Raymundo Riva Palacio
El desgaste del Ejército ante la sociedad política por la lucha contra el narcotráfico es grande. La molestia en el Ejército por haber sido embarcados en esta guerra, igual. Por eso, es música para los oídos de esa élite las declaraciones de los precandidatos a la Presidencia, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, quienes proponen su retiro gradual de las calles, donde se encuentra desde diciembre de 2005. Abusan ambos, sin embargo, de falta de creatividad y exceso de retórica.
Peña Nieto y López Obrador no son diferentes al presidente Felipe Calderón, quien declaró la guerra a la delincuencia organizada. Los precandidatos hablan de un retiro calendarizado mientras las policías locales se capacitan, toman paulatinamente el control en sus entidades y asumen toda la responsabilidad de la seguridad. Por esa debilidad institucional de las policías locales para enfrentar al narcotráfico, precisamente, el presidente Calderón, ordenó al Ejército reforzar la lucha contra los criminales. Es decir, no hay nada nuevo en el camino prometido.
De hecho, la estrategia del gobierno supone que en dos años, cuando la violencia baje significativamente, el Ejército empezará a regresar a sus cuarteles. Si la hipótesis gubernamental se confirma, la estrategia de fuerza habrá tenido un éxito que, sin embargo, no garantiza que más adelante el Ejército sea enviado nuevamente a pelear contra criminales en las calles, modificando, como hoy en día, su función de salvaguardar la seguridad nacional, por administrar la seguridad interna.
Esta laguna legal tiene metido al Ejército en una contradicción constitucional –participar en el mantenimiento de la seguridad pública, que contraviene sus funciones-, y es a la que el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, le dio la vuelta este jueves durante su discurso en la Marcha de la Lealtad, donde afirmó que la seguridad nacional del país se encuentra amenazada por la delincuencia organizada. Pero la justificación política no resuelve el problema legal ni en el corto, ni en el largo plazo.
El consenso de los políticos de encontrar solución legal a tener a las Fuerzas Armadas en tareas que no son las suyas, abre la coyuntura para que los candidatos a la Presidencia reflexionen sobre lo que quieren hacer con el Ejército y entiendan la división entre seguridad nacional e interna. Si entienden que no es lo mismo, pueden presentar otras propuestas a partir de la realidad objetiva que para cuando llegue el o la nueva Presidente, las policías locales no estarán listas para asumir el papel que les corresponde.
López Obrador ofrece fortalecer la Policía Federal, que Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota respaldan, pero tampoco resuelve el dilema castrense. Una idea que permita transitar hacia el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad interna, es la creación de una fuerza civil militar similar a la de los carabineros en Italia y Chile, o a la Guardia Nacional en Estados Unidos, donde son profesionales –como en los primeros casos-, o voluntarios –en el segundo-, con instrucción militar y sujetos a códigos militares.
Ese tipo de institución no pertenece a las Fuerzas Armadas aunque tiene su doctrina y entrenamiento, y depende de la autoridad civil. Este nuevo cuerpo, enfocado a la seguridad interna, permitiría en forma definitiva el retiro del Ejército y la Marina a sus cuarteles y bases, sin la necesidad de mantenerlos en las calles hasta que, si algún día sucede, las policías locales alcancen capacidades operativas y niveles de confianza y legitimidad.
Quienes aspiran a la Presidencia deben abandonar la retórica hueca que han mostrado en este tema y darle contenido con imaginación al tema de los militares en la lucha contra el narcotráfico, como primer paso para formular una política de Estado sobre seguridad nacional y Fuerzas Armadas, que tanta falta hace en México.
El desgaste del Ejército ante la sociedad política por la lucha contra el narcotráfico es grande. La molestia en el Ejército por haber sido embarcados en esta guerra, igual. Por eso, es música para los oídos de esa élite las declaraciones de los precandidatos a la Presidencia, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, quienes proponen su retiro gradual de las calles, donde se encuentra desde diciembre de 2005. Abusan ambos, sin embargo, de falta de creatividad y exceso de retórica.
Peña Nieto y López Obrador no son diferentes al presidente Felipe Calderón, quien declaró la guerra a la delincuencia organizada. Los precandidatos hablan de un retiro calendarizado mientras las policías locales se capacitan, toman paulatinamente el control en sus entidades y asumen toda la responsabilidad de la seguridad. Por esa debilidad institucional de las policías locales para enfrentar al narcotráfico, precisamente, el presidente Calderón, ordenó al Ejército reforzar la lucha contra los criminales. Es decir, no hay nada nuevo en el camino prometido.
De hecho, la estrategia del gobierno supone que en dos años, cuando la violencia baje significativamente, el Ejército empezará a regresar a sus cuarteles. Si la hipótesis gubernamental se confirma, la estrategia de fuerza habrá tenido un éxito que, sin embargo, no garantiza que más adelante el Ejército sea enviado nuevamente a pelear contra criminales en las calles, modificando, como hoy en día, su función de salvaguardar la seguridad nacional, por administrar la seguridad interna.
Esta laguna legal tiene metido al Ejército en una contradicción constitucional –participar en el mantenimiento de la seguridad pública, que contraviene sus funciones-, y es a la que el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, le dio la vuelta este jueves durante su discurso en la Marcha de la Lealtad, donde afirmó que la seguridad nacional del país se encuentra amenazada por la delincuencia organizada. Pero la justificación política no resuelve el problema legal ni en el corto, ni en el largo plazo.
El consenso de los políticos de encontrar solución legal a tener a las Fuerzas Armadas en tareas que no son las suyas, abre la coyuntura para que los candidatos a la Presidencia reflexionen sobre lo que quieren hacer con el Ejército y entiendan la división entre seguridad nacional e interna. Si entienden que no es lo mismo, pueden presentar otras propuestas a partir de la realidad objetiva que para cuando llegue el o la nueva Presidente, las policías locales no estarán listas para asumir el papel que les corresponde.
López Obrador ofrece fortalecer la Policía Federal, que Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota respaldan, pero tampoco resuelve el dilema castrense. Una idea que permita transitar hacia el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad interna, es la creación de una fuerza civil militar similar a la de los carabineros en Italia y Chile, o a la Guardia Nacional en Estados Unidos, donde son profesionales –como en los primeros casos-, o voluntarios –en el segundo-, con instrucción militar y sujetos a códigos militares.
Ese tipo de institución no pertenece a las Fuerzas Armadas aunque tiene su doctrina y entrenamiento, y depende de la autoridad civil. Este nuevo cuerpo, enfocado a la seguridad interna, permitiría en forma definitiva el retiro del Ejército y la Marina a sus cuarteles y bases, sin la necesidad de mantenerlos en las calles hasta que, si algún día sucede, las policías locales alcancen capacidades operativas y niveles de confianza y legitimidad.
Quienes aspiran a la Presidencia deben abandonar la retórica hueca que han mostrado en este tema y darle contenido con imaginación al tema de los militares en la lucha contra el narcotráfico, como primer paso para formular una política de Estado sobre seguridad nacional y Fuerzas Armadas, que tanta falta hace en México.
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