Carlos Ramírez / Indicador Político
A la memoria viva de Aurora Berdejo, siempre presente
En esas imágenes circulares de la historia, Fernando Gutiérrez Barrios murió antes de las elecciones del 2000 que le quitaron la presidencia de la república al PRI; y antes de las elecciones que según las encuestas podrían marcar el regreso del PRI a Los Pinos falleció Miguel Nazar Haro, el otro cancerbero de la seguridad del Estado priísta.
Con los dos se fueron los secretos del poder autoritario, las reglas autoritarias del PRI para reprimir la disidencia --armada y pacífica, siempre política--, los expedientes de los asesinados, desaparecidos y doblegados para impedir las demandas democráticas; y sobre todo, los datos de la verdadera violación de los derechos humanos: la represión política para impedir la entrega del poder por la vía democrática.
Las dos muertes por razones naturales dejaron mensajes políticos: Gutiérrez Barrios, caballeroso, de modales finos, leal a la amistad, pero duro a la hora mantener la seguridad política del Estado priísta, representó durante casi cincuenta años el poder y la fuerza de la policía política e iba a enfrentar las demandas sociales propias de la derrota del PRI; Nazar, perseguido con acusaciones probadas pero en un sistema judicial que no cambió porque también estuvo en las estructuras de la represión de Estado priísta, con la imagen del juez de consigna Eduardo Ferrer MacGregor que cerró las rejas dejando a disidentes dentro y sin derechos ni garantías constitucionales.
Así como Gutiérrez Barrios en el 2000, Nazar en este temprano y decisivo 2012 fueron el recordatorio del expediente abierto y aplazado de la represión priísta desde la fundación del Estado priísta en 1929 para mantener el poder y eludir las reglas democráticas. Si bien el aparato de represión de la policía política mexicana se justificó por presiones de la CIA y el gobierno de los EU para espiar, reprimir y perseguir aliados a la Unión Soviética, en la política interna actuó exactamente de la mis a manera: una guerra fría mexicana para castigar por la fuerza y al margen de la ley a los que pugnaban por la alternancia partidista en el poder nacional: el PRI contra la protesta social violenta de izquierda.
La policía política del PRI, la temible Dirección Federal de Seguridad, fue fundada a instancias de la entonces incipiente CIA y su tarea fue fundamentalmente política: defender el modelo capitalista y a su clase dominante; no por menos, por ejemplo, importantes empresarios cuidaron a Nazar cuando fue arrestado y encarcelado en la prisión de Topo Chico y ahora fueron empresarios los que llenaron los periódicos de sentidas esquelas por Nazar.
La muerte de Nazar ha sido, pues, otro recordatorio de los pendientes del PRI porque revive la represión como una de las tres herencias malditas de setenta y un años en el poder; las otras dos tienen también al país sin salidas a corto plazo: la pobreza estructural y la corrupción orgánica. Pero no está por demás que la muerte de Nazar por causas naturales, sin que el sistema judicial heredado también del priísmo haya podido castigar sus crímenes políticos, se dé en el contexto de esa preocupación parcial de la sociedad por los derechos humanos.
Es paradójico que la disidencia haya podido armar un aparato de protesta por la muerte de narcos y criminales en el contexto de la estrategia gubernamental contra los cárteles del crimen organizado y aún guarde silencio cómplice por la verdadera represión política y social del Estado priísta; y también es significativo que la sociedad mexicana que echó al PRI del poder por sus saldos de represión, corrupción y pobreza ahora está mandando señales en las encuestas de que prefiere al PRI de regreso al poder, aunque sea el mismo PRI del pasado y con expedientes abiertos en la represión de la democracia que, contradictoriamente, el PRI combatió con el crimen de Estado para impedirla.
Gutiérrez Barrios y Nazar no fueron sólo los encargados del aparato de represión política del Estado para proteger a México de la guerra fría Estados Unidos-Unión Soviética, sino que reprodujeron al interior del país esas contradicciones ante los enemigos internos. Pero, en descargo, no por decisión propia o por genes represivos, sino porque el Estado priísta eludió el ejercicio de la democracia y hubo de reprimir la disidencia política para no perder el poder. A lo largo de toda su vida, el Estado priísta violó los derechos humanos de la disidencia como objetivo político y de seguridad nacional interna y no, como hoy, por daños colaterales en la lucha contra los cárteles del crimen organizado.
Antes de exigirle cuentas al PRI de esos expedientes represivos abiertos, la sociedad ya quiere que regrese al poder el priísmo que persiguió, torturó y reprimió disidentes para poder mantener al PRI en el poder absoluto. La represión política de la Federal de Seguridad --de la que fueron jefes Gutiérrez Barrios y Nazar-- no fue colateral sino como objetivo, institucional, de Estado.
Y tampoco debe olvidarse el hecho de que los cárteles del narco crecieron y se fortalecieron por el apoyo directo de los organismos de seguridad nacional, como se probó en 1985 cuando el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar mostró que la Federal de Seguridad y la Judicial Federal apadrinaban a los capos por razones de complicidad, pero también políticas y de Estado: los narcos ocupaban espacios territoriales rurales donde operaban las guerrillas y espiaban para el Estado. El director de la Federal de Seguridad durante la gestión de Manuel Bartlett en Gobernación, José Antonio Zorrilla Pérez, fue uno de los aliados del narco y está en la cárcel realmente no por el asesinato de Buendía sino por haberse asociado al servicio secreto de Alemania comunista y haber alejado a la DFS de la CIA y acercado al KGB soviético.
De ahí que la muerte de Nazar le recuerde a la sociedad los expedientes abiertos de la verdadera violación de derechos humanos de disidentes. Y la muerte natural de Nazar dejó el mensaje de que el PRI puede regresar a Los Pinos sin haber saldado esa cuenta histórica.
A la memoria viva de Aurora Berdejo, siempre presente
En esas imágenes circulares de la historia, Fernando Gutiérrez Barrios murió antes de las elecciones del 2000 que le quitaron la presidencia de la república al PRI; y antes de las elecciones que según las encuestas podrían marcar el regreso del PRI a Los Pinos falleció Miguel Nazar Haro, el otro cancerbero de la seguridad del Estado priísta.
Con los dos se fueron los secretos del poder autoritario, las reglas autoritarias del PRI para reprimir la disidencia --armada y pacífica, siempre política--, los expedientes de los asesinados, desaparecidos y doblegados para impedir las demandas democráticas; y sobre todo, los datos de la verdadera violación de los derechos humanos: la represión política para impedir la entrega del poder por la vía democrática.
Las dos muertes por razones naturales dejaron mensajes políticos: Gutiérrez Barrios, caballeroso, de modales finos, leal a la amistad, pero duro a la hora mantener la seguridad política del Estado priísta, representó durante casi cincuenta años el poder y la fuerza de la policía política e iba a enfrentar las demandas sociales propias de la derrota del PRI; Nazar, perseguido con acusaciones probadas pero en un sistema judicial que no cambió porque también estuvo en las estructuras de la represión de Estado priísta, con la imagen del juez de consigna Eduardo Ferrer MacGregor que cerró las rejas dejando a disidentes dentro y sin derechos ni garantías constitucionales.
Así como Gutiérrez Barrios en el 2000, Nazar en este temprano y decisivo 2012 fueron el recordatorio del expediente abierto y aplazado de la represión priísta desde la fundación del Estado priísta en 1929 para mantener el poder y eludir las reglas democráticas. Si bien el aparato de represión de la policía política mexicana se justificó por presiones de la CIA y el gobierno de los EU para espiar, reprimir y perseguir aliados a la Unión Soviética, en la política interna actuó exactamente de la mis a manera: una guerra fría mexicana para castigar por la fuerza y al margen de la ley a los que pugnaban por la alternancia partidista en el poder nacional: el PRI contra la protesta social violenta de izquierda.
La policía política del PRI, la temible Dirección Federal de Seguridad, fue fundada a instancias de la entonces incipiente CIA y su tarea fue fundamentalmente política: defender el modelo capitalista y a su clase dominante; no por menos, por ejemplo, importantes empresarios cuidaron a Nazar cuando fue arrestado y encarcelado en la prisión de Topo Chico y ahora fueron empresarios los que llenaron los periódicos de sentidas esquelas por Nazar.
La muerte de Nazar ha sido, pues, otro recordatorio de los pendientes del PRI porque revive la represión como una de las tres herencias malditas de setenta y un años en el poder; las otras dos tienen también al país sin salidas a corto plazo: la pobreza estructural y la corrupción orgánica. Pero no está por demás que la muerte de Nazar por causas naturales, sin que el sistema judicial heredado también del priísmo haya podido castigar sus crímenes políticos, se dé en el contexto de esa preocupación parcial de la sociedad por los derechos humanos.
Es paradójico que la disidencia haya podido armar un aparato de protesta por la muerte de narcos y criminales en el contexto de la estrategia gubernamental contra los cárteles del crimen organizado y aún guarde silencio cómplice por la verdadera represión política y social del Estado priísta; y también es significativo que la sociedad mexicana que echó al PRI del poder por sus saldos de represión, corrupción y pobreza ahora está mandando señales en las encuestas de que prefiere al PRI de regreso al poder, aunque sea el mismo PRI del pasado y con expedientes abiertos en la represión de la democracia que, contradictoriamente, el PRI combatió con el crimen de Estado para impedirla.
Gutiérrez Barrios y Nazar no fueron sólo los encargados del aparato de represión política del Estado para proteger a México de la guerra fría Estados Unidos-Unión Soviética, sino que reprodujeron al interior del país esas contradicciones ante los enemigos internos. Pero, en descargo, no por decisión propia o por genes represivos, sino porque el Estado priísta eludió el ejercicio de la democracia y hubo de reprimir la disidencia política para no perder el poder. A lo largo de toda su vida, el Estado priísta violó los derechos humanos de la disidencia como objetivo político y de seguridad nacional interna y no, como hoy, por daños colaterales en la lucha contra los cárteles del crimen organizado.
Antes de exigirle cuentas al PRI de esos expedientes represivos abiertos, la sociedad ya quiere que regrese al poder el priísmo que persiguió, torturó y reprimió disidentes para poder mantener al PRI en el poder absoluto. La represión política de la Federal de Seguridad --de la que fueron jefes Gutiérrez Barrios y Nazar-- no fue colateral sino como objetivo, institucional, de Estado.
Y tampoco debe olvidarse el hecho de que los cárteles del narco crecieron y se fortalecieron por el apoyo directo de los organismos de seguridad nacional, como se probó en 1985 cuando el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar mostró que la Federal de Seguridad y la Judicial Federal apadrinaban a los capos por razones de complicidad, pero también políticas y de Estado: los narcos ocupaban espacios territoriales rurales donde operaban las guerrillas y espiaban para el Estado. El director de la Federal de Seguridad durante la gestión de Manuel Bartlett en Gobernación, José Antonio Zorrilla Pérez, fue uno de los aliados del narco y está en la cárcel realmente no por el asesinato de Buendía sino por haberse asociado al servicio secreto de Alemania comunista y haber alejado a la DFS de la CIA y acercado al KGB soviético.
De ahí que la muerte de Nazar le recuerde a la sociedad los expedientes abiertos de la verdadera violación de derechos humanos de disidentes. Y la muerte natural de Nazar dejó el mensaje de que el PRI puede regresar a Los Pinos sin haber saldado esa cuenta histórica.
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