Denisse Dresser
Hay una emergencia en Pemex de la que pocos hablan. Hay una debacle en Pemex de la que pocos parecen estar conscientes. Involucra a narcotraficantes y a funcionarios, a contratistas y a ordeñadores, a proveedores y a desfalcadores. Tiene que ver con el crimen organizado y cómo ha infiltrado a la paraestatal; tiene que ver con la corrupción y cómo la ha permeado; tiene que ver con el robo descomunal del patrimonio nacional. Como escribe Ana Lilia Pérez en “El Cártel Negro”, Pemex se ha convertido en un sitio para la construcción de emporios personales y negocios individuales. Operación ilegal tras operación ilegal, Pemex ha procreado una criatura invencible que ahora amenaza con devorar a la empresa.
Pemex se ha convertido en un verdadero campo de batalla en el cual se levantan retenes, se expropian predios, se ocupan derechos de vía, se controla el acceso a sus instalaciones. Grupos criminales incluso han tomado el control de algunos pozos desde donde abastecen ilegalmente a compradores en Estados Unidos y Europa. Todos los días se dan actos vandálicos, robos de combustible, saqueos de plataformas. Tan es así que entre 2001 y 2011 Pemex fue objeto de más de 40 mil “incidentes”. El área jurídica de la paraestatal presentó 2 mil 611 denuncias por ordeña y tomas clandestinas, pero sólo 15 concluyeron en sentencia. Las pérdidas son comparables –según Pemex– con la caída de la producción petrolera de Cantarell. De esa magnitud es el daño; de esa dimensión es el desfalco.
El escenario es grave y perturbador. Funcionarios ejecutados, trabajadores desaparecidos, contratistas secuestrados, extorsionados y obligados a pagar derecho de piso, robos técnicamente más especializados. Más aún, Pemex identifica a Sinaloa como la entidad que registró la mayor sustracción de refinados mediante tomas clandestinas. Sinaloa, el área de operación de “El Chapo” Guzmán. Sinaloa, zona de una grave incursión de la delincuencia organizada en las actividades de Petróleos Mexicanos. Sinaloa, tierra de nadie.
Y el problema es que la paraestatal no es sólo víctima; también es cómplice. En las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se han firmado contratos con cientos de compañías que no tienen infraestructura ni cumplen con los requisitos básicos para participar en las licitaciones de Pemex.
El tubo del “oro negro” se ha convertido en una importante fuente de ingresos para la mafia, pero este fenómeno no es algo nuevo. Es producto de muchos años de tejer redes de apoyo y colaboración con los empleados y los contratistas de Pemex. Ahora esas redes son responsables de la sustracción de condensado de la Cuenca de Burgos y su introducción –vía contrabando– a territorio estadounidense. Desde 2006 el área de inteligencia de la paraestatal informó a los directivos de Pemex sobre el hurto, pero ellos decidieron callar y clasificar los robos como información reservada por 12 años. Ellos decidieron respetar el código compartido de silencio, la omertá. Ante denuncias crecientes, sorprende la respuesta de la Secretaría de la Función Pública: “Incompetencia para investigar”.
Por ello hay que exigir al director de Petróleos Mexicanos –Juan José Suárez Coppel– que informe cuánto sabe y qué piensa hacer con la información que posee. Hay que demandar que presente un plan de acción frente a lo que es un grave daño patrimonial al país. Hay que preguntar cómo se ha dado la infiltración criminal y cómo responderá el gobierno para frenarla. Porque desde sus lujosas y blindadas oficinas de Marina Nacional, los directores de Pemex parecen ajenos a la caótica realidad en los campos, en los pozos, en la plataformas, en cada una de las instalaciones operativas. Porque las tomas clandestinas en el 2011 se incrementaron en 300 por ciento, a más de tres tomas promedio al día. Porque el crimen organizado no sólo mata; ahora vive pegado al tubo.
Hay una emergencia en Pemex de la que pocos hablan. Hay una debacle en Pemex de la que pocos parecen estar conscientes. Involucra a narcotraficantes y a funcionarios, a contratistas y a ordeñadores, a proveedores y a desfalcadores. Tiene que ver con el crimen organizado y cómo ha infiltrado a la paraestatal; tiene que ver con la corrupción y cómo la ha permeado; tiene que ver con el robo descomunal del patrimonio nacional. Como escribe Ana Lilia Pérez en “El Cártel Negro”, Pemex se ha convertido en un sitio para la construcción de emporios personales y negocios individuales. Operación ilegal tras operación ilegal, Pemex ha procreado una criatura invencible que ahora amenaza con devorar a la empresa.
Pemex se ha convertido en un verdadero campo de batalla en el cual se levantan retenes, se expropian predios, se ocupan derechos de vía, se controla el acceso a sus instalaciones. Grupos criminales incluso han tomado el control de algunos pozos desde donde abastecen ilegalmente a compradores en Estados Unidos y Europa. Todos los días se dan actos vandálicos, robos de combustible, saqueos de plataformas. Tan es así que entre 2001 y 2011 Pemex fue objeto de más de 40 mil “incidentes”. El área jurídica de la paraestatal presentó 2 mil 611 denuncias por ordeña y tomas clandestinas, pero sólo 15 concluyeron en sentencia. Las pérdidas son comparables –según Pemex– con la caída de la producción petrolera de Cantarell. De esa magnitud es el daño; de esa dimensión es el desfalco.
El escenario es grave y perturbador. Funcionarios ejecutados, trabajadores desaparecidos, contratistas secuestrados, extorsionados y obligados a pagar derecho de piso, robos técnicamente más especializados. Más aún, Pemex identifica a Sinaloa como la entidad que registró la mayor sustracción de refinados mediante tomas clandestinas. Sinaloa, el área de operación de “El Chapo” Guzmán. Sinaloa, zona de una grave incursión de la delincuencia organizada en las actividades de Petróleos Mexicanos. Sinaloa, tierra de nadie.
Y el problema es que la paraestatal no es sólo víctima; también es cómplice. En las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se han firmado contratos con cientos de compañías que no tienen infraestructura ni cumplen con los requisitos básicos para participar en las licitaciones de Pemex.
El tubo del “oro negro” se ha convertido en una importante fuente de ingresos para la mafia, pero este fenómeno no es algo nuevo. Es producto de muchos años de tejer redes de apoyo y colaboración con los empleados y los contratistas de Pemex. Ahora esas redes son responsables de la sustracción de condensado de la Cuenca de Burgos y su introducción –vía contrabando– a territorio estadounidense. Desde 2006 el área de inteligencia de la paraestatal informó a los directivos de Pemex sobre el hurto, pero ellos decidieron callar y clasificar los robos como información reservada por 12 años. Ellos decidieron respetar el código compartido de silencio, la omertá. Ante denuncias crecientes, sorprende la respuesta de la Secretaría de la Función Pública: “Incompetencia para investigar”.
Por ello hay que exigir al director de Petróleos Mexicanos –Juan José Suárez Coppel– que informe cuánto sabe y qué piensa hacer con la información que posee. Hay que demandar que presente un plan de acción frente a lo que es un grave daño patrimonial al país. Hay que preguntar cómo se ha dado la infiltración criminal y cómo responderá el gobierno para frenarla. Porque desde sus lujosas y blindadas oficinas de Marina Nacional, los directores de Pemex parecen ajenos a la caótica realidad en los campos, en los pozos, en la plataformas, en cada una de las instalaciones operativas. Porque las tomas clandestinas en el 2011 se incrementaron en 300 por ciento, a más de tres tomas promedio al día. Porque el crimen organizado no sólo mata; ahora vive pegado al tubo.
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