Ricardo Alemán
En un hecho inédito —y que significa el mayor ataque a la libertad de expresión—, el máximo tribunal electoral determinó investigar a 60 estaciones de radio y televisión y a 37 periodistas y conductores, para cursar una demanda que supone que todos esos medios y periodistas se coludieron para favorecer a Fausto Vallejo, candidato del PRI al gobierno de Michoacán.
El despropósito y la estupidez provienen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que debiera ser el garante de elecciones libres en México, pero que en este caso se comporta como moderno tribunal de inquisición.
Resulta que la dirigencia nacional del PAN denunció irregularidades en la elección de Michoacán —en noviembre pasado—, en donde ganó el candidato del PRI, Fausto Vallejo, y fue derrotada Luisa María Calderón, hermana del Presidente.
Está claro que en esas elecciones se produjeron graves irregularidades, sobre todo, por la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, cuyos tentáculos alcanzaron a políticos locales de distintos partidos. Pero el PAN no sólo denunció esas anomalías, sino que también acusó a los medios y a los periodistas, dizque por haber favorecido al candidato del PRI, Fausto Vallejo, en distintas entrevistas.
En una primera instancia, el IFE desechó el reclamo del PAN respecto a la supuesta ilegalidad que significaba entrevistar al candidato del PRI, Fausto Vallejo. Sin embargo, el PAN apeló ante el Tribunal Electoral y, contra el derecho elemental, el TEPJF no sólo le dio la razón al PAN, sino que ordenó al IFE “acreditar la indebida adquisición de tiempo en radio y televisión”. Es decir, da por hecho “la falta” de medios y periodistas.
¿Por qué llegó el Tribunal a esa conclusión? Casi nada, porque los magistrados creen que en las entrevistas que le hicieron a Fausto Vallejo por lo menos 37 periodistas —en 60 frecuencias y estaciones de radio—, se produjo una aparición “sistemática, reiterada, continua y por periodos prolongados de tiempo”. ¿Y eso qué quiere decir?
Pues una conclusión genial: que Fausto Vallejo o su partido, el PRI, habrían comprado no sólo el tiempo, sino a los dueños de las estaciones y canales de radio y televisión y, claro, a los periodistas. Pero además, en su alegato para justificar la grosera mordaza que pretenden imponer —en los comicios federales de este año—, los ministros del Tribunal Electoral nos regalan verdaderas joyas de la estupidez oficial.
Primero, recurren a su propia jurisprudencia —al recurso SUP-RAP-48/2010— para explicar lo siguiente: “Este órgano jurisdiccional arribó a la conclusión de que cuando un candidato o dirigente partidista resulte entrevistado en tiempos previos a la precampaña, (durante la) precampaña y campaña respecto de su parecer, sobre algún tema determinado, no existe impedimento constitucional o legal para que tal candidato perfile en sus respuestas consideraciones que le permitan posicionarse en relación con su específica calidad de candidato”. Hasta aquí todo va bien.
Pero las cosas se convierten en un verdadero galimatías, cuando el Tribunal Electoral establece las limitaciones. Dice: “Sin embargo, ello se debe entender limitado a que sus comentarios se formulen en el contexto de una entrevista cuya naturaleza obliga a que su difusión, a diferencia de los promocionales o spots, se concrete a un número limitado de transmisiones y en un contexto específico, que no le haga perder su calidad de labor periodística”. Y abunda la genialidad.
“Es decir, la entrevista es un género periodístico y no publicitario, como el spot o promocional. Si la naturaleza de la entrevista se desvirtúa y, por ejemplo, se incluye de manera repetitiva en la programación de un canal o estación de radio, resulta claro que adquiere matices de promocional”. ¿Qué tal? Y lo reiteran, por si había dudas.
“En efecto, si la entrevista se difunde de manera repetitiva en diversos espacios y durante un periodo prolongado, o bien fuera de contexto… ello resulta contrario a la normatividad electoral”. ¿Se habrán dado cuenta de la estupidez que plantearon los “genios” del Tribunal Electoral?
En pocas palabras, asistimos a la muerte, por decreto, del periodismo; al mayor acto de censura oficial. Y es que lo que no logró el PRI autoritario y represor, lo consiguió la democracia electoral: matar al periodismo.
Y, si tienen dudas, resulta que la empresa Televisa decidió cancelar todas las entrevistas a candidatos a puestos de elección popular, en toda su programación y en todos sus canales. ¿La razón? Para no ser sancionada.
En un hecho inédito —y que significa el mayor ataque a la libertad de expresión—, el máximo tribunal electoral determinó investigar a 60 estaciones de radio y televisión y a 37 periodistas y conductores, para cursar una demanda que supone que todos esos medios y periodistas se coludieron para favorecer a Fausto Vallejo, candidato del PRI al gobierno de Michoacán.
El despropósito y la estupidez provienen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que debiera ser el garante de elecciones libres en México, pero que en este caso se comporta como moderno tribunal de inquisición.
Resulta que la dirigencia nacional del PAN denunció irregularidades en la elección de Michoacán —en noviembre pasado—, en donde ganó el candidato del PRI, Fausto Vallejo, y fue derrotada Luisa María Calderón, hermana del Presidente.
Está claro que en esas elecciones se produjeron graves irregularidades, sobre todo, por la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, cuyos tentáculos alcanzaron a políticos locales de distintos partidos. Pero el PAN no sólo denunció esas anomalías, sino que también acusó a los medios y a los periodistas, dizque por haber favorecido al candidato del PRI, Fausto Vallejo, en distintas entrevistas.
En una primera instancia, el IFE desechó el reclamo del PAN respecto a la supuesta ilegalidad que significaba entrevistar al candidato del PRI, Fausto Vallejo. Sin embargo, el PAN apeló ante el Tribunal Electoral y, contra el derecho elemental, el TEPJF no sólo le dio la razón al PAN, sino que ordenó al IFE “acreditar la indebida adquisición de tiempo en radio y televisión”. Es decir, da por hecho “la falta” de medios y periodistas.
¿Por qué llegó el Tribunal a esa conclusión? Casi nada, porque los magistrados creen que en las entrevistas que le hicieron a Fausto Vallejo por lo menos 37 periodistas —en 60 frecuencias y estaciones de radio—, se produjo una aparición “sistemática, reiterada, continua y por periodos prolongados de tiempo”. ¿Y eso qué quiere decir?
Pues una conclusión genial: que Fausto Vallejo o su partido, el PRI, habrían comprado no sólo el tiempo, sino a los dueños de las estaciones y canales de radio y televisión y, claro, a los periodistas. Pero además, en su alegato para justificar la grosera mordaza que pretenden imponer —en los comicios federales de este año—, los ministros del Tribunal Electoral nos regalan verdaderas joyas de la estupidez oficial.
Primero, recurren a su propia jurisprudencia —al recurso SUP-RAP-48/2010— para explicar lo siguiente: “Este órgano jurisdiccional arribó a la conclusión de que cuando un candidato o dirigente partidista resulte entrevistado en tiempos previos a la precampaña, (durante la) precampaña y campaña respecto de su parecer, sobre algún tema determinado, no existe impedimento constitucional o legal para que tal candidato perfile en sus respuestas consideraciones que le permitan posicionarse en relación con su específica calidad de candidato”. Hasta aquí todo va bien.
Pero las cosas se convierten en un verdadero galimatías, cuando el Tribunal Electoral establece las limitaciones. Dice: “Sin embargo, ello se debe entender limitado a que sus comentarios se formulen en el contexto de una entrevista cuya naturaleza obliga a que su difusión, a diferencia de los promocionales o spots, se concrete a un número limitado de transmisiones y en un contexto específico, que no le haga perder su calidad de labor periodística”. Y abunda la genialidad.
“Es decir, la entrevista es un género periodístico y no publicitario, como el spot o promocional. Si la naturaleza de la entrevista se desvirtúa y, por ejemplo, se incluye de manera repetitiva en la programación de un canal o estación de radio, resulta claro que adquiere matices de promocional”. ¿Qué tal? Y lo reiteran, por si había dudas.
“En efecto, si la entrevista se difunde de manera repetitiva en diversos espacios y durante un periodo prolongado, o bien fuera de contexto… ello resulta contrario a la normatividad electoral”. ¿Se habrán dado cuenta de la estupidez que plantearon los “genios” del Tribunal Electoral?
En pocas palabras, asistimos a la muerte, por decreto, del periodismo; al mayor acto de censura oficial. Y es que lo que no logró el PRI autoritario y represor, lo consiguió la democracia electoral: matar al periodismo.
Y, si tienen dudas, resulta que la empresa Televisa decidió cancelar todas las entrevistas a candidatos a puestos de elección popular, en toda su programación y en todos sus canales. ¿La razón? Para no ser sancionada.
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