Jesusa Cervantes
En junio de 2010, legisladores del PAN interpusieron ante la secretaria general de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el entonces gobernador de Veracruz, el priista Fidel Herrera Beltrán.
Se le acusaba de apuntalar con recursos del erario estatal a su delfín Javier Duarte y, como prueba, los panistas presentaron grabaciones en donde se daban instrucciones para apoyar con todo al candidato priista a la gubernatura. Las denuncias incluso llegaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), encabezada entonces por Arely Gómez.
Las denuncias del panismo no prosperaron en el recinto legislativo de San Lázaro pero tampoco ante la fiscal electoral, pues Arely Gómez consideró que no había pruebas suficientes para fincar responsabilidad al aún gobernador Fidel Herrera.
Entonces, la furia de Felipe Calderón recayó sobre ella… a sólo cinco días de que se realizaran elecciones en Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua y Veracruz, Gómez fue removida del cargo y en su lugar se nombró a José Luis Vargas Valdez.
El rechazo de la fiscal a procesar las denuncias panistas fue razón suficiente para que su cargo de tres años y medio se fuera a la basura. A Calderón Hinojosa no le importó que hubiera un proceso electoral en curso, lo único que valía era la afrenta de no irse con todo en contra del gobernador Fidel Herrera.
Lo cierto es que las conversaciones grabadas eran razón suficiente para que la Fepade abriera un expediente y dictara una resolución. Pero Arely Gómez no lo hizo y tuvo que abandonar su cómoda posición en una fiscalía que nunca ha realizado una indagación que valga la pena.
Al siguiente año, el 18 de marzo de 2011, al entonces procurador general de la República, Arturo Chávez, se le pidió que abriera averiguaciones previas en contra de algunos exgobernadores priistas. El punto era preparar “los expedientes negros” contra el PRI.
La orden presidencial no gustó a Chávez Chávez, quien prefirió renunciar antes que llegar “al uso político de temas judiciales”. El 31 de marzo su lugar fue ocupado por Marisela Morales, quien ya antes había confeccionado las averiguaciones en el lamentablemente célebre michoacanazo, y en el que se involucró a presidentes municipales en activo de PRI y PRD, principalmente, con el narcotráfico.
Por cierto, Marisela Morales contaba y cuenta con todo el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), instancia que formaba parte de la estrategia para acusar a políticos priistas y perredistas de participar con el crimen organizado.
Ahora, el rechazo de José Luis Vargas a pronunciarse en contra de los resultados de las pasadas elecciones en Michoacán, presuntamente enturbiadas por “la presión del narco” y su llamado a no votar por el PAN y respaldar al PRI, lo llevó al mismo punto que Arely Gómez: ser destituido de la Fepade.
Los panistas y el propio Calderón pretendían que la Fepade descalificara los resultados electorales en Michoacán, donde ganó el PRI y perdió Luisa María Calderón, hermana del presidente de la República. No lo hizo y el castigo fue su remoción fulminante.
A sólo cinco meses de la contienda electoral más relevante, después de 2006, la presidencial, Calderón no la pensó más y decidió remover a su fiscal; en su lugar se colocó a Imelda Calvillo Tello, una mujer que de temas electorales parece no saber mucho, si se atiene unos a su currículum:
“Fungió como delegada estatal de la Procuraduría en Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, y como subdelegada de Procedimientos Penales y de Control de Procesos Penales y Amparo”, pero del tema electoral, nada.
Pero a Calderón lo que menos le importa es que los fiscales o procuradores sepan algo de asuntos electorales o judiciales; lo que ha demostrado en estos años de tortuoso gobierno para los mexicanos y las víctimas de “su” guerra contra el narcotráfico, es que los funcionarios estén a su disposición para usar la ley como arma electoral. Y al que no le guste… a hacer maletas.
En junio de 2010, legisladores del PAN interpusieron ante la secretaria general de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el entonces gobernador de Veracruz, el priista Fidel Herrera Beltrán.
Se le acusaba de apuntalar con recursos del erario estatal a su delfín Javier Duarte y, como prueba, los panistas presentaron grabaciones en donde se daban instrucciones para apoyar con todo al candidato priista a la gubernatura. Las denuncias incluso llegaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), encabezada entonces por Arely Gómez.
Las denuncias del panismo no prosperaron en el recinto legislativo de San Lázaro pero tampoco ante la fiscal electoral, pues Arely Gómez consideró que no había pruebas suficientes para fincar responsabilidad al aún gobernador Fidel Herrera.
Entonces, la furia de Felipe Calderón recayó sobre ella… a sólo cinco días de que se realizaran elecciones en Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua y Veracruz, Gómez fue removida del cargo y en su lugar se nombró a José Luis Vargas Valdez.
El rechazo de la fiscal a procesar las denuncias panistas fue razón suficiente para que su cargo de tres años y medio se fuera a la basura. A Calderón Hinojosa no le importó que hubiera un proceso electoral en curso, lo único que valía era la afrenta de no irse con todo en contra del gobernador Fidel Herrera.
Lo cierto es que las conversaciones grabadas eran razón suficiente para que la Fepade abriera un expediente y dictara una resolución. Pero Arely Gómez no lo hizo y tuvo que abandonar su cómoda posición en una fiscalía que nunca ha realizado una indagación que valga la pena.
Al siguiente año, el 18 de marzo de 2011, al entonces procurador general de la República, Arturo Chávez, se le pidió que abriera averiguaciones previas en contra de algunos exgobernadores priistas. El punto era preparar “los expedientes negros” contra el PRI.
La orden presidencial no gustó a Chávez Chávez, quien prefirió renunciar antes que llegar “al uso político de temas judiciales”. El 31 de marzo su lugar fue ocupado por Marisela Morales, quien ya antes había confeccionado las averiguaciones en el lamentablemente célebre michoacanazo, y en el que se involucró a presidentes municipales en activo de PRI y PRD, principalmente, con el narcotráfico.
Por cierto, Marisela Morales contaba y cuenta con todo el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), instancia que formaba parte de la estrategia para acusar a políticos priistas y perredistas de participar con el crimen organizado.
Ahora, el rechazo de José Luis Vargas a pronunciarse en contra de los resultados de las pasadas elecciones en Michoacán, presuntamente enturbiadas por “la presión del narco” y su llamado a no votar por el PAN y respaldar al PRI, lo llevó al mismo punto que Arely Gómez: ser destituido de la Fepade.
Los panistas y el propio Calderón pretendían que la Fepade descalificara los resultados electorales en Michoacán, donde ganó el PRI y perdió Luisa María Calderón, hermana del presidente de la República. No lo hizo y el castigo fue su remoción fulminante.
A sólo cinco meses de la contienda electoral más relevante, después de 2006, la presidencial, Calderón no la pensó más y decidió remover a su fiscal; en su lugar se colocó a Imelda Calvillo Tello, una mujer que de temas electorales parece no saber mucho, si se atiene unos a su currículum:
“Fungió como delegada estatal de la Procuraduría en Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, y como subdelegada de Procedimientos Penales y de Control de Procesos Penales y Amparo”, pero del tema electoral, nada.
Pero a Calderón lo que menos le importa es que los fiscales o procuradores sepan algo de asuntos electorales o judiciales; lo que ha demostrado en estos años de tortuoso gobierno para los mexicanos y las víctimas de “su” guerra contra el narcotráfico, es que los funcionarios estén a su disposición para usar la ley como arma electoral. Y al que no le guste… a hacer maletas.
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