Ricardo Alemán
Durante semanas, tanto en los comederos políticos como en círculos vinculados con el poder presidencial, corrió la especie que aseguraba que sólo era cuestión de tiempo para que el gobierno federal iniciara una feroz persecución de ex gobernadores del PRI.
Según la versión, estaban en la mira del gobierno federal —y de la PGR— ex gobernadores de Tamaulipas, como Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, además del veracruzano Fidel Herrera y el duranguense Ismael Hernández, entre muchos otros.
La persecución judicial de los ex mandatarios de extracción priista —siempre de acuerdo con la misma versión— se llevaría a cabo una vez que el gobierno federal hubiese reunido evidencias de que mantenían presuntos vínculos con las bandas criminales que operaron y siguen operando en los estados que gobernaron. En algunos casos se presumió, incluso, la existencia de grabaciones y escuchas que confirman los presuntos vínculos entre mandatarios y delincuentes.
Ayer, finalmente, la PGR emitió una alerta migratoria que impide que abandonen el país los ex gobernadores Manuel Cavazos —candidato del PRI al Senado—, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, lo que según el PRI —y el primero de los citados— es el inicio de la guerra sucia que preparó el gobierno federal azul, contra el partido tricolor.
Está claro que pocos —o acaso nadie— meterían las manos al fuego por ex mandatarios como los antes citados —en realidad por casi ningún ex gobernador, sea del PRI, del PAN y del PRD—, ya que también es cierto que en las gestiones de mandatarios como los mencionados floreció el crimen y el narcotráfico en Tamaulipas, Veracruz y Durango, por citar sólo tres entidades que están en manos del PRI.
Sin embargo —y concediendo que en entidades como Tamaulipas, Veracruz y Durango la criminalidad vive su apogeo—, sólo los incautos pueden aceptar que estamos ante una preocupación genuina del gobierno federal del PAN por perseguir a los mandatarios del PRI, supuestamente vinculados con las bandas criminales. ¿Por qué el escepticismo?
Por eso mismo, porque sólo un incauto se tragaría el cuento de que en tiempos electorales como los que se viven, apareció una repentina e intensa preocupación del gobierno de Calderón por perseguir a los pillos del PRI. Y es que no es creíble que durante cinco años el gobierno federal no haya encontrado nada que vincule a los mandatarios en cuestión con las bandas mafiosas, y repentinamente aparecen las evidencias al final del sexenio, cuando el gobierno azul enfrenta serias dificultades para refrendar su victoria electoral.
Y no, si no se trata de defender a los indefendibles, corruptos y poco presentables gobernadores del PRI —que en su gran mayoría no han sido más que pillos de siete suelas—, tampoco se trata de tragarnos la pesada rueda de molino de que al final del sexenio, como por arte de magia, aparecieron evidencias de que los ex mandatarios del PRI son unos pillos, justamente cuando al PAN le conviene exhibir, en pleno proceso electoral, que el PRI es la casa de los pillos en México.
Y sí, tendrían razón los jefes del tricolor cuando —una vez confirmada la persecución del gobierno federal contra el PRI— gritan a los cuatro vientos que se inició una peculiar persecución judicial de ex gobernadores del PRI, lo que en el lenguaje de guerra electoral se llama “guerra sucia”.
Lo simpático del asunto es que el presidente Calderón y el PAN, que hoy parecen declarar la guerra sucia contra todo lo que parezca tricolor, son los mismos gobernantes y políticos que —aliados con el PRD— intentaron destruir al PRI y a Peña Nieto con las alianzas contra natura en cuatro gobiernos estatales. ¿Y eso qué?, podría preguntar un incauto.
Pues nada, que es un secreto a voces que el PAN y el PRD —sea por separado o los dos juntos— hacen todo por destruir al PRI de Peña Nieto, sea mediante alianzas electorales o mediante persecución judicial de ex gobernadores del tricolor. Y, claro, se confirma que se pudiera judicializar la contienda electoral. Lo cual, por cierto, también es un secreto a voces. Al tiempo.
EN EL CAMINO.
Y locuaz como suele ser, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, parece que a pesar de lo duro del tiroteo contra el PRI, ni cuenta se ha dado y hasta se pone de “pechito”. ¿A quién se le ocurre enviar a un propio con 25 millones de pesos en dos maletas, dizque para pagar “gastitos”? Claro, al inútil mandatario veracruzano. ¿Y quién le cree? Nadie. Y luego se quejan los priistas de que los confunden con narcos. ¿Qué tal?
Durante semanas, tanto en los comederos políticos como en círculos vinculados con el poder presidencial, corrió la especie que aseguraba que sólo era cuestión de tiempo para que el gobierno federal iniciara una feroz persecución de ex gobernadores del PRI.
Según la versión, estaban en la mira del gobierno federal —y de la PGR— ex gobernadores de Tamaulipas, como Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, además del veracruzano Fidel Herrera y el duranguense Ismael Hernández, entre muchos otros.
La persecución judicial de los ex mandatarios de extracción priista —siempre de acuerdo con la misma versión— se llevaría a cabo una vez que el gobierno federal hubiese reunido evidencias de que mantenían presuntos vínculos con las bandas criminales que operaron y siguen operando en los estados que gobernaron. En algunos casos se presumió, incluso, la existencia de grabaciones y escuchas que confirman los presuntos vínculos entre mandatarios y delincuentes.
Ayer, finalmente, la PGR emitió una alerta migratoria que impide que abandonen el país los ex gobernadores Manuel Cavazos —candidato del PRI al Senado—, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, lo que según el PRI —y el primero de los citados— es el inicio de la guerra sucia que preparó el gobierno federal azul, contra el partido tricolor.
Está claro que pocos —o acaso nadie— meterían las manos al fuego por ex mandatarios como los antes citados —en realidad por casi ningún ex gobernador, sea del PRI, del PAN y del PRD—, ya que también es cierto que en las gestiones de mandatarios como los mencionados floreció el crimen y el narcotráfico en Tamaulipas, Veracruz y Durango, por citar sólo tres entidades que están en manos del PRI.
Sin embargo —y concediendo que en entidades como Tamaulipas, Veracruz y Durango la criminalidad vive su apogeo—, sólo los incautos pueden aceptar que estamos ante una preocupación genuina del gobierno federal del PAN por perseguir a los mandatarios del PRI, supuestamente vinculados con las bandas criminales. ¿Por qué el escepticismo?
Por eso mismo, porque sólo un incauto se tragaría el cuento de que en tiempos electorales como los que se viven, apareció una repentina e intensa preocupación del gobierno de Calderón por perseguir a los pillos del PRI. Y es que no es creíble que durante cinco años el gobierno federal no haya encontrado nada que vincule a los mandatarios en cuestión con las bandas mafiosas, y repentinamente aparecen las evidencias al final del sexenio, cuando el gobierno azul enfrenta serias dificultades para refrendar su victoria electoral.
Y no, si no se trata de defender a los indefendibles, corruptos y poco presentables gobernadores del PRI —que en su gran mayoría no han sido más que pillos de siete suelas—, tampoco se trata de tragarnos la pesada rueda de molino de que al final del sexenio, como por arte de magia, aparecieron evidencias de que los ex mandatarios del PRI son unos pillos, justamente cuando al PAN le conviene exhibir, en pleno proceso electoral, que el PRI es la casa de los pillos en México.
Y sí, tendrían razón los jefes del tricolor cuando —una vez confirmada la persecución del gobierno federal contra el PRI— gritan a los cuatro vientos que se inició una peculiar persecución judicial de ex gobernadores del PRI, lo que en el lenguaje de guerra electoral se llama “guerra sucia”.
Lo simpático del asunto es que el presidente Calderón y el PAN, que hoy parecen declarar la guerra sucia contra todo lo que parezca tricolor, son los mismos gobernantes y políticos que —aliados con el PRD— intentaron destruir al PRI y a Peña Nieto con las alianzas contra natura en cuatro gobiernos estatales. ¿Y eso qué?, podría preguntar un incauto.
Pues nada, que es un secreto a voces que el PAN y el PRD —sea por separado o los dos juntos— hacen todo por destruir al PRI de Peña Nieto, sea mediante alianzas electorales o mediante persecución judicial de ex gobernadores del tricolor. Y, claro, se confirma que se pudiera judicializar la contienda electoral. Lo cual, por cierto, también es un secreto a voces. Al tiempo.
EN EL CAMINO.
Y locuaz como suele ser, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, parece que a pesar de lo duro del tiroteo contra el PRI, ni cuenta se ha dado y hasta se pone de “pechito”. ¿A quién se le ocurre enviar a un propio con 25 millones de pesos en dos maletas, dizque para pagar “gastitos”? Claro, al inútil mandatario veracruzano. ¿Y quién le cree? Nadie. Y luego se quejan los priistas de que los confunden con narcos. ¿Qué tal?
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