Raymundo Riva Palacio
Un nuevo escándalo toca la puerta de 2012. De mantenerse los tiempos de una larga investigación del gobierno estadounidense, esta primavera habrá una acusación formal contra el banco global HSBC por presunto lavado de dinero que involucra a organizaciones criminales en México, en particular al Cártel de Sinaloa, y sobretodo para Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La investigación no está dirigida específicamente a la institución que ya cumplió una década de estar en México, sino contra varios de sus ejecutivos, sobre quienes se sospecha de haber participado en actos ilícitos con el fondo de la Fundación Carroll, que tiene fines caritativos y es investigada por presuntamente haber lavado mil millones de dólares en los paraísos fiscales de Centroamérica y el Caribe.
El entramado de la investigación es complejo. La Fundación Carroll no está relacionada directamente con el presunto lavado de dinero de cárteles mexicanos, pero varios de sus ejecutivos internacionales de HSBC supuestamente falsificaron documentos de esa institución en operaciones off-shore que fueron vinculadas al fondo financiero de la fundación, que tiene un registro fraudulento en Delaware, un estado norteamericano que se distingue por la manera fiscalmente laxa con la que se permite incorporar empresas.
La investigación sobre HSBC se remonta a 2010, cuando la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos sancionó a la institución por deficiencias en sus procedimientos y en su personal en sus mecanismos de control y riesgos.
El Departamento de Justicia inició también una investigación del banco por una serie de depósitos aparentemente irregulares desde México, lo que prendió de inmediato las alarmas, dados los antecedentes de una investigación previa en ese sentido.
El antecedente de HSBC es Wachovia, el banco al que el Departamento de Justicia le probó que de 2003 a 2008 lavó 420 mil millones dólares, parte de ellos del Cártel de Sinaloa. Las investigaciones en Estados Unidos encontraron que “El Chapo” Guzmán lavó millones de dólares a través de la Casa de Cambio Puebla, intervenida por las autoridades mexicanas, que también arrestaron a Pedro Alfonso Alatorre Damy, y lo acusaron de ser operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses calculan que cada año los cárteles mexicanos lavan sobre 36 mil millones de dólares en Estados Unidos, que es poco más de 12% de lo que se calcula lava anualmente el crimen organizado en el mundo.
Información que ha trascendido sobre el caso en la prensa internacional señala que los investigadores encontraron que cuando se probaron las acusaciones contra Wachovia –públicamente se divulgaron hasta la primavera pasada-, el Cártel de Sinaloa transfirió sus operaciones a HSBC.
La organización criminal ha sido sometida a un acoso financiero desde hace una década por Estados Unidos para tratar de interrumpir sus cargamentos de droga hacia esa nación, particularmente de cocaína y metanfetaminas.
Ismael “El Mayo” Zambada, el principal jefe de la organización, se encuentra en la lista del Acta Kingpin desde 2002, y el Cártel de Sinaloa desde 2009. Esta acta la utiliza el Departamento del Tesoro para congelar sus bienes, cuentas y todas las operaciones financieras a su nombre y sancionar a personas o empresas que hagan negocios con ellos. En ese periodo, decenas de familiares y empresas encubiertas de los líderes del Cártel de Sinaloa han sido incorporadas a esa lista para hidratar sus recursos.
Las investigaciones sobre los ejecutivos de HSBC parecen enfocarse sólo en su presunta relación con el Cártel de Sinaloa y no con ningún otro cártel. En este caso también participan las autoridades mexicanas, que ha sido herméticas sobre su contribución a la investigación que, de concretarse, provocará un problema de imagen serio a la institución en México.
El problema de HSBC es que su historia es opaca, y en el caso de lavado de dinero, no sería la primera vez que está involucrada –hay un caso reciente que involucra a funcionarios africanos-, aunque posiblemente, de ser encontrada culpable, tenga que pagar una multa sin precedente que va de 500 a mil millones de dólares, que hará temblar a sus clientes.
Un nuevo escándalo toca la puerta de 2012. De mantenerse los tiempos de una larga investigación del gobierno estadounidense, esta primavera habrá una acusación formal contra el banco global HSBC por presunto lavado de dinero que involucra a organizaciones criminales en México, en particular al Cártel de Sinaloa, y sobretodo para Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La investigación no está dirigida específicamente a la institución que ya cumplió una década de estar en México, sino contra varios de sus ejecutivos, sobre quienes se sospecha de haber participado en actos ilícitos con el fondo de la Fundación Carroll, que tiene fines caritativos y es investigada por presuntamente haber lavado mil millones de dólares en los paraísos fiscales de Centroamérica y el Caribe.
El entramado de la investigación es complejo. La Fundación Carroll no está relacionada directamente con el presunto lavado de dinero de cárteles mexicanos, pero varios de sus ejecutivos internacionales de HSBC supuestamente falsificaron documentos de esa institución en operaciones off-shore que fueron vinculadas al fondo financiero de la fundación, que tiene un registro fraudulento en Delaware, un estado norteamericano que se distingue por la manera fiscalmente laxa con la que se permite incorporar empresas.
La investigación sobre HSBC se remonta a 2010, cuando la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos sancionó a la institución por deficiencias en sus procedimientos y en su personal en sus mecanismos de control y riesgos.
El Departamento de Justicia inició también una investigación del banco por una serie de depósitos aparentemente irregulares desde México, lo que prendió de inmediato las alarmas, dados los antecedentes de una investigación previa en ese sentido.
El antecedente de HSBC es Wachovia, el banco al que el Departamento de Justicia le probó que de 2003 a 2008 lavó 420 mil millones dólares, parte de ellos del Cártel de Sinaloa. Las investigaciones en Estados Unidos encontraron que “El Chapo” Guzmán lavó millones de dólares a través de la Casa de Cambio Puebla, intervenida por las autoridades mexicanas, que también arrestaron a Pedro Alfonso Alatorre Damy, y lo acusaron de ser operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses calculan que cada año los cárteles mexicanos lavan sobre 36 mil millones de dólares en Estados Unidos, que es poco más de 12% de lo que se calcula lava anualmente el crimen organizado en el mundo.
Información que ha trascendido sobre el caso en la prensa internacional señala que los investigadores encontraron que cuando se probaron las acusaciones contra Wachovia –públicamente se divulgaron hasta la primavera pasada-, el Cártel de Sinaloa transfirió sus operaciones a HSBC.
La organización criminal ha sido sometida a un acoso financiero desde hace una década por Estados Unidos para tratar de interrumpir sus cargamentos de droga hacia esa nación, particularmente de cocaína y metanfetaminas.
Ismael “El Mayo” Zambada, el principal jefe de la organización, se encuentra en la lista del Acta Kingpin desde 2002, y el Cártel de Sinaloa desde 2009. Esta acta la utiliza el Departamento del Tesoro para congelar sus bienes, cuentas y todas las operaciones financieras a su nombre y sancionar a personas o empresas que hagan negocios con ellos. En ese periodo, decenas de familiares y empresas encubiertas de los líderes del Cártel de Sinaloa han sido incorporadas a esa lista para hidratar sus recursos.
Las investigaciones sobre los ejecutivos de HSBC parecen enfocarse sólo en su presunta relación con el Cártel de Sinaloa y no con ningún otro cártel. En este caso también participan las autoridades mexicanas, que ha sido herméticas sobre su contribución a la investigación que, de concretarse, provocará un problema de imagen serio a la institución en México.
El problema de HSBC es que su historia es opaca, y en el caso de lavado de dinero, no sería la primera vez que está involucrada –hay un caso reciente que involucra a funcionarios africanos-, aunque posiblemente, de ser encontrada culpable, tenga que pagar una multa sin precedente que va de 500 a mil millones de dólares, que hará temblar a sus clientes.
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