El negocio del sexo y las complicidades políticas

Andy Novell F.

En algunos días saldrán a la luz pública declaraciones que pondrán a temblar a muchos políticos de las altas esferas, funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos municipales y estatales de Quintana Roo.

Las declaraciones irán más allá de lo imaginable, porque éstas se están convirtiendo en una denuncia ante la PGR por el delito de trata de personas con fines de comercio sexual.

La denunciante es Lorena Martins, hija de Raúl Martins, ex espía argentino y quien es acusado de tener una red de prostitución internacional Buenos Aires-México, apoyada por funcionarios del gobierno estatal y municipal de Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen.

Estos datos los damos porque tuve la oportunidad de hablar de frente con Lorena Martins y da a conocer cómo traen a mujeres de Argentina y Brasil a México.

“Son inducidas, son traídas bajo engaños y luego le son retirada la documentación, tienen presiones, hay violencia, son obligadas a acostarse con narcotraficantes”, aseguró Lorena Martins.

Destacó que las pruebas que aportará a las autoridades de la PGR, son dos agendas donde se documentan las citas y cobros de cada víctima que es explotada sexualmente en el estado de Quintana Roo.

“Tengo agendas, tengo planillas donde se registraba la actividad sexual de las chicas, tengo teléfonos con mensajes corruptos a funcionarios corruptos, digamos mensajes donde se puede ver la corrupción que existe”, refirió.

Los datos que logran destacar y ser rescatados son que esta red de prostitución fue establecida en el 2002 en Tijuana, Baja California, cambiándola de estados, debido a los operativos de trata de personas.

Otros de los datos filtrados que ya son parte de la denuncia de Lorena Martins, son los vínculos y protección que le da el grupo delictivo de Los Zetas en el estado; además de que están documentados los montos aportados a distintos candidatos a gobernador y alcaldes de la entidad por el PRI.

De acuerdo a las pruebas que se presentarán, algunos integrantes de la socialité de Quintana Roo ya están considerando el retiro voluntario ante lo que se les puede presentar meses más adelante, cuando inicien las investigaciones derivadas de esta denuncia.

Ante el ejemplo que pone una ciudadana argentina, ya es tiempo de que los legisladores federales aprueben la “Ley General contra la Trata de Personas” que se está echando a perder en la Cámara de Diputados.

La pregunta es directa. ¿Si aprueban esta ley, se les echará a perder el negocio? Esa respuesta solo los políticos la saben.

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