fortalecer la gobernabilidad y la paz social.
El partido blanquiazul perdió la oportunidad que recibió del pueblo mexicano, ¿por qué habría de recibir otra más, a sabiendas de que la nación tendría que pagar costos extraordinarios? El entreguismo de Felipe Calderón a intereses extranjeros es de tal magnitud, que sólo un gobernante con firmes convicciones patrióticas, un estadista capaz de concitar el apoyo de la sociedad nacional, un líder con la fuerza suficiente para arrastrar a las masas hacia las metas buscadas, podría romper las fortísimas ataduras que dejará el inquilino de Los Pinos como herencia a los mexicanos.
¿Cómo podría Josefina Vázquez Mota encauzar una estrategia distinta a la que impuso Calderón para supuestamente combatir al crimen organizado? Llegaría a Los Pinos fuertemente comprometida con los intereses que le permitieron a Calderón imponer su “guerra” como método único de lucha, bajo el cual dar nuevas directrices al negocio del narcotráfico y al tráfico de armas.
De tal circunstancia se aprovecharían las autoridades estadounidenses para imponer sus condiciones, como así lo demuestran declaraciones recientes de diversos funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos Janeth Napolitano, secretaria de Seguridad Interior, y hace unos días Donald W. Sharpe, fiscal del Departamento de Justicia, quien puntualizó: “Nuestra seguridad está en riesgo, y dada la cercanía siempre compartiremos problemas como el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Por ello, mientras más podamos entendernos y se homologuen nuestros sistemas de justicia, ayudaremos a fortalecer la seguridad en toda la región”.
Esta acción conjunta tendría sentido si nos reportara algún beneficio como país, pero lo cierto, de acuerdo con la experiencia histórica, es que nos ataría con más fuerza a los designios de Washington. Es muy claro el propósito de la tal “homologación”, lo dijo enfáticamente: “Nuestra seguridad está en riesgo”. La de ellos, supuestamente, aunque bien sabemos que no es verdad, como no lo fue la denuncia de que Sadam Hussein contaba con un arsenal de armas altamente peligrosas, las cuales nunca se hallaron, como se recordará.
La única manera de frenar las embestidas de la Casa Blanca contra nuestra soberanía es contando con un Estado fortalecido, firmemente unido por una alianza irrompible entre gobernantes y gobernados. Esta no la podría lograr nunca la abanderada panista, no tiene con qué acometerla y hacerla un hecho incontrovertible.
Pero tampoco la podría garantizar alguien como Enrique Peña Nieto, un bisoño egresado de una universidad de elite, la Panamericana, quien desconoce absolutamente la realidad que subyace en el México olvidado. Es preciso recordar que es el heredero de un gobernador que dejó una estela de corrupción mucho más grande que la famosa “Estela de Luz” de Calderón, a quien protegió con todo para que disfrutara impunemente de sus miles de millones. No hay que olvidar que durante su mandato como gobernador del Estado de México, Peña Nieto se caracterizó como un violento represor de organizaciones y movimientos populares, y que gastó a manos llenas en la construcción de una imagen televisiva que no corresponde con el político que dice ser.
No hay explicación lógica al hecho de que el PRI lo haya escogido como su abanderado para los comicios de julio próximo, aunque sí existe si nos ponemos a meditar un poco en el hecho irrefutable de que México dejó de ser un país con Estado de Derecho, con un sistema de leyes que se respetan y cumplen. La única explicación posible es que el partido tricolor dejó de ser el partido representativo de la diversidad social y económica del país, para posicionarse como una organización mafiosa al servicio de intereses espurios. Es impensable que tal partido pudiera defender los intereses básicos de las clases mayoritarias, mismos que han sido pisoteados de manera por demás cruel y salvaje por los tecnócratas en el poder desde hace tres décadas. Es hora de que se imponga el sentido común, el patriotismo y una real preocupación por nuestros hijos y nietos. Es el momento de darle oportunidad a las fuerzas progresistas.
Comentarios