Chihuahua: saqueo minero
Blindaje total a depredadores
Carlos Fernández-Vega / México SA
Como buena parte del territorio nacional, el estado de Chihuahua cuenta con enormes reservas minerales que lo convierten en un verdadero tesoro. Sólo para dar una idea, es el segundo productor nacional de oro (16 por ciento del total) y plata (18 por ciento), amén de contar con altísimas existencias de cobre, cadmio, fierro, manganeso y zinc, entre muchos otros. Tan extremadamente rica es la entidad, que sólo en el periodo 2006-2010 el volumen de su producción minera se incrementó cerca de 60 por ciento y el valor de la misma en alrededor de 75 por ciento, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Economía.
En dicho periodo, alrededor de 84 mil millones de pesos redituó la producción minera estatal, y de ese monto 66 por ciento correspondió a oro y plata. Enorme riqueza la de Chihuahua, aunque sin ningún beneficio social, ni para las finanzas estatales (como sucede en toda la República), pues ese río de dinero se quedó en manos de un pequeño grupo de empresas canadienses, estadunidenses y del inefable Grupo México, de Germán Larrea (el de Pasta de Conchos), que explotan los abundantes recursos minerales de, principalmente, los municipios tarahumaras. Otras empresas privadas hacen lo propio, pero con los enormes recursos forestales en igualdad de condiciones, es decir, sin beneficio social ni para las finanzas estatales (tampoco para las federales, porque no existe impuesto o iguala sobre mineral obtenido).
Tal riqueza de oro y plata ha sido extraída, principalmente, de los municipios tarahumaras, es decir, donde los rarámuris carecen de todo y mueren de hambre (no sólo como consecuencia de la actual sequía), por mucho que la versión oficial presuma que la presencia de consorcios mineros privados, nacionales y extranjeras, fomenten un importante crecimiento económico con una amplia inversión de recursos para el desarrollo de los proyectos, generando una gran derrama económica y una valiosa generación de empleos, principalmente en zonas rurales donde en muchas ocasiones no hay otras alternativas viables. Lo cierto es que tales empresas de todo, se quedan con todo, y en el mejor de los casos pagan salarios miserables, obviando las prestaciones de ley.
Alrededor de 50 por ciento del territorio estatal (12.5 millones de hectáreas) ha sido concesionado por el gobierno federal a los consorcios mineros privados (en su mayoría canadienses) para que exploten la riqueza minera de Chihuahua, sin que los beneficios siquiera rocen a los habitantes de la entidad, especialmente los rarámuris. Todos ellos (como sucede en otras zonas del territorio nacional) han visto pasar de lejos la abundancia y la riqueza mineral, pero de muy cerca padecen las consecuencias ecológicas de la depredación.
La Secretaría de Economía del gobierno federal (encargada de concesionar el territorio nacional a los consorcios mineros privados) presume que en los últimos años se ha tenido un incremento en las actividades de exploración en el estado de Chihuahua, motivado principalmente por el alza en el precio de las cotizaciones internacionales de los metales. Las cifras oficiales indican que en el periodo citado la producción de oro se incrementó casi mil 600 por ciento y la de plata 120 por ciento, sin dejar a un lado aumentos sustanciales en plomo, zinc y cobre, de cuyos beneficios los chihuahuenses no han visto un centavo.
El notorio incremento en la producción de oro y plata se debe a los grandes proyectos mineros en la zona tarahumara. Por ejemplo, el Sauzal, en el municipio de Urique; Ocampo y Pinos Altos, en Ocampo; Palmarejo, en Chinipas; Dolores, en Madera; Santa María, en Moris; Concheño, en Ocampo, y Bahuerachi, en Urique. De allí han salido toneladas y toneladas de oro y plata, valuadas en miles de millones de pesos, no sólo por el volumen sino porque los precios de dichos metales registran alzas históricas.
Todos los distritos mineros de Chihuahua se localizan en los municipios tarahumaras. Ni un peso para ellos (tampoco para el erario federal), aunque la Secretaría de Economía promocione que históricamente la minería ha sido pilar en la economía del estado de Chihuahua, como actividad fundadora de importantes centros de población; en la actualidad es un motor que apoya el desarrollo industrial del estado.
Chihuahua, pues, con una riqueza mineral y forestal igual de invaluable que de privatizada, que de nada sirve a sus pobladores, comenzando por los rarámuris. Miles y miles de millones de pesos anuales que ni de lejos benefician a los habitantes de la entidad ni generan mayores ingresos presupuestales (para el estado y la federación), porque los señores del gobierno federal (los actuales y los de antes) se han convertido en simples gestores de negocios privados con los bienes de la nación, y ejemplos sobran.
¿Dónde quedaron esos 84 mil millones de pesos de producción minera en Chihuahua? Simple: en las alforjas de empresas privadas nacionales y extranjeras (la mayoría canadienses), como en el caso de Grupo México de Germán Larrea (consentido de los gobiernos panistas), Mine Finders, Agnico Eagle Mines, Coeur d’Alene Mines, Gold Corp., Gammon Lake, Glamis Gold, Agnico Eagle Mines, Panamerican Goldfields, Gammon Gold y Jinchuan Group (de capital chino). Para dar una idea de qué se trata, a la estadunidense Coeur d’Alene Mines le cuesta 6.5 pesos, aproximadamente, producir una onza de plata, que en el mercado se vende a 130 pesos. Lo anterior, sin considerar el maravilloso paraíso fiscal que para estos consorcios representa México y su benevolente gobierno federal. Ellos se quedan con la riqueza, y los habitantes –con los rarámuris a la cabeza– con la miseria, la explotación y el daño ecológico.
Y lo que sucede en el estado territorialmente más grande de la República con los recursos naturales se reproduce fielmente a lo largo y ancho del país, o lo que es lo mismo, ganancias privadas, pérdidas sociales. Entonces, no sólo por la sequía mueren de hambre los rarámuris.
Las rebanadas del pastel
¡Felicidades! El equipo que permitió la depredación de Mexicana de Aviación y promovió su quiebra ha quedado blindado: Javier Lozano, va al Senado; Juan Molinar Horcasitas con tremendo hueso en el CEN panista, y Ernesto Cordero fue cobijado por Los Pinos con la precandidatura. Sólo faltaba Héctor Rangel Domene, el banquero privado (representante de los barones regiomontanos) disfrazado de banquero público que también se cubre con una senaduría, obviamente por Acción Nacional, aunque nunca recuperó los mil millones de pesos que, con dinero del Bancomext, alegremente prestó a Gastón Azcárraga, el depredador de la citada aerolínea. Y por Calderón no se preocupen: parece que busca vivienda permanente en España o Estados Unidos, donde mejor lo protejan.
Blindaje total a depredadores
Carlos Fernández-Vega / México SA
Como buena parte del territorio nacional, el estado de Chihuahua cuenta con enormes reservas minerales que lo convierten en un verdadero tesoro. Sólo para dar una idea, es el segundo productor nacional de oro (16 por ciento del total) y plata (18 por ciento), amén de contar con altísimas existencias de cobre, cadmio, fierro, manganeso y zinc, entre muchos otros. Tan extremadamente rica es la entidad, que sólo en el periodo 2006-2010 el volumen de su producción minera se incrementó cerca de 60 por ciento y el valor de la misma en alrededor de 75 por ciento, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Economía.
En dicho periodo, alrededor de 84 mil millones de pesos redituó la producción minera estatal, y de ese monto 66 por ciento correspondió a oro y plata. Enorme riqueza la de Chihuahua, aunque sin ningún beneficio social, ni para las finanzas estatales (como sucede en toda la República), pues ese río de dinero se quedó en manos de un pequeño grupo de empresas canadienses, estadunidenses y del inefable Grupo México, de Germán Larrea (el de Pasta de Conchos), que explotan los abundantes recursos minerales de, principalmente, los municipios tarahumaras. Otras empresas privadas hacen lo propio, pero con los enormes recursos forestales en igualdad de condiciones, es decir, sin beneficio social ni para las finanzas estatales (tampoco para las federales, porque no existe impuesto o iguala sobre mineral obtenido).
Tal riqueza de oro y plata ha sido extraída, principalmente, de los municipios tarahumaras, es decir, donde los rarámuris carecen de todo y mueren de hambre (no sólo como consecuencia de la actual sequía), por mucho que la versión oficial presuma que la presencia de consorcios mineros privados, nacionales y extranjeras, fomenten un importante crecimiento económico con una amplia inversión de recursos para el desarrollo de los proyectos, generando una gran derrama económica y una valiosa generación de empleos, principalmente en zonas rurales donde en muchas ocasiones no hay otras alternativas viables. Lo cierto es que tales empresas de todo, se quedan con todo, y en el mejor de los casos pagan salarios miserables, obviando las prestaciones de ley.
Alrededor de 50 por ciento del territorio estatal (12.5 millones de hectáreas) ha sido concesionado por el gobierno federal a los consorcios mineros privados (en su mayoría canadienses) para que exploten la riqueza minera de Chihuahua, sin que los beneficios siquiera rocen a los habitantes de la entidad, especialmente los rarámuris. Todos ellos (como sucede en otras zonas del territorio nacional) han visto pasar de lejos la abundancia y la riqueza mineral, pero de muy cerca padecen las consecuencias ecológicas de la depredación.
La Secretaría de Economía del gobierno federal (encargada de concesionar el territorio nacional a los consorcios mineros privados) presume que en los últimos años se ha tenido un incremento en las actividades de exploración en el estado de Chihuahua, motivado principalmente por el alza en el precio de las cotizaciones internacionales de los metales. Las cifras oficiales indican que en el periodo citado la producción de oro se incrementó casi mil 600 por ciento y la de plata 120 por ciento, sin dejar a un lado aumentos sustanciales en plomo, zinc y cobre, de cuyos beneficios los chihuahuenses no han visto un centavo.
El notorio incremento en la producción de oro y plata se debe a los grandes proyectos mineros en la zona tarahumara. Por ejemplo, el Sauzal, en el municipio de Urique; Ocampo y Pinos Altos, en Ocampo; Palmarejo, en Chinipas; Dolores, en Madera; Santa María, en Moris; Concheño, en Ocampo, y Bahuerachi, en Urique. De allí han salido toneladas y toneladas de oro y plata, valuadas en miles de millones de pesos, no sólo por el volumen sino porque los precios de dichos metales registran alzas históricas.
Todos los distritos mineros de Chihuahua se localizan en los municipios tarahumaras. Ni un peso para ellos (tampoco para el erario federal), aunque la Secretaría de Economía promocione que históricamente la minería ha sido pilar en la economía del estado de Chihuahua, como actividad fundadora de importantes centros de población; en la actualidad es un motor que apoya el desarrollo industrial del estado.
Chihuahua, pues, con una riqueza mineral y forestal igual de invaluable que de privatizada, que de nada sirve a sus pobladores, comenzando por los rarámuris. Miles y miles de millones de pesos anuales que ni de lejos benefician a los habitantes de la entidad ni generan mayores ingresos presupuestales (para el estado y la federación), porque los señores del gobierno federal (los actuales y los de antes) se han convertido en simples gestores de negocios privados con los bienes de la nación, y ejemplos sobran.
¿Dónde quedaron esos 84 mil millones de pesos de producción minera en Chihuahua? Simple: en las alforjas de empresas privadas nacionales y extranjeras (la mayoría canadienses), como en el caso de Grupo México de Germán Larrea (consentido de los gobiernos panistas), Mine Finders, Agnico Eagle Mines, Coeur d’Alene Mines, Gold Corp., Gammon Lake, Glamis Gold, Agnico Eagle Mines, Panamerican Goldfields, Gammon Gold y Jinchuan Group (de capital chino). Para dar una idea de qué se trata, a la estadunidense Coeur d’Alene Mines le cuesta 6.5 pesos, aproximadamente, producir una onza de plata, que en el mercado se vende a 130 pesos. Lo anterior, sin considerar el maravilloso paraíso fiscal que para estos consorcios representa México y su benevolente gobierno federal. Ellos se quedan con la riqueza, y los habitantes –con los rarámuris a la cabeza– con la miseria, la explotación y el daño ecológico.
Y lo que sucede en el estado territorialmente más grande de la República con los recursos naturales se reproduce fielmente a lo largo y ancho del país, o lo que es lo mismo, ganancias privadas, pérdidas sociales. Entonces, no sólo por la sequía mueren de hambre los rarámuris.
Las rebanadas del pastel
¡Felicidades! El equipo que permitió la depredación de Mexicana de Aviación y promovió su quiebra ha quedado blindado: Javier Lozano, va al Senado; Juan Molinar Horcasitas con tremendo hueso en el CEN panista, y Ernesto Cordero fue cobijado por Los Pinos con la precandidatura. Sólo faltaba Héctor Rangel Domene, el banquero privado (representante de los barones regiomontanos) disfrazado de banquero público que también se cubre con una senaduría, obviamente por Acción Nacional, aunque nunca recuperó los mil millones de pesos que, con dinero del Bancomext, alegremente prestó a Gastón Azcárraga, el depredador de la citada aerolínea. Y por Calderón no se preocupen: parece que busca vivienda permanente en España o Estados Unidos, donde mejor lo protejan.
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