Notimex y Reuters
El cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, utiliza empresas como fachada en Estados Unidos para lavar sus ganancias ilegales, reportó hoy al Congreso el Departamento de Justicia.
La jefa de Decomisos y Lavado de Dinero, Jennifer Shasky, señaló que la mencionada práctica es uno de los métodos usados por organizaciones criminales trasnacionales para penetrar el sistema financiero estadunidense.
“Agencias policiales de Estados Unidos creen que el cártel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas de México, usa empresas fachada en Estados Unidos para lavar los ingresos de drogas”, dijo Shasky ante el comité judicial de la Cámara baja.
El mes pasado el Departamento del Tesoro colocó en la lista de cabecillas del narcotráfico a dos mexicanos y a un colombiano vinculados con Guzmán Loera, al que calificó como “el narco más poderoso del mundo”.
Lista de cabecillas
Los presuntos narcotraficantes mexicanos son Óscar Álvarez Zepeda y Joel Valdez Benítez, ambos de Culiacán, Sinaloa, así como el colombiano Carlos Mario Torres Hoyos, de Medellín, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro. Óscar es hermano de otro presunto cabecilla de la organización, de nombre Alfredo.
Se trató de la cuarta ocasión en el último año que OFAC ha focalizado y expuesto el apoyo a las estructuras de la organización liderada por El Chapo Guzmán.
En septiembre pasado, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros sancionó al mexicano Alfredo Vázquez Hernández, identificado como coordinador del trasiego de dinero en efectivo de la organización sinaloense.
Vázquez fue encausado por el gobierno estadunidense en una corte del distrito norte de Illinois en agosto de 2009, por acusaciones de conspirar para traficar drogas, como parte del proceso contra El Chapo e Ismael El Mayo Zambada. Desde 2001, Guzmán Loera fue incluido en la lista por el entonces presidente George W. Bush y en 2009 fue incorporado el cártel de Sinaloa en su conjunto.
Trasiego de armas
Nueve ciudadanos estadunidenses (hombres y mujeres texanos) fueron condenados a prisión por comprar armas de fuego para el cártel mexicano de Los Zetas, y otras 12 personas enfrentan cargos vinculados a una investigación del Departamento de Justicia por tráfico de armamento.
El fiscal Robert Pitman dijo que los traficantes emplean en Estados Unidos individuos sin antecedentes criminales para comprar las armas, usualmente de asalto y luego ese armamento es traficado hacia México. Las consecuencias de ese delito pueden verse cada día en los asesinatos que ocurren al sur de la frontera, agregó.
A Los Zetas, grupo integrado por desertores del Ejército Mexicano, se les atribuye gran parte de la violencia que en México ya ha dejado más de 45 mil muertos desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una campaña policiaca y militar contra los cárteles.
Las 21 personas acusadas de tráfico de armas a México no son los típicos sospechosos con antecedentes criminales, dijo Crisanto Pérez, agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Agregó que la mayoría son adultos jóvenes que fueron tentados por dinero fácil. Originalmente eran 22 acusados, pero una mujer murió en 2010, dijeron funcionarios. Ocho de las acusadas eran amas de casa jóvenes, dijo Pérez.
Hay criminales ahí afuera que están tratando de reclutar a gente joven para ser compradores extraoficiales de armas con destino a México, dijo Pérez.
Cien dólares para comprarle un arma a alguien no vale como para arruinarte la vida, agregó. Uno de ellos compró un arma, mientras otro compró 20, según el fiscal adjunto Ben Seal.
Los nueve estadunidenses (hombres y mujeres) involucrados hasta ahora han recibido condenas de uno a seis años en prisiones federales. Los otros enfrentarán sentencias similares en caso de ser hallados culpables.
Las 203 armas incautadas en la operación incluían pistolas de mano, rifles de asalto AK-47 y AR-15, además de un rifle calibre 50. Pitman dijo que todo el arsenal fue vendido legalmente por comerciantes con licencia. Seal añadió que ninguna de las armas ingresó a México, por lo que lograron rastrear a los líderes del cártel.
Una táctica que ha suscitado críticas fue la operación Rápido y furioso. En ese operativo, que se llevó a cabo entre 2009 y 2011, agentes del gobierno estadunidense perdieron el rastro de muchas de las armas enviadas a México a través de la frontera. Un panel del Congreso está investigando esa operación, la cual fue objeto de una acalorada audiencia la semana pasada.
El cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, utiliza empresas como fachada en Estados Unidos para lavar sus ganancias ilegales, reportó hoy al Congreso el Departamento de Justicia.
La jefa de Decomisos y Lavado de Dinero, Jennifer Shasky, señaló que la mencionada práctica es uno de los métodos usados por organizaciones criminales trasnacionales para penetrar el sistema financiero estadunidense.
“Agencias policiales de Estados Unidos creen que el cártel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas de México, usa empresas fachada en Estados Unidos para lavar los ingresos de drogas”, dijo Shasky ante el comité judicial de la Cámara baja.
El mes pasado el Departamento del Tesoro colocó en la lista de cabecillas del narcotráfico a dos mexicanos y a un colombiano vinculados con Guzmán Loera, al que calificó como “el narco más poderoso del mundo”.
Lista de cabecillas
Los presuntos narcotraficantes mexicanos son Óscar Álvarez Zepeda y Joel Valdez Benítez, ambos de Culiacán, Sinaloa, así como el colombiano Carlos Mario Torres Hoyos, de Medellín, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro. Óscar es hermano de otro presunto cabecilla de la organización, de nombre Alfredo.
Se trató de la cuarta ocasión en el último año que OFAC ha focalizado y expuesto el apoyo a las estructuras de la organización liderada por El Chapo Guzmán.
En septiembre pasado, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros sancionó al mexicano Alfredo Vázquez Hernández, identificado como coordinador del trasiego de dinero en efectivo de la organización sinaloense.
Vázquez fue encausado por el gobierno estadunidense en una corte del distrito norte de Illinois en agosto de 2009, por acusaciones de conspirar para traficar drogas, como parte del proceso contra El Chapo e Ismael El Mayo Zambada. Desde 2001, Guzmán Loera fue incluido en la lista por el entonces presidente George W. Bush y en 2009 fue incorporado el cártel de Sinaloa en su conjunto.
Trasiego de armas
Nueve ciudadanos estadunidenses (hombres y mujeres texanos) fueron condenados a prisión por comprar armas de fuego para el cártel mexicano de Los Zetas, y otras 12 personas enfrentan cargos vinculados a una investigación del Departamento de Justicia por tráfico de armamento.
El fiscal Robert Pitman dijo que los traficantes emplean en Estados Unidos individuos sin antecedentes criminales para comprar las armas, usualmente de asalto y luego ese armamento es traficado hacia México. Las consecuencias de ese delito pueden verse cada día en los asesinatos que ocurren al sur de la frontera, agregó.
A Los Zetas, grupo integrado por desertores del Ejército Mexicano, se les atribuye gran parte de la violencia que en México ya ha dejado más de 45 mil muertos desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una campaña policiaca y militar contra los cárteles.
Las 21 personas acusadas de tráfico de armas a México no son los típicos sospechosos con antecedentes criminales, dijo Crisanto Pérez, agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Agregó que la mayoría son adultos jóvenes que fueron tentados por dinero fácil. Originalmente eran 22 acusados, pero una mujer murió en 2010, dijeron funcionarios. Ocho de las acusadas eran amas de casa jóvenes, dijo Pérez.
Hay criminales ahí afuera que están tratando de reclutar a gente joven para ser compradores extraoficiales de armas con destino a México, dijo Pérez.
Cien dólares para comprarle un arma a alguien no vale como para arruinarte la vida, agregó. Uno de ellos compró un arma, mientras otro compró 20, según el fiscal adjunto Ben Seal.
Los nueve estadunidenses (hombres y mujeres) involucrados hasta ahora han recibido condenas de uno a seis años en prisiones federales. Los otros enfrentarán sentencias similares en caso de ser hallados culpables.
Las 203 armas incautadas en la operación incluían pistolas de mano, rifles de asalto AK-47 y AR-15, además de un rifle calibre 50. Pitman dijo que todo el arsenal fue vendido legalmente por comerciantes con licencia. Seal añadió que ninguna de las armas ingresó a México, por lo que lograron rastrear a los líderes del cártel.
Una táctica que ha suscitado críticas fue la operación Rápido y furioso. En ese operativo, que se llevó a cabo entre 2009 y 2011, agentes del gobierno estadunidense perdieron el rastro de muchas de las armas enviadas a México a través de la frontera. Un panel del Congreso está investigando esa operación, la cual fue objeto de una acalorada audiencia la semana pasada.
Comentarios