Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El miedo hace extraños compañeros de cama. Resulta válida, pero incompleta, la observación formulada por José Carreño Carlón acerca del comportamiento de Felipe Calderón, quien instruyó a Patricia Espinosa, “su” canciller, para que solicitara inmunidad para Ernesto Zedillo ante el gobierno de Estados Unidos, donde en una corte estatal se le juzga por crímenes de lesa humanidad. De concederla, todos enseñarán las orejas.
Acierta Carreño, efectivamente Calderón se cura en salud, pero va más allá su actitud de lo que él observa, e incluso es el presidente de México quien descalifica las aseveraciones de la revista Nexos y Carlos Marín, porque si lo hace debido a que como presidente de la República también se le abrió y está en curso, en la Corte Penal Internacional, el estudio de un expediente para determinar si puede ser juzgado por idéntico o parecido pecado, al pedir inmunidad lo reconoce culpable, puesto que ese privilegio se solicita cuando, para supuestamente servir al Estado, se violó la ley.
Hoy nadie procede como lo hizo José Stalin, quien no se detuvo para dejar constancia de su responsabilidad en los procesos de Moscú, en las deportaciones, en las ejecuciones e incluso en la inducción de suicidios. Los crímenes de Estado, para servir al Estado, también se cometen por omisión.
Ernesto Zedillo -como presidente de los Estados Unidos Mexicanos- fue perfectamente informado de los acontecimientos de Chiapas, era el problema medular de su gobierno; de solucionarlo o pudrirlo dependía la viabilidad del proyecto político: la alternancia, y del económico: la globalización. Ninguno de los dos hubiese sido posible de firmarse los Acuerdos de San Andrés.
Obviamente Ernesto Zedillo no ordenó la ejecución de Acteal, con embarazadas o sin ellas, incluidos menores o no, lo cierto es que allí, como en San Fernando, fallecieron inocentes. Pero como presidente de México estaba perfectamente enterado de cuáles eran los grupos armados que se movían en Chiapas, quiénes los financiaban y por cuáles de las tantas razones políticas, sociales, religiosas o simplemente de poder, los movían a uno u otro lado dentro de esa entidad, para mantener “su” orden.
Repito, no lo ordenó, pero los dejó hacer. Corresponderá a quienes lo acusan demostrar que estaba perfectamente informado de lo que ocurría y de lo que sucedería, pero nada hizo para detenerlos, porque para el criollo Zedillo Ponce de León nunca nada significó la vida de los indios, como puede verse por los compromisos adquiridos con la globalización, y porque en su proyecto de alternancia no había espacio para que otros problemas lo distrajeran.
En la posible explicación distinta a la nota diplomática en la que se solicita inmunidad para Ernesto Zedillo está el agradecimiento, porque de otra manera Acción Nacional no estaría en la posibilidad de continuar mangoneando al país.
Que la administración de justicia en México quede por los suelos, a nadie importa, siempre habrá otra barandilla fuera del país para dirimir los contenciosos que dividen a los mexicanos.
El miedo hace extraños compañeros de cama. Resulta válida, pero incompleta, la observación formulada por José Carreño Carlón acerca del comportamiento de Felipe Calderón, quien instruyó a Patricia Espinosa, “su” canciller, para que solicitara inmunidad para Ernesto Zedillo ante el gobierno de Estados Unidos, donde en una corte estatal se le juzga por crímenes de lesa humanidad. De concederla, todos enseñarán las orejas.
Acierta Carreño, efectivamente Calderón se cura en salud, pero va más allá su actitud de lo que él observa, e incluso es el presidente de México quien descalifica las aseveraciones de la revista Nexos y Carlos Marín, porque si lo hace debido a que como presidente de la República también se le abrió y está en curso, en la Corte Penal Internacional, el estudio de un expediente para determinar si puede ser juzgado por idéntico o parecido pecado, al pedir inmunidad lo reconoce culpable, puesto que ese privilegio se solicita cuando, para supuestamente servir al Estado, se violó la ley.
Hoy nadie procede como lo hizo José Stalin, quien no se detuvo para dejar constancia de su responsabilidad en los procesos de Moscú, en las deportaciones, en las ejecuciones e incluso en la inducción de suicidios. Los crímenes de Estado, para servir al Estado, también se cometen por omisión.
Ernesto Zedillo -como presidente de los Estados Unidos Mexicanos- fue perfectamente informado de los acontecimientos de Chiapas, era el problema medular de su gobierno; de solucionarlo o pudrirlo dependía la viabilidad del proyecto político: la alternancia, y del económico: la globalización. Ninguno de los dos hubiese sido posible de firmarse los Acuerdos de San Andrés.
Obviamente Ernesto Zedillo no ordenó la ejecución de Acteal, con embarazadas o sin ellas, incluidos menores o no, lo cierto es que allí, como en San Fernando, fallecieron inocentes. Pero como presidente de México estaba perfectamente enterado de cuáles eran los grupos armados que se movían en Chiapas, quiénes los financiaban y por cuáles de las tantas razones políticas, sociales, religiosas o simplemente de poder, los movían a uno u otro lado dentro de esa entidad, para mantener “su” orden.
Repito, no lo ordenó, pero los dejó hacer. Corresponderá a quienes lo acusan demostrar que estaba perfectamente informado de lo que ocurría y de lo que sucedería, pero nada hizo para detenerlos, porque para el criollo Zedillo Ponce de León nunca nada significó la vida de los indios, como puede verse por los compromisos adquiridos con la globalización, y porque en su proyecto de alternancia no había espacio para que otros problemas lo distrajeran.
En la posible explicación distinta a la nota diplomática en la que se solicita inmunidad para Ernesto Zedillo está el agradecimiento, porque de otra manera Acción Nacional no estaría en la posibilidad de continuar mangoneando al país.
Que la administración de justicia en México quede por los suelos, a nadie importa, siempre habrá otra barandilla fuera del país para dirimir los contenciosos que dividen a los mexicanos.
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