Carlos Ramírez / Indicador Político
MAZATLáN, Sin.- Como andan en campaña, los precandidatos a la Presidencia de la República encontraron la fórmula milagrosa para regresar al Ejército a sus cuarteles: Tener en seis meses policías estatales y municipales preparados para combatir el crimen organizado.
Cuando altos mandos militares escuchan esos argumentos políticos, no pueden --por disciplina-- más que esbozar una sonrisa. ¿Por qué los gobernadores y alcaldes, bajo cuya responsabilidad territorial recae la inseguridad, no han cumplido con esos compromisos firmados desde 2008?
De haber existido policías estatales y municipales eficientes y gobernadores y alcaldes atentos a su responsabilidad en materia de seguridad, en primer lugar no habría existido un crimen organizado ocupando territorios de la soberanía del Estado y en segundo lugar, el Ejército no hubiera salido a las calles a combatir a los delincuentes.
Pero no pasa día sin que paradójicamente los militares arresten a policías en activo por estar al servicio de los cárteles criminales, o sustituyan a policías más preocupados por sus derechos laborales y su propia vida que por combatir a muerte a los delincuentes.
La demagogia electorera está distorsionando la delicadeza del tema de seguridad. El precandidato que ofrezca en seis meses retirar al Ejército por existir en ese lapso policías estatales y municipales eficientes, está simple y llanamente mintiendo y jugando con la vida de los miembros de las fuerzas armadas y policías federales que están supliendo la irresponsabilidad estatal y municipal.
Y si es grave que policías estatales y municipales sigan siendo presa de los intereses y poderes económicos de los cárteles, la situación es peor cuando se ve en casi toda la República a policías estatales y municipales protegiendo a poderosos particulares, en lugar de estar cuidando a la ciudadanía en las calles. Hay gobernadores que tienen hasta 150 policías ministeriales para protegerlo a él y a su familia, y casos en los que el gobernador ha autorizado uso de policías estatales para dar escoltas a niveles bajos como directores de área y sus familias.
De ahí que la ciudadanía pague impuestos para que el Estado --por definición teórica y de funciones-- cumpla con la seguridad como primera tarea fundamental, pero ve cómo la Policía cuida a particulares. Hasta ahora sólo dos gobernadores han dado el paso exigido por el Ejército para que las licencias de portación de armas para policías se dediquen a tareas públicas, no privadas: Los mandatarios de Tamaulipas y Sonora quitaron vigilancia policiaca a particulares y regresaron a esos policías a las calles; la custodia ha pasado a servicio privado.
Detrás de la función de proteger a particulares con escoltas policiacas se esconde un negocio político: Policías auxiliares que cobran por servicio de escoltas y custodia, pero el dinero no ingresa a las arcas. Tres policías tienen miles de efectivos protegidos por licencia para servicio público, pero vendiendo servicio a particulares: La Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar del DF. El presupuesto se cubre con finanzas públicas, pero el cobro de los servicios no pasa por regulaciones presupuestales.
A ello se agrega el aspecto político del negocio: Los gobernadores prefieren distraer policías para destinarlos a la protección de particulares y cobran el favor político con alianzas con los poderes privados fácticos; un empresario que tiene policías para protegerlo agradece el detalle al gobernador o al alcalde en turno. Pero ello implica que gobernadores usan la licencia militar de portación colectiva de armas para policías para un negocio político.
Hace poco la Secretaría de la Defensa Nacional consideró la necesidad de desaparecer las policías auxiliares para terminar con el negocio de las escoltas a particulares con personal policiaco que debiera estar en las calles, pero curiosamente fueron los gobernadores quienes pidieron una prórroga. En plazas calientes como Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Michoacán, de alta incidencia criminal, una parte sustancial de policías cuidan a particulares y dejan sin cuidar a la ciudadanía. Tamaulipas y Sonora regresaron un importante número de policías a las calles al suspender el servicio de escoltas.
La batalla contra el crimen organizado efectivamente atraviesa la tolvanera de la inseguridad de las clases altas. Pero resulta un contrasentido que la Policía cuide a particulares, en lugar de cumplir con su función primaria de proteger a la ciudadanía que mayoritariamente no le sirve a los gobernadores como alianza política o que carece de dinero para pagar una escolta.
Altos mandos militares regionales tienen evidencias del efecto en las cifras de delincuencia por el desvío de policías a servicios privados, lo que pudiera tipificarse legalmente como peculado. Y si a ello se agrega la falta de un espíritu de servicio en la función policiaca, entonces se tendrían ya los elementos para concluir por qué las bandas del crimen organizado se asentaron con facilidad en zonas territoriales que supuestamente la Policía tenía que impedir.
El día en que policías estatales y municipales abandonen la vigilancia de particulares y la Policía deje de ser un negocio privado de funcionarios públicos, ese día la sociedad verá más policías en las calles combatiendo a delincuentes. Porque causa enojo en la ciudadanía que altos funcionarios estatales y municipales se muevan en sus plazas con policías cuidándolos. La cobija del servicio policiaco es pequeña y destapa a las mayorías cuando se jala para tapar a funcionarios de bajo nivel y sus familias.
De ahí que los precandidatos presidenciales deben ser menos demagogos y concluir que los gobernadores prometieron hace cuatro años policías estatales y municipales eficientes y honestas y no han cumplido su palabra. Y prometer que en seis meses se arreglará el problema es no sólo demagogia, sino irresponsabilidad política.
MAZATLáN, Sin.- Como andan en campaña, los precandidatos a la Presidencia de la República encontraron la fórmula milagrosa para regresar al Ejército a sus cuarteles: Tener en seis meses policías estatales y municipales preparados para combatir el crimen organizado.
Cuando altos mandos militares escuchan esos argumentos políticos, no pueden --por disciplina-- más que esbozar una sonrisa. ¿Por qué los gobernadores y alcaldes, bajo cuya responsabilidad territorial recae la inseguridad, no han cumplido con esos compromisos firmados desde 2008?
De haber existido policías estatales y municipales eficientes y gobernadores y alcaldes atentos a su responsabilidad en materia de seguridad, en primer lugar no habría existido un crimen organizado ocupando territorios de la soberanía del Estado y en segundo lugar, el Ejército no hubiera salido a las calles a combatir a los delincuentes.
Pero no pasa día sin que paradójicamente los militares arresten a policías en activo por estar al servicio de los cárteles criminales, o sustituyan a policías más preocupados por sus derechos laborales y su propia vida que por combatir a muerte a los delincuentes.
La demagogia electorera está distorsionando la delicadeza del tema de seguridad. El precandidato que ofrezca en seis meses retirar al Ejército por existir en ese lapso policías estatales y municipales eficientes, está simple y llanamente mintiendo y jugando con la vida de los miembros de las fuerzas armadas y policías federales que están supliendo la irresponsabilidad estatal y municipal.
Y si es grave que policías estatales y municipales sigan siendo presa de los intereses y poderes económicos de los cárteles, la situación es peor cuando se ve en casi toda la República a policías estatales y municipales protegiendo a poderosos particulares, en lugar de estar cuidando a la ciudadanía en las calles. Hay gobernadores que tienen hasta 150 policías ministeriales para protegerlo a él y a su familia, y casos en los que el gobernador ha autorizado uso de policías estatales para dar escoltas a niveles bajos como directores de área y sus familias.
De ahí que la ciudadanía pague impuestos para que el Estado --por definición teórica y de funciones-- cumpla con la seguridad como primera tarea fundamental, pero ve cómo la Policía cuida a particulares. Hasta ahora sólo dos gobernadores han dado el paso exigido por el Ejército para que las licencias de portación de armas para policías se dediquen a tareas públicas, no privadas: Los mandatarios de Tamaulipas y Sonora quitaron vigilancia policiaca a particulares y regresaron a esos policías a las calles; la custodia ha pasado a servicio privado.
Detrás de la función de proteger a particulares con escoltas policiacas se esconde un negocio político: Policías auxiliares que cobran por servicio de escoltas y custodia, pero el dinero no ingresa a las arcas. Tres policías tienen miles de efectivos protegidos por licencia para servicio público, pero vendiendo servicio a particulares: La Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar del DF. El presupuesto se cubre con finanzas públicas, pero el cobro de los servicios no pasa por regulaciones presupuestales.
A ello se agrega el aspecto político del negocio: Los gobernadores prefieren distraer policías para destinarlos a la protección de particulares y cobran el favor político con alianzas con los poderes privados fácticos; un empresario que tiene policías para protegerlo agradece el detalle al gobernador o al alcalde en turno. Pero ello implica que gobernadores usan la licencia militar de portación colectiva de armas para policías para un negocio político.
Hace poco la Secretaría de la Defensa Nacional consideró la necesidad de desaparecer las policías auxiliares para terminar con el negocio de las escoltas a particulares con personal policiaco que debiera estar en las calles, pero curiosamente fueron los gobernadores quienes pidieron una prórroga. En plazas calientes como Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Michoacán, de alta incidencia criminal, una parte sustancial de policías cuidan a particulares y dejan sin cuidar a la ciudadanía. Tamaulipas y Sonora regresaron un importante número de policías a las calles al suspender el servicio de escoltas.
La batalla contra el crimen organizado efectivamente atraviesa la tolvanera de la inseguridad de las clases altas. Pero resulta un contrasentido que la Policía cuide a particulares, en lugar de cumplir con su función primaria de proteger a la ciudadanía que mayoritariamente no le sirve a los gobernadores como alianza política o que carece de dinero para pagar una escolta.
Altos mandos militares regionales tienen evidencias del efecto en las cifras de delincuencia por el desvío de policías a servicios privados, lo que pudiera tipificarse legalmente como peculado. Y si a ello se agrega la falta de un espíritu de servicio en la función policiaca, entonces se tendrían ya los elementos para concluir por qué las bandas del crimen organizado se asentaron con facilidad en zonas territoriales que supuestamente la Policía tenía que impedir.
El día en que policías estatales y municipales abandonen la vigilancia de particulares y la Policía deje de ser un negocio privado de funcionarios públicos, ese día la sociedad verá más policías en las calles combatiendo a delincuentes. Porque causa enojo en la ciudadanía que altos funcionarios estatales y municipales se muevan en sus plazas con policías cuidándolos. La cobija del servicio policiaco es pequeña y destapa a las mayorías cuando se jala para tapar a funcionarios de bajo nivel y sus familias.
De ahí que los precandidatos presidenciales deben ser menos demagogos y concluir que los gobernadores prometieron hace cuatro años policías estatales y municipales eficientes y honestas y no han cumplido su palabra. Y prometer que en seis meses se arreglará el problema es no sólo demagogia, sino irresponsabilidad política.
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