Francisco Rodríguez / Índice Político
El acuerdo se habría gestado en el mes de abril de 2011. Un arreglo para llevar a cabo una suerte de proceso democrático a través del cual se seleccionaría al candidato presidencial de las llamadas izquierdas que, indefectiblemente, concluiría con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. No había duda.
Dos fueron las líneas argumentales en aquel momento. La primera, que López Obrador es en todo el país el más conocido de los personajes de ese sector de la geometría política, no sólo porque ya fue candidato –para muchos, incluso, el legítimo ganador de la contienda del 2006–, también porque ha recorrido todos y cada uno de los municipios del país, en tanto que a Marcelo Ebrard se le conoce sólo en el centro de la República.
Y la segunda, la del beneficio económico que para el PRD y la izquierda unida representaría la candidatura de AMLO por el acceso a los recursos que el IFE entregara vía prerrogativas: más votos igual a más recursos.
A cambio de lo anterior, se pactó desde entonces, Los Chuchos “administrarían” los cuantiosos recursos… Y el jefe de Gobierno, Ebrard, tendría la facultad absoluta de maniobra y selección del candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Así las cosas, Ebrard empezó a maniobrar desde esas fechas a favor del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Ejerció y ejerce el derecho que le asignó el pacto de abril de 2011.
Ha jugado con las aspiraciones de otros. Entre otros, las de Mario Delgado, su secretario de Educación que lo fuera también de Finanzas. Pero son fintas. Su candidato de siempre ha sido su procurador de dizque justicia.
El argumento fue y es uno sólo –que además utilizo Ebrard durante el año en que encabezó a la Conferencia Nacional de Gobernadores–, que la ciudad de México durante su administración se habría convertido en las más segura del país.
Esto, claro, sin importar el maquillaje de cifras en relación a secuestros, robos y asaltos, pero sobre todo a la proliferación de giros negros, centros de distribución de doga –estimados en 7 mil– y la privación ilegal de la libertad y fabricación de culpables cometidos por Mancera Espinosa.
Antecedentes hay varios. Basta citar el más reciente, ocurrido el pasado mes de diciembre, cuando Mancera arraigó por casi 30 días de manera ilegal y sin prueba alguna a Alfredo Marichal Cancino, por el supuesto asesinato de su tía, la actriz Julia Marichal Martínez, a quien el pasado 29 de diciembre tuvo que poner en libertad, ¿con el clásico usted disculpe?, posterior a la detención de Pedro Oswaldo Castellanos González, Autos confeso del homicidio.
Para Macera o “Platino” que es su código de identificación o indicativo de seguridad, la ley se maneja al clásico estilo mexicano: todos somos culpables hasta en tanto no demostremos lo contrario. La presunción de inocencia, pues, vale para lo que su unta al queso.
Pero nada de eso importa. La validación de Mancera para la candidatura al gobierno del Distrito Federal le habría sido sellada el pasado lunes 12 de diciembre, fecha en la que hasta su oficina ubicada en la colonia de Los Doctores, llegó el propio Andrés Manuel López Obrador, quien permaneció en cónclave con quien también será ungido por espacio de dos horas.
Ese día también se autorizo la designación del íntimo amigo y socio de Mancera, José Ramón Amieva, todavía Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, como el sucesor en la titularidad de la PGJDF… a menos, claro, que Felipe Calderón diga otra cosa.
Sin embargo y de concretarse esta designación Mancera, tendrá que aclarar varias cosas: la protección a grupos delincuenciales, los 7 mil centros de distribución de droga y el enriquecimiento inexplicable, por citar algunos.
Índice Flamígero: Casos como el del condenable arraigo de Alfredo Marichal Cancino –y las vejaciones de las que fueron objeto él y su familia– no son nuevos. Basta recordar el suceso ocurrido en diciembre de 2005, cuando José Antonio Zúñiga Rodríguez fue detenido, acusado, encarcelado y sentenciado a 20 años de privación de la libertad, sin evidencias, por un homicidio calificado, para cinco años después ser liberado con el clásico usted disculpe. Este caso ameritó incluso la exhibición del documental “Presunto Culpable” que se pretendió censurar. Ojala el día de mañana no salgan con un usted disculpe por presunta designación de Mancera y los 47 –sí, 47– escoltas que lo cuidan.
El acuerdo se habría gestado en el mes de abril de 2011. Un arreglo para llevar a cabo una suerte de proceso democrático a través del cual se seleccionaría al candidato presidencial de las llamadas izquierdas que, indefectiblemente, concluiría con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. No había duda.
Dos fueron las líneas argumentales en aquel momento. La primera, que López Obrador es en todo el país el más conocido de los personajes de ese sector de la geometría política, no sólo porque ya fue candidato –para muchos, incluso, el legítimo ganador de la contienda del 2006–, también porque ha recorrido todos y cada uno de los municipios del país, en tanto que a Marcelo Ebrard se le conoce sólo en el centro de la República.
Y la segunda, la del beneficio económico que para el PRD y la izquierda unida representaría la candidatura de AMLO por el acceso a los recursos que el IFE entregara vía prerrogativas: más votos igual a más recursos.
A cambio de lo anterior, se pactó desde entonces, Los Chuchos “administrarían” los cuantiosos recursos… Y el jefe de Gobierno, Ebrard, tendría la facultad absoluta de maniobra y selección del candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Así las cosas, Ebrard empezó a maniobrar desde esas fechas a favor del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Ejerció y ejerce el derecho que le asignó el pacto de abril de 2011.
Ha jugado con las aspiraciones de otros. Entre otros, las de Mario Delgado, su secretario de Educación que lo fuera también de Finanzas. Pero son fintas. Su candidato de siempre ha sido su procurador de dizque justicia.
El argumento fue y es uno sólo –que además utilizo Ebrard durante el año en que encabezó a la Conferencia Nacional de Gobernadores–, que la ciudad de México durante su administración se habría convertido en las más segura del país.
Esto, claro, sin importar el maquillaje de cifras en relación a secuestros, robos y asaltos, pero sobre todo a la proliferación de giros negros, centros de distribución de doga –estimados en 7 mil– y la privación ilegal de la libertad y fabricación de culpables cometidos por Mancera Espinosa.
Antecedentes hay varios. Basta citar el más reciente, ocurrido el pasado mes de diciembre, cuando Mancera arraigó por casi 30 días de manera ilegal y sin prueba alguna a Alfredo Marichal Cancino, por el supuesto asesinato de su tía, la actriz Julia Marichal Martínez, a quien el pasado 29 de diciembre tuvo que poner en libertad, ¿con el clásico usted disculpe?, posterior a la detención de Pedro Oswaldo Castellanos González, Autos confeso del homicidio.
Para Macera o “Platino” que es su código de identificación o indicativo de seguridad, la ley se maneja al clásico estilo mexicano: todos somos culpables hasta en tanto no demostremos lo contrario. La presunción de inocencia, pues, vale para lo que su unta al queso.
Pero nada de eso importa. La validación de Mancera para la candidatura al gobierno del Distrito Federal le habría sido sellada el pasado lunes 12 de diciembre, fecha en la que hasta su oficina ubicada en la colonia de Los Doctores, llegó el propio Andrés Manuel López Obrador, quien permaneció en cónclave con quien también será ungido por espacio de dos horas.
Ese día también se autorizo la designación del íntimo amigo y socio de Mancera, José Ramón Amieva, todavía Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, como el sucesor en la titularidad de la PGJDF… a menos, claro, que Felipe Calderón diga otra cosa.
Sin embargo y de concretarse esta designación Mancera, tendrá que aclarar varias cosas: la protección a grupos delincuenciales, los 7 mil centros de distribución de droga y el enriquecimiento inexplicable, por citar algunos.
Índice Flamígero: Casos como el del condenable arraigo de Alfredo Marichal Cancino –y las vejaciones de las que fueron objeto él y su familia– no son nuevos. Basta recordar el suceso ocurrido en diciembre de 2005, cuando José Antonio Zúñiga Rodríguez fue detenido, acusado, encarcelado y sentenciado a 20 años de privación de la libertad, sin evidencias, por un homicidio calificado, para cinco años después ser liberado con el clásico usted disculpe. Este caso ameritó incluso la exhibición del documental “Presunto Culpable” que se pretendió censurar. Ojala el día de mañana no salgan con un usted disculpe por presunta designación de Mancera y los 47 –sí, 47– escoltas que lo cuidan.
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