Jenaro Villamil
Las filtraciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) andan desatadas. O claramente sincronizadas. Primero, nos enteramos que el viernes 27, en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, fueron detenidos dos colaboradores del gobierno priista de Javier Duarte en Veracruz cuando transportaban en un avión oficial dos maletines con 25 millones de pesos en efectivo.
El góber tuittero no atinaba a dar una respuesta clara y creíble sobre el destino de estos poco más de 2 millones de dólares, cuando la PGR confirmó el lunes 30 que existe una investigación en curso contra tres exgobernadores priistas de Tamaulipas (Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores), entidad vecina de Veracruz y en la misma ruta de la disputa entre los cárteles del Golfo y Los Zetas.
Las versiones extraoficiales señalaban que estas investigaciones incluían una “alerta migratoria” para impedir que cualquiera de los tres y sus familiares viajaran fuera del territorio mexicano. Al parecer, la indagación se vincula con la ejecución del excandidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, asesinado en junio de 2010, días antes de los comicios estatales. No se dice si es en calidad de testigos, de presuntos autores intelectuales, de cómplices o de posibles afectados que la PGR investiga a los exmandatarios de aquella entidad.
La reacción en el entorno de la dirigencia nacional priista y del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto fue cautelosa frente a los dos sucesos que vinculan a gobernadores y políticos que forman parte de la órbita de operación de la campaña presidencial priista. Cavazos Lerma ha sido delegado del CEN del PRI en varias entidades desde 2001 hasta 2011: San Luis Potosí, Coahuila, Jalisco, Yucatán. Era secretario regional para las entidades de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Y el 22 de enero se registró como aspirante del PRI al Senado de la República.
El sucesor de Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, dejó una estela de sospechas y de presuntos vínculos de colaboradores suyos con el crimen organizado en Tamaulipas. Y el sucesor de éste, Eugenio Hernández Flores, uno de los primeros mandatarios estatales en sumarse a la causa peñista para el 2012 desapareció de la escena pública desde la salida de Humberto Moreira de la dirigencia nacional del PRI.
En un duro comunicado emitido este martes 31, el PRI califica como “uso faccioso de la justicia” la difamación y “la filtración mal intencionada de posibles investigaciones”, y recuerda que estas estrategias son ilegales y “corresponden a prácticas de un gobierno autoritario”.
El comunicado del PRI no menciona explícitamente a ninguno de los tres exgobernadores tamaulipecos, pero sí califica como “absolutamente falso” que el dinero decomisado al gobierno de Veracruz fuera destinado a apoyar las “campañas” priistas.
En la madrugada del 31 de enero, la SCT y la PGR emitieron un comunicado conjunto que no tiene desperdicio, pues entrelíneas dan a entender que este episodio bien puede ser el inicio no de una “alerta migratoria” sino de una “alerta de guerra política” del gobierno calderonista en el corazón de una de las regiones dominadas tradicionalmente por el PRI: el noreste del país.
“En el curso de una averiguación previa, la PGR solicitó a la SCT información sobre registros de entrada y salida del país de distintos ciudadanos (sic, del original), pero no de una alerta migratoria, orden o restricción de libertad de tránsito alguno”, afirma el primer párrafo del comunicado.
Comunicaciones y Transportes aclara que a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) “colabora constantemente” con distintas autoridades involucradas en las averiguaciones.
La PGR y la SCT aclaran que el comandante del aeropuerto de Tampico, adscrito a la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea de la SCT, emitió un oficio dirigido al delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), solicitando apoyo para no autorizar la salida del país de estos “distintos ciudadanos”.
Según las dependencias, este comandante “se extralimitó en sus funciones”, por lo que fue la SCT ha procedido de manera inmediata a separarlo de su cargo y autorizó el inicio de una investigación ante el Órgano Interno de Control.
Cavazos Lerma ha dado distintas entrevistas en medios electrónicos, impresos y digitales para calificar esta “alerta” como parte de una “guerra sucia” electoral, mientras Eugenio Hernández aclaró que no ha sido notificado por la PGR.
Si la “alerta migratoria” fue una “extralimitación” de un funcionario menor, lo que no parece ser ningún exceso es la decisión del gobierno calderonista de repetir la ruta del michoacanazo del 2009, ahora con varios mandatarios estatales del PRI.
Las sospechas de colusión entre mandatarios estatales y el crimen organizado han sido ventiladas, una y otra vez, en los medios desde que Calderón inició su fallida estrategia de combate al narcotráfico. Nunca se investigaron de manera profunda. Por el contrario, en los momentos de alianza entre el calderonismo y un sector del priismo se acallaron, en función del desempeño del gobierno.
Ahora vuelven a surgir, en tiempos preelectorales, en circunstancias muy delicadas y sin indagatorias claras. La principal alerta la advirtió el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, cuando criticó al gobierno federal panista de utilizar el tema del narcopoder como una fórmula de presión y proselitismo político.
Pero cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Ahora hasta Josefina Vázquez Mota y el expresidente Vicente Fox están acusando recibo de una presunta “guerra sucia” en su contra.
Las filtraciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) andan desatadas. O claramente sincronizadas. Primero, nos enteramos que el viernes 27, en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, fueron detenidos dos colaboradores del gobierno priista de Javier Duarte en Veracruz cuando transportaban en un avión oficial dos maletines con 25 millones de pesos en efectivo.
El góber tuittero no atinaba a dar una respuesta clara y creíble sobre el destino de estos poco más de 2 millones de dólares, cuando la PGR confirmó el lunes 30 que existe una investigación en curso contra tres exgobernadores priistas de Tamaulipas (Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores), entidad vecina de Veracruz y en la misma ruta de la disputa entre los cárteles del Golfo y Los Zetas.
Las versiones extraoficiales señalaban que estas investigaciones incluían una “alerta migratoria” para impedir que cualquiera de los tres y sus familiares viajaran fuera del territorio mexicano. Al parecer, la indagación se vincula con la ejecución del excandidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, asesinado en junio de 2010, días antes de los comicios estatales. No se dice si es en calidad de testigos, de presuntos autores intelectuales, de cómplices o de posibles afectados que la PGR investiga a los exmandatarios de aquella entidad.
La reacción en el entorno de la dirigencia nacional priista y del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto fue cautelosa frente a los dos sucesos que vinculan a gobernadores y políticos que forman parte de la órbita de operación de la campaña presidencial priista. Cavazos Lerma ha sido delegado del CEN del PRI en varias entidades desde 2001 hasta 2011: San Luis Potosí, Coahuila, Jalisco, Yucatán. Era secretario regional para las entidades de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Y el 22 de enero se registró como aspirante del PRI al Senado de la República.
El sucesor de Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, dejó una estela de sospechas y de presuntos vínculos de colaboradores suyos con el crimen organizado en Tamaulipas. Y el sucesor de éste, Eugenio Hernández Flores, uno de los primeros mandatarios estatales en sumarse a la causa peñista para el 2012 desapareció de la escena pública desde la salida de Humberto Moreira de la dirigencia nacional del PRI.
En un duro comunicado emitido este martes 31, el PRI califica como “uso faccioso de la justicia” la difamación y “la filtración mal intencionada de posibles investigaciones”, y recuerda que estas estrategias son ilegales y “corresponden a prácticas de un gobierno autoritario”.
El comunicado del PRI no menciona explícitamente a ninguno de los tres exgobernadores tamaulipecos, pero sí califica como “absolutamente falso” que el dinero decomisado al gobierno de Veracruz fuera destinado a apoyar las “campañas” priistas.
En la madrugada del 31 de enero, la SCT y la PGR emitieron un comunicado conjunto que no tiene desperdicio, pues entrelíneas dan a entender que este episodio bien puede ser el inicio no de una “alerta migratoria” sino de una “alerta de guerra política” del gobierno calderonista en el corazón de una de las regiones dominadas tradicionalmente por el PRI: el noreste del país.
“En el curso de una averiguación previa, la PGR solicitó a la SCT información sobre registros de entrada y salida del país de distintos ciudadanos (sic, del original), pero no de una alerta migratoria, orden o restricción de libertad de tránsito alguno”, afirma el primer párrafo del comunicado.
Comunicaciones y Transportes aclara que a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) “colabora constantemente” con distintas autoridades involucradas en las averiguaciones.
La PGR y la SCT aclaran que el comandante del aeropuerto de Tampico, adscrito a la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea de la SCT, emitió un oficio dirigido al delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), solicitando apoyo para no autorizar la salida del país de estos “distintos ciudadanos”.
Según las dependencias, este comandante “se extralimitó en sus funciones”, por lo que fue la SCT ha procedido de manera inmediata a separarlo de su cargo y autorizó el inicio de una investigación ante el Órgano Interno de Control.
Cavazos Lerma ha dado distintas entrevistas en medios electrónicos, impresos y digitales para calificar esta “alerta” como parte de una “guerra sucia” electoral, mientras Eugenio Hernández aclaró que no ha sido notificado por la PGR.
Si la “alerta migratoria” fue una “extralimitación” de un funcionario menor, lo que no parece ser ningún exceso es la decisión del gobierno calderonista de repetir la ruta del michoacanazo del 2009, ahora con varios mandatarios estatales del PRI.
Las sospechas de colusión entre mandatarios estatales y el crimen organizado han sido ventiladas, una y otra vez, en los medios desde que Calderón inició su fallida estrategia de combate al narcotráfico. Nunca se investigaron de manera profunda. Por el contrario, en los momentos de alianza entre el calderonismo y un sector del priismo se acallaron, en función del desempeño del gobierno.
Ahora vuelven a surgir, en tiempos preelectorales, en circunstancias muy delicadas y sin indagatorias claras. La principal alerta la advirtió el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, cuando criticó al gobierno federal panista de utilizar el tema del narcopoder como una fórmula de presión y proselitismo político.
Pero cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Ahora hasta Josefina Vázquez Mota y el expresidente Vicente Fox están acusando recibo de una presunta “guerra sucia” en su contra.
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