Álvaro Cepeda Neri
Representantes de la sociedad sonorense, empresarios, agricultores, comerciantes, industriales, ganaderos y de la tribu yaqui, suscriben la inserción periodística: O sus subordinados no respetan al poder Judicial Federal, o tienen órdenes de sus superiores de no respetarlo, donde el general Jesús Gabriel López Benítez es protagonista. Ahí expresan por enésima vez su inconformidad por la amenaza de robo de agua de la presa El Novillo, que el (des)gobernador Guillermo Padrés, apoyado por Calderón y Luege de Conagua, insiste en cumplir al continuar la obra de un acueducto sobre el que pesan resoluciones judiciales federales y una definitiva para suspenderla. También aparece con motivo de los presuntos delitos cometidos por un general, un teniente-coronel, un mayor de infantería, seis oficiales y 22 elementos de tropa, acusados penalmente por delitos contra la salud, allanamiento de morada, robo equiparado, homicidio calificado y violación a las leyes de inhumación (El Universal: 30/I/12; y, Reforma: 31/I/12).
Y es que para impedir que el (des)gobernador Padrés continúe en desacato, es necesario que la fuerza militar y policiaca de conformidad constitucional, presten auxilio. Pero el general López Benítez (su segundo apellido está mal citado en el desplegado periodístico), contestó a estos sonorenses, que dadas las múltiples actividades del personal militar del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos para sus funciones constitucionales, no tiene disponibilidad para brindar este apoyo. Como el general López Benítez no se manda sólo, debe haber recibido órdenes para dejar sin amparo militar a los agraviados por un (des)gobernador que abusa impunemente del poder. En su otra aparición, dejó claro al reportero Benito Jiménez que los militares implicados en los delitos cometidos en Chihuahua, durante los años 2008 y 2009, serán sometidos por la corte militar y el Procurador será el fiscal con apego al Código de Justicia Militar. Existiendo la posibilidad de ser juzgados por tribunales federales, fuera de la jurisdicción militar.
Extraña que el general López Benítez se apegue a derecho en este caso y no así en el asunto de Sonora, donde por no intervenir para hacer valer una resolución definitiva (con amparos ganados y otra sentencia por desacato al desgobernador, quien debe ser llevado al desafuero para juzgarlo), vaya a tener lugar una violencia civil por parte de quienes, desamparados por órdenes superiores (que indudablemente son de Calderón y el titular de la Defensa Nacional), no tienen otra opción que hacer valer por la fuerza, su derecho ganado en los tribunales federales. Y es que el general López Benítez se negó a proporcionar el auxilio militar para darle validez a la suspensión del acueducto ordenada por un juzgado de distrito. Son dos varas para medir la justicia y la injusticia. Por un lado un acto constitucional, por el otro inconstitucional. En Chihuahua, la ley. En Sonora la ley… pero la ley de la selva. Y que la sociedad se haga justicia por propia mano. Así son las órdenes de Calderón.
Representantes de la sociedad sonorense, empresarios, agricultores, comerciantes, industriales, ganaderos y de la tribu yaqui, suscriben la inserción periodística: O sus subordinados no respetan al poder Judicial Federal, o tienen órdenes de sus superiores de no respetarlo, donde el general Jesús Gabriel López Benítez es protagonista. Ahí expresan por enésima vez su inconformidad por la amenaza de robo de agua de la presa El Novillo, que el (des)gobernador Guillermo Padrés, apoyado por Calderón y Luege de Conagua, insiste en cumplir al continuar la obra de un acueducto sobre el que pesan resoluciones judiciales federales y una definitiva para suspenderla. También aparece con motivo de los presuntos delitos cometidos por un general, un teniente-coronel, un mayor de infantería, seis oficiales y 22 elementos de tropa, acusados penalmente por delitos contra la salud, allanamiento de morada, robo equiparado, homicidio calificado y violación a las leyes de inhumación (El Universal: 30/I/12; y, Reforma: 31/I/12).
Y es que para impedir que el (des)gobernador Padrés continúe en desacato, es necesario que la fuerza militar y policiaca de conformidad constitucional, presten auxilio. Pero el general López Benítez (su segundo apellido está mal citado en el desplegado periodístico), contestó a estos sonorenses, que dadas las múltiples actividades del personal militar del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos para sus funciones constitucionales, no tiene disponibilidad para brindar este apoyo. Como el general López Benítez no se manda sólo, debe haber recibido órdenes para dejar sin amparo militar a los agraviados por un (des)gobernador que abusa impunemente del poder. En su otra aparición, dejó claro al reportero Benito Jiménez que los militares implicados en los delitos cometidos en Chihuahua, durante los años 2008 y 2009, serán sometidos por la corte militar y el Procurador será el fiscal con apego al Código de Justicia Militar. Existiendo la posibilidad de ser juzgados por tribunales federales, fuera de la jurisdicción militar.
Extraña que el general López Benítez se apegue a derecho en este caso y no así en el asunto de Sonora, donde por no intervenir para hacer valer una resolución definitiva (con amparos ganados y otra sentencia por desacato al desgobernador, quien debe ser llevado al desafuero para juzgarlo), vaya a tener lugar una violencia civil por parte de quienes, desamparados por órdenes superiores (que indudablemente son de Calderón y el titular de la Defensa Nacional), no tienen otra opción que hacer valer por la fuerza, su derecho ganado en los tribunales federales. Y es que el general López Benítez se negó a proporcionar el auxilio militar para darle validez a la suspensión del acueducto ordenada por un juzgado de distrito. Son dos varas para medir la justicia y la injusticia. Por un lado un acto constitucional, por el otro inconstitucional. En Chihuahua, la ley. En Sonora la ley… pero la ley de la selva. Y que la sociedad se haga justicia por propia mano. Así son las órdenes de Calderón.
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