Apro
El juicio que se sigue contra el juez Baltasar Garzón, por declararse competente en la investigación de los crímenes del franquismo, continuó hoy con los testimonios de familiares de víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
María Martín López, una mujer de 81 años, entró en la sala ayudada por un andador, y con una voz afónica, apenas audible, relató cómo las fuerzas franquistas asesinaron a su madre al lado de una treintena de personas.
Fue la primera de unas 20 personas que testificarán en el juicio que se sigue contra el magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido desde el 14 de mayo de 2010.
María Martín López relató que ella tenía seis años cuando los franquistas asesinaron a su madre junto a otras tres mujeres y 27 hombres, en un pueblo al norte de Madrid.
También explicó que sabía dónde se encontraba el cuerpo de su madre, pero que nadie le había ayudado a recuperar sus restos.
“A mi madre la fusilaron en 1936, con otros 27 hombres y tres mujeres”, dijo la mujer de cabello blanco.
Y relató que, como a su madre, también hicieron prisionero a su padre, mientras que ella y sus dos hermanas mayores se quedaron con una tía.
“Hasta que lo dejaron libre. El día que volvió de la cárcel me abrazó y no me soltó en horas”, describió.
Este fue el primer testimonio, luego que la víspera Garzón declaró que había admitido la denuncia porque las víctimas tenían derecho a la justicia y a la reparación.
Durante la vista oral de este miércoles, el presidente del tribunal, Carlos Granado, frenó a un abogado de la parte acusadora –la organización ultraderechista Manos Limpias– sobre cómo reconducir los testimonios, al decirle que “aquí el presidente es el que decide qué se pregunta y qué no”.
El segundo testimonio fue el de Pino Sosa, una mujer canaria de 75 años, quien testificó sobre la desaparición y asesinato de su padre. Señaló ante el tribunal que “se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba” su madre.
“Se lo llevaron de la casa, los apalearon, los tuvieron presos. Se llevaron el pan y la sal de nuestras casas”, dijo.
Pino Sosa relató que acudió a la justicia para que le ayudaran en la búsqueda de su padre, pero la denuncia de las Islas Canarias que presentaron en 2006 contenía 500 nombres de personas que estaban en la misma condición que ella.
El historiador Ángel Rodríguez Gallardo, miembro de la Comisión Memoria Histórica de Ponteareas, Galicia, dijo que en la Audiencia Nacional denunciaron a la comisión de “violentos crímenes, muchos sin resolver”, a partir del golpe militar de 1936.
“Queríamos saber cómo se habían producido esas muertes y dónde estaban los desaparecidos. Muchas personas desconocían el paradero de sus padres”, agregó.
Por ello, con la denuncia intentaban hacer una reconstrucción “lo más fiel posible de lo que sucedió con los desaparecidos del franquismo y que se les pudiera reparar”.
Rodríguez sostuvo que producto de sus investigaciones sobre la represión franquista en Galicia, las conclusiones que arrojaron es que hubo un “plan sistemático” para eliminar a los responsables políticos de la Segunda República.
Asimismo, dijo que existen infinidad de dificultades para acceder a los archivos penitenciarios, de la Guardia Civil y de la Policía, para determinar que ese plan sistemático podía apuntar a “actos de genocidio”.
El juicio contra Garzón, por el que la acusación pide 20 años de inhabilitación, continuará el jueves 2.
El juicio que se sigue contra el juez Baltasar Garzón, por declararse competente en la investigación de los crímenes del franquismo, continuó hoy con los testimonios de familiares de víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
María Martín López, una mujer de 81 años, entró en la sala ayudada por un andador, y con una voz afónica, apenas audible, relató cómo las fuerzas franquistas asesinaron a su madre al lado de una treintena de personas.
Fue la primera de unas 20 personas que testificarán en el juicio que se sigue contra el magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido desde el 14 de mayo de 2010.
María Martín López relató que ella tenía seis años cuando los franquistas asesinaron a su madre junto a otras tres mujeres y 27 hombres, en un pueblo al norte de Madrid.
También explicó que sabía dónde se encontraba el cuerpo de su madre, pero que nadie le había ayudado a recuperar sus restos.
“A mi madre la fusilaron en 1936, con otros 27 hombres y tres mujeres”, dijo la mujer de cabello blanco.
Y relató que, como a su madre, también hicieron prisionero a su padre, mientras que ella y sus dos hermanas mayores se quedaron con una tía.
“Hasta que lo dejaron libre. El día que volvió de la cárcel me abrazó y no me soltó en horas”, describió.
Este fue el primer testimonio, luego que la víspera Garzón declaró que había admitido la denuncia porque las víctimas tenían derecho a la justicia y a la reparación.
Durante la vista oral de este miércoles, el presidente del tribunal, Carlos Granado, frenó a un abogado de la parte acusadora –la organización ultraderechista Manos Limpias– sobre cómo reconducir los testimonios, al decirle que “aquí el presidente es el que decide qué se pregunta y qué no”.
El segundo testimonio fue el de Pino Sosa, una mujer canaria de 75 años, quien testificó sobre la desaparición y asesinato de su padre. Señaló ante el tribunal que “se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba” su madre.
“Se lo llevaron de la casa, los apalearon, los tuvieron presos. Se llevaron el pan y la sal de nuestras casas”, dijo.
Pino Sosa relató que acudió a la justicia para que le ayudaran en la búsqueda de su padre, pero la denuncia de las Islas Canarias que presentaron en 2006 contenía 500 nombres de personas que estaban en la misma condición que ella.
El historiador Ángel Rodríguez Gallardo, miembro de la Comisión Memoria Histórica de Ponteareas, Galicia, dijo que en la Audiencia Nacional denunciaron a la comisión de “violentos crímenes, muchos sin resolver”, a partir del golpe militar de 1936.
“Queríamos saber cómo se habían producido esas muertes y dónde estaban los desaparecidos. Muchas personas desconocían el paradero de sus padres”, agregó.
Por ello, con la denuncia intentaban hacer una reconstrucción “lo más fiel posible de lo que sucedió con los desaparecidos del franquismo y que se les pudiera reparar”.
Rodríguez sostuvo que producto de sus investigaciones sobre la represión franquista en Galicia, las conclusiones que arrojaron es que hubo un “plan sistemático” para eliminar a los responsables políticos de la Segunda República.
Asimismo, dijo que existen infinidad de dificultades para acceder a los archivos penitenciarios, de la Guardia Civil y de la Policía, para determinar que ese plan sistemático podía apuntar a “actos de genocidio”.
El juicio contra Garzón, por el que la acusación pide 20 años de inhabilitación, continuará el jueves 2.
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