Roberto González Amador
Recursos de los contribuyentes por 889 mil 403 millones de pesos fueron destinados por la administración federal en los últimos tres lustros para hacer frente al costo del rescate del sistema financiero tras el colapso provocado por la crisis de 1995. Aun con tal transferencia, que duplica los actuales presupuestos anuales de salud o seguridad social, la deuda generada por el saneamiento de la banca es actualmente mayor a la cantidad que ya ha sido pagada, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la cuenta pública 2010.
La decisión del gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, asumida por las dos siguientes administraciones panistas, de rescatar con recursos fiscales al sistema bancario después de la devaluación de peso en diciembre de 2004 tuvo un costo para los contribuyentes mexicanos que actualmente equivale a 13.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), esto es, 1.7 billones (millones de millones) de pesos.
Se trata de una cantidad que, en términos comparativos, equivale a lo que el Estado mexicano gastaría en seis décadas –con base en el presupuesto ejercido el año pasado– en todos los programas públicos de combate a la pobreza, se desprende del informe de la ASF, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados y de los informes de la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas en 2011.
Para efectos del registro en las cuentas públicas, el costo del rescate bancario de 1995 se divide en dos partidas: una llamada Programas de apoyo a ahorradores de la banca (PAAB) y la otra programa de apoyo a deudores de la banca (PADB), que fueron los mecanismos a través de los cuales el gobierno transfirió recursos públicos, a través de la contratación de deuda, para capitalizar a la mayoría de los bancos que operaban en México en 1995 y cuyo capital fue afectado por la crisis financiera.
La ASF describe que en ese entonces el gobierno federal puso en práctica ambos programas para controlar los efectos negativos de la crisis de 1995: no permitir la quiebra de las instituciones de banca múltiple y salvaguardar los depósitos en el sistema bancario, ante la posibilidad de una quiebra sistémica generalizada, con motivo de las graves implicaciones que para el sistema nacional de pagos representaba la crisis financiera.
No lo menciona el informe de la ASF, pero los bancos que fueron saneados con recursos públicos posteriormente fueron vendidos, en su mayoría, a firmas extranjeras que los recibieron saneados y en una posición que los ubica ahora como de las filiales más rentables de grupos financieros trasnacionales.
El informe menciona que el costo para los contribuyentes del PAAB, al cierre de 2010, ascendió a un billón 482 mil 667 millones de pesos, cantidad que representa 11.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). De esa suma, se han pagado, a valores nominales, 712 mil 703.1 millones de pesos y faltan por pagar otros 769 mil 963.8 millones de pesos.
Mientras tanto, el costo fiscal del PADB se situó al cierre de 2010 en 233 mil 400 millones de pesos, que representan 1.8 por ciento del PIB. De esa cantidad, se han pagado con recursos públicos 176 mil 700 millones de pesos y falta por cubrir otros 56 mil 700 millones de pesos.
En total, al 31 de diciembre de 2010, el costo fiscal del rescate bancario, que es la suma de los dos programas citados, ascendió a un billón 716 mil 67 millones de pesos, que representan 13.1 por ciento del PIB.
Del informe de la ASF se desprende que, por ambos programas, el fisco ha pagado 889 mil 403.1 millones de pesos y restan por pagar a los dueños de los pagarés de rescate bancario –instrumentos que forman parte del capital actual de las instituciones que participaron en el proceso de saneamiento– otros 826 mil 663.8 millones de pesos.
En 2011, el gasto público federal en salud fue de 399 mil 469 millones de pesos, mientras que el destinado a seguridad social fue de 387 mil 103 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para financiar los programas de superación de la pobreza fueron canalizados en 2011 recursos públicos por 295 mil 202 millones de pesos, cantidad que multiplicada por 58 veces equivale al costo para las finanzas públicas del rescate bancario de 1995.
Recursos de los contribuyentes por 889 mil 403 millones de pesos fueron destinados por la administración federal en los últimos tres lustros para hacer frente al costo del rescate del sistema financiero tras el colapso provocado por la crisis de 1995. Aun con tal transferencia, que duplica los actuales presupuestos anuales de salud o seguridad social, la deuda generada por el saneamiento de la banca es actualmente mayor a la cantidad que ya ha sido pagada, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la cuenta pública 2010.
La decisión del gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, asumida por las dos siguientes administraciones panistas, de rescatar con recursos fiscales al sistema bancario después de la devaluación de peso en diciembre de 2004 tuvo un costo para los contribuyentes mexicanos que actualmente equivale a 13.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), esto es, 1.7 billones (millones de millones) de pesos.
Se trata de una cantidad que, en términos comparativos, equivale a lo que el Estado mexicano gastaría en seis décadas –con base en el presupuesto ejercido el año pasado– en todos los programas públicos de combate a la pobreza, se desprende del informe de la ASF, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados y de los informes de la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas en 2011.
Para efectos del registro en las cuentas públicas, el costo del rescate bancario de 1995 se divide en dos partidas: una llamada Programas de apoyo a ahorradores de la banca (PAAB) y la otra programa de apoyo a deudores de la banca (PADB), que fueron los mecanismos a través de los cuales el gobierno transfirió recursos públicos, a través de la contratación de deuda, para capitalizar a la mayoría de los bancos que operaban en México en 1995 y cuyo capital fue afectado por la crisis financiera.
La ASF describe que en ese entonces el gobierno federal puso en práctica ambos programas para controlar los efectos negativos de la crisis de 1995: no permitir la quiebra de las instituciones de banca múltiple y salvaguardar los depósitos en el sistema bancario, ante la posibilidad de una quiebra sistémica generalizada, con motivo de las graves implicaciones que para el sistema nacional de pagos representaba la crisis financiera.
No lo menciona el informe de la ASF, pero los bancos que fueron saneados con recursos públicos posteriormente fueron vendidos, en su mayoría, a firmas extranjeras que los recibieron saneados y en una posición que los ubica ahora como de las filiales más rentables de grupos financieros trasnacionales.
El informe menciona que el costo para los contribuyentes del PAAB, al cierre de 2010, ascendió a un billón 482 mil 667 millones de pesos, cantidad que representa 11.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). De esa suma, se han pagado, a valores nominales, 712 mil 703.1 millones de pesos y faltan por pagar otros 769 mil 963.8 millones de pesos.
Mientras tanto, el costo fiscal del PADB se situó al cierre de 2010 en 233 mil 400 millones de pesos, que representan 1.8 por ciento del PIB. De esa cantidad, se han pagado con recursos públicos 176 mil 700 millones de pesos y falta por cubrir otros 56 mil 700 millones de pesos.
En total, al 31 de diciembre de 2010, el costo fiscal del rescate bancario, que es la suma de los dos programas citados, ascendió a un billón 716 mil 67 millones de pesos, que representan 13.1 por ciento del PIB.
Del informe de la ASF se desprende que, por ambos programas, el fisco ha pagado 889 mil 403.1 millones de pesos y restan por pagar a los dueños de los pagarés de rescate bancario –instrumentos que forman parte del capital actual de las instituciones que participaron en el proceso de saneamiento– otros 826 mil 663.8 millones de pesos.
En 2011, el gasto público federal en salud fue de 399 mil 469 millones de pesos, mientras que el destinado a seguridad social fue de 387 mil 103 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para financiar los programas de superación de la pobreza fueron canalizados en 2011 recursos públicos por 295 mil 202 millones de pesos, cantidad que multiplicada por 58 veces equivale al costo para las finanzas públicas del rescate bancario de 1995.
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