Álvaro Cepeda Neri
Otra vez (y durante el calderonismo van más de 60 ocasiones) surgen voces sinceras y falsas de los gobernantes federales, estatales y municipales, junto con los pronunciamientos de instituciones y organismos nacionales e internacionales, para exigir medidas que garanticen los derechos para ejercer el trabajo de reporteros y periodistas, que son objeto de toda clase de abusos, agresiones y homicidios por parte de funcionarios, presidentes municipales, gobernadores, de Felipe Calderón y los calderonistas (en vivo y en directo), de jueces, magistrados y hasta ministros del Poder Judicial que preside la Suprema Corte (¿de Justicia?, y ¿de la Nación?). También participan legisladores de las entidades y del Congreso de la Unión.
Contra esas libertades, la Procuraduría General de la República (PGR), las procuradurías de las 32 entidades y del Distrito Federal, de inmediato dan entrada a las demandas abusivas de particulares contra los periodistas.
Todos a una, peor que en la real y literaria Fuenteovejuna, es que funcionarios, particulares que no toleran la información ni la crítica y delincuentes, en una tríada de agresores contra los periodistas, en lo que va de 2011 han generado 16 homicidios, y 84 durante los 11 años del panismo; cientos de secuestrados, agredidos y amenazados, y un centenar más que ha solicitado asilo o que tuvieron que emigrar a otros lugares del país y del extranjero.
Dos periódicos de circulación en Sinaloa y Chihuahua: Ríodoce y El Diario de Juárez, que fueron premiados por el cumplimiento de su trabajo y deber, al cubrir información a pesar del contexto de violencia por parte de militares, policías, funcionarios y narcotraficantes, declararon a través de sus directivos Ismael Bojórquez y Osvaldo Rodríguez, respectivamente, que Calderón es incapaz de rectificar para corregir el dramático saldo de sangre.
“No estamos aquí para juzgar la lucha del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, pero tampoco podemos pasar por esta tribuna (la Universidad de Columbia, donde está una de las mejores escuelas de periodismo en Estados Unidos, otorgó a ambos medios uno de los mayores galardones periodísticos internacionales, el premio María Moors Cabot 2011) sin condenar que el jefe del Ejecutivo federal no haya reconocido que se equivocó por la falta de un diagnóstico certero y una estrategia sólida, al conducir al país a niveles de violencia sin precedentes, lo que ha multiplicado el dolor, el sufrimiento y la impunidad”. Y añadieron: “El Estado mexicano no puede garantizar la libertad de expresión; la sociedad no tiene espacios, y el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Los periodistas estamos en medio de una ‘guerra’ y no sabemos si protegernos del gobierno o del narco, y de hecho la mayoría de los ataques [a los periodistas] son de la policía y el Ejército, y muchos de ellos ocurren sin que se den a conocer”.
El caso es que esas críticas se dan, nuevamente, ante un gobierno necio y empeñado, contra viento y marea de los cuestionamientos y peticiones de cambiar el enfrentamiento a muerte, donde son asesinados mexicanos ajenos al conflicto; donde funcionarios insisten en querer otorgar garantías para el desempeño del periodismo, cuando lo que demandamos es la protección a los 112 millones de mexicanos, entre los que están quienes trabajan como reporteros, editores, caricaturistas, analistas, etcétera, de todos los medios de comunicación, que, a pesar de las balas, siguen cubriendo la información para enterar de los hechos políticos, económicos, penales, sociales y culturales que continúan generándose a pesar, muy a pesar, de la “guerra” calderonista. Todos los mexicanos exigen la paz social en las calles.
En la Secretaría de Gobernación (y la PGR) quieren agregar una fracción más a las 30 del artículo 73 constitucional, para que sean competencia federal los delitos graves contra periodistas. Y ya sabemos de todo lo que centralizan y atraen la PGR y la Suprema Corte, sin que dé resultados. Lo que está en cuestión es restaurar la paz social en todo el territorio, que se lograría al resolver el entrampado conflicto de esta “guerra” contra los delincuentes encabezados por los narcotraficantes.
Se debe empezar por impedir que los estadunidenses vendan armas a los delincuentes (la operación Rápido y Furioso regaló a los matones más de 3 mil armas… ¡si serán estúpidos! O es una maniobra perversa para cambiar armas por drogas).
Se requiere legalizar, con el modelo suizo (ver el reporte de Armando Estrop, Reforma, 27 de octubre de 2011), y hasta pactar con los capos un alto a la carnicería que ya nos introdujo en un espantoso “ojo por ojo, diente por diente”, donde mueren militares, marinos, narcotraficantes, niños, estudiantes, madres, padres, campesinos y otros ciudadanos rurales y urbanos.
No se trata de proteger a los periodistas únicamente (¡y vaya que lo necesitan!) sino que de una vez por todas se garantice la vida pacífica de los 112 millones que sobrevivimos en la angustia, el luto familiar, el miedo y la desesperación.
Otra vez (y durante el calderonismo van más de 60 ocasiones) surgen voces sinceras y falsas de los gobernantes federales, estatales y municipales, junto con los pronunciamientos de instituciones y organismos nacionales e internacionales, para exigir medidas que garanticen los derechos para ejercer el trabajo de reporteros y periodistas, que son objeto de toda clase de abusos, agresiones y homicidios por parte de funcionarios, presidentes municipales, gobernadores, de Felipe Calderón y los calderonistas (en vivo y en directo), de jueces, magistrados y hasta ministros del Poder Judicial que preside la Suprema Corte (¿de Justicia?, y ¿de la Nación?). También participan legisladores de las entidades y del Congreso de la Unión.
Contra esas libertades, la Procuraduría General de la República (PGR), las procuradurías de las 32 entidades y del Distrito Federal, de inmediato dan entrada a las demandas abusivas de particulares contra los periodistas.
Todos a una, peor que en la real y literaria Fuenteovejuna, es que funcionarios, particulares que no toleran la información ni la crítica y delincuentes, en una tríada de agresores contra los periodistas, en lo que va de 2011 han generado 16 homicidios, y 84 durante los 11 años del panismo; cientos de secuestrados, agredidos y amenazados, y un centenar más que ha solicitado asilo o que tuvieron que emigrar a otros lugares del país y del extranjero.
Dos periódicos de circulación en Sinaloa y Chihuahua: Ríodoce y El Diario de Juárez, que fueron premiados por el cumplimiento de su trabajo y deber, al cubrir información a pesar del contexto de violencia por parte de militares, policías, funcionarios y narcotraficantes, declararon a través de sus directivos Ismael Bojórquez y Osvaldo Rodríguez, respectivamente, que Calderón es incapaz de rectificar para corregir el dramático saldo de sangre.
“No estamos aquí para juzgar la lucha del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, pero tampoco podemos pasar por esta tribuna (la Universidad de Columbia, donde está una de las mejores escuelas de periodismo en Estados Unidos, otorgó a ambos medios uno de los mayores galardones periodísticos internacionales, el premio María Moors Cabot 2011) sin condenar que el jefe del Ejecutivo federal no haya reconocido que se equivocó por la falta de un diagnóstico certero y una estrategia sólida, al conducir al país a niveles de violencia sin precedentes, lo que ha multiplicado el dolor, el sufrimiento y la impunidad”. Y añadieron: “El Estado mexicano no puede garantizar la libertad de expresión; la sociedad no tiene espacios, y el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Los periodistas estamos en medio de una ‘guerra’ y no sabemos si protegernos del gobierno o del narco, y de hecho la mayoría de los ataques [a los periodistas] son de la policía y el Ejército, y muchos de ellos ocurren sin que se den a conocer”.
El caso es que esas críticas se dan, nuevamente, ante un gobierno necio y empeñado, contra viento y marea de los cuestionamientos y peticiones de cambiar el enfrentamiento a muerte, donde son asesinados mexicanos ajenos al conflicto; donde funcionarios insisten en querer otorgar garantías para el desempeño del periodismo, cuando lo que demandamos es la protección a los 112 millones de mexicanos, entre los que están quienes trabajan como reporteros, editores, caricaturistas, analistas, etcétera, de todos los medios de comunicación, que, a pesar de las balas, siguen cubriendo la información para enterar de los hechos políticos, económicos, penales, sociales y culturales que continúan generándose a pesar, muy a pesar, de la “guerra” calderonista. Todos los mexicanos exigen la paz social en las calles.
En la Secretaría de Gobernación (y la PGR) quieren agregar una fracción más a las 30 del artículo 73 constitucional, para que sean competencia federal los delitos graves contra periodistas. Y ya sabemos de todo lo que centralizan y atraen la PGR y la Suprema Corte, sin que dé resultados. Lo que está en cuestión es restaurar la paz social en todo el territorio, que se lograría al resolver el entrampado conflicto de esta “guerra” contra los delincuentes encabezados por los narcotraficantes.
Se debe empezar por impedir que los estadunidenses vendan armas a los delincuentes (la operación Rápido y Furioso regaló a los matones más de 3 mil armas… ¡si serán estúpidos! O es una maniobra perversa para cambiar armas por drogas).
Se requiere legalizar, con el modelo suizo (ver el reporte de Armando Estrop, Reforma, 27 de octubre de 2011), y hasta pactar con los capos un alto a la carnicería que ya nos introdujo en un espantoso “ojo por ojo, diente por diente”, donde mueren militares, marinos, narcotraficantes, niños, estudiantes, madres, padres, campesinos y otros ciudadanos rurales y urbanos.
No se trata de proteger a los periodistas únicamente (¡y vaya que lo necesitan!) sino que de una vez por todas se garantice la vida pacífica de los 112 millones que sobrevivimos en la angustia, el luto familiar, el miedo y la desesperación.
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