Apro
El juez encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo, denunció en entrevista radiofónica que un personaje “de alto nivel” está filtrando nombres de los inversionistas que buscan rescatar la aerolínea, lo que pudiera generar malestar entre éstos y sentirse “presionados”.
Además, recordó que en noviembre pasado un grupo de capitalistas fue presionado para desistirse del rescate de la aerolínea, igual que ahora.
El impartidor de justicia, quien ayer confirmó la existencia de un grupo interesado en el rescate de Mexicana e incluso reveló que ya fueron depositados los no 300 sino 415 millones de dólares que exige el gobierno federal como primera condición, confió en la entrevista que los nombres de los interesados forman parte del grupo español Med Atlántica.
Asimismo, mencionó que el pasado martes 31 de enero envió una carta “sellada” a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la que le informa del depósito de 415 millones de dólares en un fideicomiso creado ex profeso, además de un encuentro para este jueves 2.
En la entrevista, el juez Felipe Consuelo indicó también que los nombres de los inversionistas se mantendrán en reserva para evitar la experiencia anterior y surjan nuevas “presiones” para desalentarlos de su intención de rescatar la aerolínea.
En esta ocasión, destacó, sólo alguien de “alto nivel” puede tener los datos de los inversionistas.
Por su lado, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Felipe Duarte, confirmó que este jueves se realizará el encuentro entre inversionistas, juez, conciliador de Mexicana y autoridades de la SCT para revisar la documentación del caso.
La SCT, a través de un comunicado, dio a conocer la comunicación del juez y su petición del encuentro “privado”.
El martes anterior, se establece en el comunicado, el juez Felipe Consuelo Soto remitió un comunicado a la SCT en el que indica textualmente lo siguiente:
1. “…se ha demostrado a entera satisfacción del [juez] la existencia y disponibilidad de la suma de trescientos millones de dólares americanos depositados en un fideicomiso…”
2. “No es óbice que la suma depositada se encuentra en proceso de cobro, ya que los integrantes del Comité Técnico del fideicomiso están informando dicha circunstancia.”
3. “…se le suplica que tome todas las medidas necesarias para que sean protegidos los datos personales de las personas físicas que constituyen el grupo de inversionistas en cuestión, así como la información contenida en el fideicomiso y personas que invierten en el mismo”.
4. “…se le solicita que reciba en privado al grupo de inversionistas junto con el conciliador (Gerardo Badín Cherít) y el [juez] a fin de tener una plática confidencial…”.
5. “…hágase del conocimiento del conciliador, a fin de que a la brevedad realice las gestiones pendientes y necesarias para la suscripción del convenio concursal”.
“Al respecto, la SCT informa que conforme a lo manifestado por la institución bancaria referida en el comunicado del juez, y a efecto de cumplir con la normatividad aplicable, está atenta a que finalice el proceso de cobro del cheque mencionado en la notificación remitida por el juez Consuelo Soto”.
Además, la dependencia destaca que ignora el nombre de los inversionistas y aclara que está a la espera de la entrega del convenio de acreedores que, por ley, es responsabilidad del conciliador elaborar y someter a aprobación.
Agrega que “al momento que los inversionistas suscriban el convenio de acreedores y el juez lo apruebe como sentencia en el proceso de concurso mercantil, la SCT estaría en posibilidad de concluir la verificación de las cuatro capacidades que, conforme a la Ley de Aviación Civil, cualquier inversionista interesado en operar una aerolínea requiere acreditar”.
Sobre la obtención del certificado de operador aéreo que la SCT debe extender, la dependencia aclara que “a la fecha se ha registrado un avance en la acreditación de la capacidad técnica y administrativa, mediante la realización de vuelos de demostración y demás actividades de verificación llevadas a cabo en los últimos meses”.
Sin embargo, sostiene la SCT, para poder avanzar en la acreditación de la capacidad financiera es necesario que el conciliador y los inversionistas interesados presenten el plan de negocios, suscriban el convenio de acreedores en los términos de ley, demuestren su solvencia económica y la procedencia lícita de los recursos con los que se desea capitalizar la empresa.
Asimismo, la SCT afirma que no tiene conocimiento de “los nombres de los inversionistas interesados en capitalizar y reestructurar la empresa”, y pide al juez que la misma recomendación de secrecía se haga al conciliador, para “que tome las medidas correspondientes y se mantenga la confidencialidad de dichos datos, a satisfacción de los interesados”.
Finalmente, la SCT puntualiza que una vez que los inversionistas decidan ingresar los trámites correspondientes, los datos incorporados en las solicitudes estarán sujetos a las disposiciones que indica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
A su vez, el subsecretario Felipe Duarte comentó a Radio Fórmula que “aquí lo más importante es que estén los recursos y que efectivamente estén destinados para capitalizar a la aerolínea, que sean los recursos de origen lícito.
“Está prácticamente todo listo, lo único que hace falta son los recursos que permitan reestructurar y capitalizar la empresa… lo único que sí sabemos es que hubo un depósito salvo buen cobro en un fideicomiso (pero) que no aclara que es para Mexicana, de 415 millones de dólares”.
El juez encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo, denunció en entrevista radiofónica que un personaje “de alto nivel” está filtrando nombres de los inversionistas que buscan rescatar la aerolínea, lo que pudiera generar malestar entre éstos y sentirse “presionados”.
Además, recordó que en noviembre pasado un grupo de capitalistas fue presionado para desistirse del rescate de la aerolínea, igual que ahora.
El impartidor de justicia, quien ayer confirmó la existencia de un grupo interesado en el rescate de Mexicana e incluso reveló que ya fueron depositados los no 300 sino 415 millones de dólares que exige el gobierno federal como primera condición, confió en la entrevista que los nombres de los interesados forman parte del grupo español Med Atlántica.
Asimismo, mencionó que el pasado martes 31 de enero envió una carta “sellada” a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la que le informa del depósito de 415 millones de dólares en un fideicomiso creado ex profeso, además de un encuentro para este jueves 2.
En la entrevista, el juez Felipe Consuelo indicó también que los nombres de los inversionistas se mantendrán en reserva para evitar la experiencia anterior y surjan nuevas “presiones” para desalentarlos de su intención de rescatar la aerolínea.
En esta ocasión, destacó, sólo alguien de “alto nivel” puede tener los datos de los inversionistas.
Por su lado, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Felipe Duarte, confirmó que este jueves se realizará el encuentro entre inversionistas, juez, conciliador de Mexicana y autoridades de la SCT para revisar la documentación del caso.
La SCT, a través de un comunicado, dio a conocer la comunicación del juez y su petición del encuentro “privado”.
El martes anterior, se establece en el comunicado, el juez Felipe Consuelo Soto remitió un comunicado a la SCT en el que indica textualmente lo siguiente:
1. “…se ha demostrado a entera satisfacción del [juez] la existencia y disponibilidad de la suma de trescientos millones de dólares americanos depositados en un fideicomiso…”
2. “No es óbice que la suma depositada se encuentra en proceso de cobro, ya que los integrantes del Comité Técnico del fideicomiso están informando dicha circunstancia.”
3. “…se le suplica que tome todas las medidas necesarias para que sean protegidos los datos personales de las personas físicas que constituyen el grupo de inversionistas en cuestión, así como la información contenida en el fideicomiso y personas que invierten en el mismo”.
4. “…se le solicita que reciba en privado al grupo de inversionistas junto con el conciliador (Gerardo Badín Cherít) y el [juez] a fin de tener una plática confidencial…”.
5. “…hágase del conocimiento del conciliador, a fin de que a la brevedad realice las gestiones pendientes y necesarias para la suscripción del convenio concursal”.
“Al respecto, la SCT informa que conforme a lo manifestado por la institución bancaria referida en el comunicado del juez, y a efecto de cumplir con la normatividad aplicable, está atenta a que finalice el proceso de cobro del cheque mencionado en la notificación remitida por el juez Consuelo Soto”.
Además, la dependencia destaca que ignora el nombre de los inversionistas y aclara que está a la espera de la entrega del convenio de acreedores que, por ley, es responsabilidad del conciliador elaborar y someter a aprobación.
Agrega que “al momento que los inversionistas suscriban el convenio de acreedores y el juez lo apruebe como sentencia en el proceso de concurso mercantil, la SCT estaría en posibilidad de concluir la verificación de las cuatro capacidades que, conforme a la Ley de Aviación Civil, cualquier inversionista interesado en operar una aerolínea requiere acreditar”.
Sobre la obtención del certificado de operador aéreo que la SCT debe extender, la dependencia aclara que “a la fecha se ha registrado un avance en la acreditación de la capacidad técnica y administrativa, mediante la realización de vuelos de demostración y demás actividades de verificación llevadas a cabo en los últimos meses”.
Sin embargo, sostiene la SCT, para poder avanzar en la acreditación de la capacidad financiera es necesario que el conciliador y los inversionistas interesados presenten el plan de negocios, suscriban el convenio de acreedores en los términos de ley, demuestren su solvencia económica y la procedencia lícita de los recursos con los que se desea capitalizar la empresa.
Asimismo, la SCT afirma que no tiene conocimiento de “los nombres de los inversionistas interesados en capitalizar y reestructurar la empresa”, y pide al juez que la misma recomendación de secrecía se haga al conciliador, para “que tome las medidas correspondientes y se mantenga la confidencialidad de dichos datos, a satisfacción de los interesados”.
Finalmente, la SCT puntualiza que una vez que los inversionistas decidan ingresar los trámites correspondientes, los datos incorporados en las solicitudes estarán sujetos a las disposiciones que indica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
A su vez, el subsecretario Felipe Duarte comentó a Radio Fórmula que “aquí lo más importante es que estén los recursos y que efectivamente estén destinados para capitalizar a la aerolínea, que sean los recursos de origen lícito.
“Está prácticamente todo listo, lo único que hace falta son los recursos que permitan reestructurar y capitalizar la empresa… lo único que sí sabemos es que hubo un depósito salvo buen cobro en un fideicomiso (pero) que no aclara que es para Mexicana, de 415 millones de dólares”.
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