José Antonio Almazán González
El reciente fallecimiento de dos bebés en un hospital público de Campeche, a raíz del ilegal corte de luz perpetrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puso al descubierto la total desnaturalización del objetivo de este organismo público descentralizado, sujeto hoy a un creciente proceso de privatización en favor de un puñado de empresas eléctricas extranjeras, que convierte la electricidad en una mercancía de lujo y en contra del interés nacional. Echemos un vistazo a la historia y a las cifras.
1. Allá por la década de 1950 los cortes de luz eran práctica cotidiana de las empresas eléctricas en contra del pueblo, pero también de los empresarios. La razón era muy simple, pues se trataba de empresas privadas extranjeras –la legendaria Mexican Light y la American and Foreign–, que a la par de dar un pésimo servicio buscaban el lucro desmedido y la ganancia desorbitada con la prestación del servicio público de energía eléctrica. Para corregir estos males, que golpeaban el bolsillo del pueblo y frenaban el desarrollo económico nacional, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el 14 de agosto de 1937, con aprobación del Congreso de la Unión, la creación de la CFE, como parte de una gran obra nacionalista que se expresó en el campo (con el reparto agrario y el fortalecimiento de la propiedad ejidal) y en todos los órdenes de la vida nacional para que México pudiera enfrentar los nocivos efectos de la crisis económica mundial de 1932-1940. Un año después vendría la expropiación de la industria del petróleo, para hacer de estos dos energéticos una firme palanca de desarrollo económico y social de México.
Como puede leerse en el quinto artículo de dicho decreto, el propósito fundamental que dio origen a CFE fue (y debe ser): La Comisión Federal de Electricidad tendrá como objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.
Este propósito esencial en la creación de la CFE data de la iniciativa de ley que el presidente Abelardo Rodríguez envió a la Cámara de Diputados en diciembre de 1933, en cuyo quinto artículo se asentaba exactamente lo mismo que en el de agosto de 1937. Sin embargo, a diferencia de éste, los argumentos que se esgrimieron para fundar y motivar el objeto esencial de la CFE fueron explícitos y por su enorme trascendencia y actualidad los reproducimos a continuación:
“Primero. El suministro de energía eléctrica debe hacerse a un precio de tal manera reducido, que la producción industrial viva de la energía eléctrica y no para la energía eléctrica…”
En la discusión de esta iniciativa se asentó, como un retrato fiel de lo que hoy ocurre, lo siguiente: “Tanto la industria como la agricultura nacionales están subordinadas, son tributarias en estos momentos de los grandes trusts eléctricos. Las grandes tarifas, las enormes multas, la persecución implacable de las compañías eléctricas al consumidor pequeño, desde el humilde tendajón hasta el industrial poderoso de Puebla, es ya insoportable, y por eso, repito, que ése es el grito de liberación económica mexicana, y de todo corazón me adhiero y votaré en pro de esta ley”. Setenta y cuatro años después este propósito esencial de la CFE sigue vigente, por más que los gobiernos en turno y las mafias burocráticas de la empresa de clase mundial lo hayan sepultado en un mar de leyes secundarias, desnaturalizándola hasta convertir la electricidad en una mercancía muy cara, ya no al servicio del pueblo y mucho menos del desarrollo nacional.
2. Un vistazo a las cifras de la Agencia Internacional de Energía (Energy prices & taxes 2011) muestra que en la lista de los 33 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nuestro país ocupa un primerísimo lugar con la tarifa industrial más cara, junto con Chile, Italia, República Checa, Hungría, Polonia y Turquía. Particularmente destaca que en tanto para 2010 el precio medio de la tarifa industrial en México fue de 0.166 centavos de dólar/kwh, en Canadá fue de 0.059 y en Estados Unidos fue de 0.068. Como puede observarse en estas cifras, no impugnadas por el gobierno mexicano, el problema de las elevadas tarifas industriales de la CFE, de las que con razón se queja la Concamin, se acrecentó a partir de 1997, en que irrumpe en forma descarada la participación del capital privado internacional en la generación eléctrica en México.
3. En México no existe una regulación unificada en torno a los servicios públicos; sin embargo, diversas normas reconocen que en el caso de la energía eléctrica se trata de un servicio público esencial y no secundario. No en balde la nacionalización de la industria eléctrica fue elevada a rango constitucional como función exclusiva de la nación mexicana. Como tampoco es gratuito que desde la primera ley del trabajo de 1931 y después en la actual Ley Federal del Trabajo se contemple que en el caso de huelgas el servicio público en hospitales, luz y energía eléctrica, etcétera, no se vea interrumpido por ninguna razón. Todo esto fue olvidado por la CFE cuando ordenó el ilegal corte de luz en el hospital público de Campeche. Todo ello implica la urgente necesidad de renacionalizar la industria eléctrica, comenzando con CFE, cuyas tarifas domésticas, comerciales e industriales se han convertido en un obstáculo para el desarrollo de la economía nacional y el bienestar del pueblo.
El reciente fallecimiento de dos bebés en un hospital público de Campeche, a raíz del ilegal corte de luz perpetrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puso al descubierto la total desnaturalización del objetivo de este organismo público descentralizado, sujeto hoy a un creciente proceso de privatización en favor de un puñado de empresas eléctricas extranjeras, que convierte la electricidad en una mercancía de lujo y en contra del interés nacional. Echemos un vistazo a la historia y a las cifras.
1. Allá por la década de 1950 los cortes de luz eran práctica cotidiana de las empresas eléctricas en contra del pueblo, pero también de los empresarios. La razón era muy simple, pues se trataba de empresas privadas extranjeras –la legendaria Mexican Light y la American and Foreign–, que a la par de dar un pésimo servicio buscaban el lucro desmedido y la ganancia desorbitada con la prestación del servicio público de energía eléctrica. Para corregir estos males, que golpeaban el bolsillo del pueblo y frenaban el desarrollo económico nacional, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el 14 de agosto de 1937, con aprobación del Congreso de la Unión, la creación de la CFE, como parte de una gran obra nacionalista que se expresó en el campo (con el reparto agrario y el fortalecimiento de la propiedad ejidal) y en todos los órdenes de la vida nacional para que México pudiera enfrentar los nocivos efectos de la crisis económica mundial de 1932-1940. Un año después vendría la expropiación de la industria del petróleo, para hacer de estos dos energéticos una firme palanca de desarrollo económico y social de México.
Como puede leerse en el quinto artículo de dicho decreto, el propósito fundamental que dio origen a CFE fue (y debe ser): La Comisión Federal de Electricidad tendrá como objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.
Este propósito esencial en la creación de la CFE data de la iniciativa de ley que el presidente Abelardo Rodríguez envió a la Cámara de Diputados en diciembre de 1933, en cuyo quinto artículo se asentaba exactamente lo mismo que en el de agosto de 1937. Sin embargo, a diferencia de éste, los argumentos que se esgrimieron para fundar y motivar el objeto esencial de la CFE fueron explícitos y por su enorme trascendencia y actualidad los reproducimos a continuación:
“Primero. El suministro de energía eléctrica debe hacerse a un precio de tal manera reducido, que la producción industrial viva de la energía eléctrica y no para la energía eléctrica…”
En la discusión de esta iniciativa se asentó, como un retrato fiel de lo que hoy ocurre, lo siguiente: “Tanto la industria como la agricultura nacionales están subordinadas, son tributarias en estos momentos de los grandes trusts eléctricos. Las grandes tarifas, las enormes multas, la persecución implacable de las compañías eléctricas al consumidor pequeño, desde el humilde tendajón hasta el industrial poderoso de Puebla, es ya insoportable, y por eso, repito, que ése es el grito de liberación económica mexicana, y de todo corazón me adhiero y votaré en pro de esta ley”. Setenta y cuatro años después este propósito esencial de la CFE sigue vigente, por más que los gobiernos en turno y las mafias burocráticas de la empresa de clase mundial lo hayan sepultado en un mar de leyes secundarias, desnaturalizándola hasta convertir la electricidad en una mercancía muy cara, ya no al servicio del pueblo y mucho menos del desarrollo nacional.
2. Un vistazo a las cifras de la Agencia Internacional de Energía (Energy prices & taxes 2011) muestra que en la lista de los 33 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nuestro país ocupa un primerísimo lugar con la tarifa industrial más cara, junto con Chile, Italia, República Checa, Hungría, Polonia y Turquía. Particularmente destaca que en tanto para 2010 el precio medio de la tarifa industrial en México fue de 0.166 centavos de dólar/kwh, en Canadá fue de 0.059 y en Estados Unidos fue de 0.068. Como puede observarse en estas cifras, no impugnadas por el gobierno mexicano, el problema de las elevadas tarifas industriales de la CFE, de las que con razón se queja la Concamin, se acrecentó a partir de 1997, en que irrumpe en forma descarada la participación del capital privado internacional en la generación eléctrica en México.
3. En México no existe una regulación unificada en torno a los servicios públicos; sin embargo, diversas normas reconocen que en el caso de la energía eléctrica se trata de un servicio público esencial y no secundario. No en balde la nacionalización de la industria eléctrica fue elevada a rango constitucional como función exclusiva de la nación mexicana. Como tampoco es gratuito que desde la primera ley del trabajo de 1931 y después en la actual Ley Federal del Trabajo se contemple que en el caso de huelgas el servicio público en hospitales, luz y energía eléctrica, etcétera, no se vea interrumpido por ninguna razón. Todo esto fue olvidado por la CFE cuando ordenó el ilegal corte de luz en el hospital público de Campeche. Todo ello implica la urgente necesidad de renacionalizar la industria eléctrica, comenzando con CFE, cuyas tarifas domésticas, comerciales e industriales se han convertido en un obstáculo para el desarrollo de la economía nacional y el bienestar del pueblo.
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