Carmen Aristegui
El gobierno de Felipe Calderón decidió enviar, sin hacerlo público, una nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar su intervención y hacer valer, ante la justicia, la figura de inmunidad que reclama, para su defensa, el ex presidente de México Ernesto Zedillo.
El ex mandatario enfrenta una demanda de carácter civil interpuesta en su contra, desde el anonimato, por 10 personas que reclaman derechos de resarcimientos por lo ocurrido en 1997, en torno a la Matanza de Acteal. Alegan los denunciantes, quienes por su condición se presume van acompañados de alguna mano interesada, que el ex Presidente debe pagar por sus presuntas responsabilidades en torno a aquellos hechos.
Probablemente hablaron entre sí, Zedillo y Calderón, y encontraron necesario que el actual gobierno apoyara, con esta petición expresa, la solicitud de que la demanda civil sea desechada.
Zedillo y Calderón pretenden que el juez de la Corte federal de Connecticut que lleva la causa atienda la opinión del Departamento de Estado –de quien esperan un trato amigo– y le dé “carpetazo” a la intentona de colocar a Zedillo en un trance legal que, de perderlo, lo obligaría a pagar hasta 50 millones de dólares, que es lo que pretenden quienes lo acusan ahí.
No sería la primera vez que un juez tome en cuenta la opinión del Ejecutivo norteamericano, cuando el caso tiene implicaciones de política exterior. Además, tanto en México como en Estados Unidos queda claro que, independientemente de que el papel del gobierno de Zedillo en el fenómeno paramilitar y fraticida que se construyó en Chiapas en aquellos años de la rebelión debe ser procesado como se lo han pedido –ahí sí– Las Abejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la demanda civil, presentada desde la penumbra, tiene el tufillo de quien quiere utilizar a la Corte y al caso emblemático de la matanza como el camino para saciar viejos rencores y buscar venganzas políticas contra del ex presidente Zedillo.
Sobran cuatro dedos de una mano para contar los nombres que, de inmediato, vienen a la mente, cuando de imaginar se trata quién podría estar detrás de una operación de esta naturaleza.
La sospecha sobre las verdaderas motivaciones de la acción legal demeritan la propia demanda. Si el Departamento de Estado se pronuncia por la inmunidad de Zedillo, junto con lo anterior, aumentarían las posibilidades de que un juez de una Corte de Distrito desestime los alegatos y cierre la causa. Aunque –como se sabe– todo puede pasar en un país que tiene un sistema judicial vigoroso e independiente. El tema, la historia y sus implicaciones no pueden generar indiferencia en quienes se dedican a impartir justicia. La moneda está en el aire.
Hasta este momento, el gobierno mexicano, a pesar de la insistencia de una parte de la prensa que se lo ha pedido, no ha sido capaz de asumir una postura pública sobre el tema y explicar las razones y los parámetros desde los cuales decidió intervenir a favor de la inmunidad para el ex presidente de México. No es posible saber si se está de acuerdo o no con el gobierno de la República porque –hasta cuando esto se escribe– simplemente no han respondido a las solicitudes de hacer pública su postura al respecto. Escasamente confirmaron, en una nota de Notimex, lo que Dolia Estévez informó en Noticias MVS y de lo que el ex canciller Jorge Castañeda dio cuenta a través de Twitter sobre la petición de Calderón al gobierno de Obama.
Castañeda se pregunta en uno de sus mensajes: “¿Por qué?”, y alienta, con la pregunta, el debate sobre las motivaciones de Calderón.
No es muy difícil que los analistas coincidan, muy pronto, en que Calderón se está viendo en el espejo de Zedillo. Calderón sabe que la crítica situación en la que deja al país abre la puerta a iniciativas como la que hoy está en la Corte de La Haya impulsada por miles de firmas que le solicitan al fiscal Moreno Ocampo que se ocupe de investigar la situación en México.
El fiscal no ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Pueden pasar años hasta saberlo. El caso colombiano y el hondureño, por el golpe de Estado, ya están en status de observación en esta Corte internacional. Difícil saber el grado de viabilidad de lo que ha impulsado, entre otros, el joven abogado Netzaí Sandoval. Por lo pronto y, por si se ofrece, la inmunidad para el Zedillo de hoy podría ser la base en los alegatos de inmunidad para el Calderón de mañana.
El gobierno de Felipe Calderón decidió enviar, sin hacerlo público, una nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar su intervención y hacer valer, ante la justicia, la figura de inmunidad que reclama, para su defensa, el ex presidente de México Ernesto Zedillo.
El ex mandatario enfrenta una demanda de carácter civil interpuesta en su contra, desde el anonimato, por 10 personas que reclaman derechos de resarcimientos por lo ocurrido en 1997, en torno a la Matanza de Acteal. Alegan los denunciantes, quienes por su condición se presume van acompañados de alguna mano interesada, que el ex Presidente debe pagar por sus presuntas responsabilidades en torno a aquellos hechos.
Probablemente hablaron entre sí, Zedillo y Calderón, y encontraron necesario que el actual gobierno apoyara, con esta petición expresa, la solicitud de que la demanda civil sea desechada.
Zedillo y Calderón pretenden que el juez de la Corte federal de Connecticut que lleva la causa atienda la opinión del Departamento de Estado –de quien esperan un trato amigo– y le dé “carpetazo” a la intentona de colocar a Zedillo en un trance legal que, de perderlo, lo obligaría a pagar hasta 50 millones de dólares, que es lo que pretenden quienes lo acusan ahí.
No sería la primera vez que un juez tome en cuenta la opinión del Ejecutivo norteamericano, cuando el caso tiene implicaciones de política exterior. Además, tanto en México como en Estados Unidos queda claro que, independientemente de que el papel del gobierno de Zedillo en el fenómeno paramilitar y fraticida que se construyó en Chiapas en aquellos años de la rebelión debe ser procesado como se lo han pedido –ahí sí– Las Abejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la demanda civil, presentada desde la penumbra, tiene el tufillo de quien quiere utilizar a la Corte y al caso emblemático de la matanza como el camino para saciar viejos rencores y buscar venganzas políticas contra del ex presidente Zedillo.
Sobran cuatro dedos de una mano para contar los nombres que, de inmediato, vienen a la mente, cuando de imaginar se trata quién podría estar detrás de una operación de esta naturaleza.
La sospecha sobre las verdaderas motivaciones de la acción legal demeritan la propia demanda. Si el Departamento de Estado se pronuncia por la inmunidad de Zedillo, junto con lo anterior, aumentarían las posibilidades de que un juez de una Corte de Distrito desestime los alegatos y cierre la causa. Aunque –como se sabe– todo puede pasar en un país que tiene un sistema judicial vigoroso e independiente. El tema, la historia y sus implicaciones no pueden generar indiferencia en quienes se dedican a impartir justicia. La moneda está en el aire.
Hasta este momento, el gobierno mexicano, a pesar de la insistencia de una parte de la prensa que se lo ha pedido, no ha sido capaz de asumir una postura pública sobre el tema y explicar las razones y los parámetros desde los cuales decidió intervenir a favor de la inmunidad para el ex presidente de México. No es posible saber si se está de acuerdo o no con el gobierno de la República porque –hasta cuando esto se escribe– simplemente no han respondido a las solicitudes de hacer pública su postura al respecto. Escasamente confirmaron, en una nota de Notimex, lo que Dolia Estévez informó en Noticias MVS y de lo que el ex canciller Jorge Castañeda dio cuenta a través de Twitter sobre la petición de Calderón al gobierno de Obama.
Castañeda se pregunta en uno de sus mensajes: “¿Por qué?”, y alienta, con la pregunta, el debate sobre las motivaciones de Calderón.
No es muy difícil que los analistas coincidan, muy pronto, en que Calderón se está viendo en el espejo de Zedillo. Calderón sabe que la crítica situación en la que deja al país abre la puerta a iniciativas como la que hoy está en la Corte de La Haya impulsada por miles de firmas que le solicitan al fiscal Moreno Ocampo que se ocupe de investigar la situación en México.
El fiscal no ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Pueden pasar años hasta saberlo. El caso colombiano y el hondureño, por el golpe de Estado, ya están en status de observación en esta Corte internacional. Difícil saber el grado de viabilidad de lo que ha impulsado, entre otros, el joven abogado Netzaí Sandoval. Por lo pronto y, por si se ofrece, la inmunidad para el Zedillo de hoy podría ser la base en los alegatos de inmunidad para el Calderón de mañana.
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