Alfredo Méndez / La Jornada
En una acción sin precedente, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una alerta migratoria para que se impida la salida de territorio mexicano a los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, revelaron fuentes gubernamentales, ministeriales y judiciales.
Informaron que los tres políticos del Partido Revolucionario Institucional se han negado a comparecer como testigos ante fiscales que investigan el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, quien era candidato del tricolor al gobierno de esa entidad y fue ejecutado en junio de 2010.
También han rechazado comparecer, revelaron las fuentes, en relación con otra indagatoria abierta en la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra los propios ex mandatarios de Tamaulipas, por asuntos ligados con el crimen organizado.
Según esa versión, fiscales de la SIEDO entregaron los pasados días 13 y 15 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dos oficios en los que la autoridad ministerial también ordenó que no se permita viajar al extranjero a familiares de los tres políticos ni a ex funcionarios que colaboraron durante sus administraciones, entre ellos un ex director de Turismo, un ex procurador y un ex subsecretario de Egresos.
Cavazos, Yarrington y Hernández Flores han sido citados a declarar como testigos en dos averiguaciones previas iniciadas por la SIEDO: una por el homicidio de Torre Cantú y otra por delincuencia organizada y lavado de dinero. La PGR ha requerido la colaboración de los tres para que aporten datos que ayuden al desahogo de las pesquisas.
Hasta el momento se desconoce si los ex mandatarios serán acusados de algún delito específico o sólo se les requiere para que rindan testimonio.
Lo que ayer señalaron las fuentes consultadas es que en relación con el homicidio de Torre Cantú los fiscales recabaron la versión de un testigo protegido, quien perteneció al cártel de Los Zetas y supuestamente mencionó al ser interrogado que Yarrington sabía que el candidato priísta sería ejecutado, pues habría estado en una reunión con narcotraficantes en la que se habló del homicidio.
Según testigos que sobrevivieron al ataque en que falleció Rodolfo Torre, el 28 de junio de 2010, los agresores se hicieron pasar por marinos, y al momento de cometer el ataque habrían gritado que era un mensaje de Los Zetas.
La PGR atrajo la indagatoria casi de inmediato, y desde entonces se han recabado más de 40 testimonios, uno de los cuales correspondió a dicho integrante de Los Zetas, detenido en 2011.
Respecto a los otros dos ex gobernadores, sólo se pudo conocer que son investigados en otra averiguación previa, en la cual se menciona que durante sus administraciones habrían estado implicados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque desde las 14 horas de ayer voceros de la PGR anunciaron que se emitiría un comunicado para fijar la postura oficial de la dependencia respecto de este caso, hasta el cierre de esta edición no lo había difundido.
Los oficios que la procuraduría entregó a la SCT están firmados por David Juárez Mora, agente del Ministerio Público de la Federación. En los documentos se menciona a 46 personas, incluidos hermanos y otros parientes de Yarrington y Hernández, sujetos a pesquisa en dos averiguaciones previas abiertas por hechos distintos.
Hasta el momento no está claro si la alerta migratoria se emitió con base en alguna orden de presentación emitida por la SIEDO contra esas 46 personas, aunque es muy probable que así sea, ya que ninguna autoridad migratoria está facultada para restringir garantías individuales si no existe una orden de juez o agente del Ministerio Público.
Uno de los oficios emitido por la SIEDO refiere que las autoridades migratorias no deben autorizar la salida del país (de alguna de las personas mencionadas), y de inmediato deben dar parte (a la PGR); asimismo las aerolíneas deberán informar si se tiene registro de reservación para alguno de sus vuelos.
La alerta incluye, entre otros, a Ricardo Gamundi Rosas, ex dirigente estatal del PRI; Alfonso Salazar Arzola, ex director general de Turismo y Asuntos Internacionales; Fernando Tomás Cayuela Villarreal, ex procurador; Alfredo Sandoval Musi, ex subsecretario de Egresos; Ramiro Rodríguez Cavazos, colaborador de Yarrington, y Carlos Montiel Saeb, ex diputado local.
También se menciona a parientes de los ex gobernadores, como María Antonieta Morales Loo, esposa de Yarrington; sus hijos, María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales, y su hermano, Marco Arturo Yarrington Ruvalcaba. Asimismo, a Eugenia y José Eduardo Hernández Flores, hermanos de otro de los ex gobernadores.
El año pasado la PGR perdió dos casos importantes en tribunales: la indagatoria abierta contra funcionarios públicos de Michoacán ligados al PRD, y otra que se inició contra el priísta Jorge Hank Rhon, a quienes acusó de delitos graves ligados al crimen organizado.
En una acción sin precedente, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una alerta migratoria para que se impida la salida de territorio mexicano a los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, revelaron fuentes gubernamentales, ministeriales y judiciales.
Informaron que los tres políticos del Partido Revolucionario Institucional se han negado a comparecer como testigos ante fiscales que investigan el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, quien era candidato del tricolor al gobierno de esa entidad y fue ejecutado en junio de 2010.
También han rechazado comparecer, revelaron las fuentes, en relación con otra indagatoria abierta en la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra los propios ex mandatarios de Tamaulipas, por asuntos ligados con el crimen organizado.
Según esa versión, fiscales de la SIEDO entregaron los pasados días 13 y 15 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dos oficios en los que la autoridad ministerial también ordenó que no se permita viajar al extranjero a familiares de los tres políticos ni a ex funcionarios que colaboraron durante sus administraciones, entre ellos un ex director de Turismo, un ex procurador y un ex subsecretario de Egresos.
Cavazos, Yarrington y Hernández Flores han sido citados a declarar como testigos en dos averiguaciones previas iniciadas por la SIEDO: una por el homicidio de Torre Cantú y otra por delincuencia organizada y lavado de dinero. La PGR ha requerido la colaboración de los tres para que aporten datos que ayuden al desahogo de las pesquisas.
Hasta el momento se desconoce si los ex mandatarios serán acusados de algún delito específico o sólo se les requiere para que rindan testimonio.
Lo que ayer señalaron las fuentes consultadas es que en relación con el homicidio de Torre Cantú los fiscales recabaron la versión de un testigo protegido, quien perteneció al cártel de Los Zetas y supuestamente mencionó al ser interrogado que Yarrington sabía que el candidato priísta sería ejecutado, pues habría estado en una reunión con narcotraficantes en la que se habló del homicidio.
Según testigos que sobrevivieron al ataque en que falleció Rodolfo Torre, el 28 de junio de 2010, los agresores se hicieron pasar por marinos, y al momento de cometer el ataque habrían gritado que era un mensaje de Los Zetas.
La PGR atrajo la indagatoria casi de inmediato, y desde entonces se han recabado más de 40 testimonios, uno de los cuales correspondió a dicho integrante de Los Zetas, detenido en 2011.
Respecto a los otros dos ex gobernadores, sólo se pudo conocer que son investigados en otra averiguación previa, en la cual se menciona que durante sus administraciones habrían estado implicados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque desde las 14 horas de ayer voceros de la PGR anunciaron que se emitiría un comunicado para fijar la postura oficial de la dependencia respecto de este caso, hasta el cierre de esta edición no lo había difundido.
Los oficios que la procuraduría entregó a la SCT están firmados por David Juárez Mora, agente del Ministerio Público de la Federación. En los documentos se menciona a 46 personas, incluidos hermanos y otros parientes de Yarrington y Hernández, sujetos a pesquisa en dos averiguaciones previas abiertas por hechos distintos.
Hasta el momento no está claro si la alerta migratoria se emitió con base en alguna orden de presentación emitida por la SIEDO contra esas 46 personas, aunque es muy probable que así sea, ya que ninguna autoridad migratoria está facultada para restringir garantías individuales si no existe una orden de juez o agente del Ministerio Público.
Uno de los oficios emitido por la SIEDO refiere que las autoridades migratorias no deben autorizar la salida del país (de alguna de las personas mencionadas), y de inmediato deben dar parte (a la PGR); asimismo las aerolíneas deberán informar si se tiene registro de reservación para alguno de sus vuelos.
La alerta incluye, entre otros, a Ricardo Gamundi Rosas, ex dirigente estatal del PRI; Alfonso Salazar Arzola, ex director general de Turismo y Asuntos Internacionales; Fernando Tomás Cayuela Villarreal, ex procurador; Alfredo Sandoval Musi, ex subsecretario de Egresos; Ramiro Rodríguez Cavazos, colaborador de Yarrington, y Carlos Montiel Saeb, ex diputado local.
También se menciona a parientes de los ex gobernadores, como María Antonieta Morales Loo, esposa de Yarrington; sus hijos, María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales, y su hermano, Marco Arturo Yarrington Ruvalcaba. Asimismo, a Eugenia y José Eduardo Hernández Flores, hermanos de otro de los ex gobernadores.
El año pasado la PGR perdió dos casos importantes en tribunales: la indagatoria abierta contra funcionarios públicos de Michoacán ligados al PRD, y otra que se inició contra el priísta Jorge Hank Rhon, a quienes acusó de delitos graves ligados al crimen organizado.
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