José Gil Olmos
Hasta el año pasado, luego de diversas manifestaciones, protestas y denuncias, las víctimas de la narcoviolencia y de la guerra contra el crimen organizado que impulsó el gobierno calderonista no sólo se hicieron visibles, sino que han comenzado a emerger como defensores de derechos humanos y actores del cambio.
Por varios años, las víctimas de esta espiral de violencia incontrolable y absurda fueron ignoradas y hasta vilipendiadas por las autoridades e incluso por algunos sectores de la sociedad, que las culpaban de haber estado involucradas en actos ilegales y, por lo mismo, merecedoras de la muerte o la desaparición.
Sin embargo, el aumento en el número de muertos y desaparecidos –60 mil según algunas publicaciones–, la confirmación de que muchos de ellos eran inocentes y las movilizaciones a nivel nacional que realizaron los familiares de estas víctimas, a través de sus propias organizaciones y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, comenzaron a cambiar esa situación.
Las víctimas se hicieron visibles y sus familiares comenzaron a fungir como defensores de otros casos. Se convirtieron en actores sociales que buscan impulsar un cambio en la estrategia militar y policiaca de combate al crimen organizado.
El nuevo papel de miles de hombres y mujeres afectados será importante en las próximas elecciones, sobre todo porque no se ve que la situación vaya a mejorar, dado que las últimas cifras no oficiales señalan que crecerá en miles el número de afectados.
Según el diario Milenio, el año pasado murieron 12 mil 284 personas –398 menos que el año pasado, de acuerdo con sus cifras–, pero el periódico Reforma indica que fueron asesinadas 12 mil 359, 6.3% más que en 2010.
A pesar de sus mínimas diferencias, en su conteo las dos publicaciones muestran que no se ha reducido el número de pérdidas humanas y que el gobierno de Felipe Calderón será el que cierre con el mayor número de muertes violentas desde la guerra cristera, con Plutarco Elías Calles a la cabeza.
Durante estos últimos cinco años se hizo costumbre ver que diariamente morían violentamente decenas de personas en todo el país. Las primeras masacres nos causaron terror, pero al final se hicieron habituales. El imperio de la impunidad transformó el horror en vida cotidiana.
No obstante, esa terrible cotidianidad fue rota este año por cientos de familiares de los fallecidos, que en todo el país salieron a las calles, caminaron por las carreteras y llenaron plazas, para hacer visibles a las víctimas de la guerra.
La mayoría de estas familias rompieron el silencio impuesto por el miedo a denunciar públicamente sus tragedias. Miedo a ser asesinados o desaparecidos por los grupos criminales o por autoridades corrompidas que forman parte de estas bandas o que prestan sus servicios por grandes cantidades de dinero.
Gracias a su valentía se pudieron conocer las historias de muchos inocentes asesinados, que las autoridades y la mayoría de los medios tomaban sólo como números y estadísticas, e incluso algunos gobernantes, como el propio Felipe Calderón, tildaban de maleantes y pandilleros.
La visibilización de las víctimas en una situación de conflicto como la que vivimos es fundamental, porque se trata de dimensionar los daños provocados a la sociedad por la violencia del crimen organizado y por la declaración de guerra que hizo Calderón al narcotráfico.
Además, es esencial porque forma parte del proceso histórico de construir el memorial de las víctimas, que ayuda a una sociedad a no olvidar las tragedias producto de errores y evitarlos en el futuro.
Igualmente será importante porque, en el momento en que llegue el ajuste de cuentas, cuando se deslinden responsabilidades ante tribunales nacionales o internacionales, deberá saberse quiénes fueron las víctimas, hecho primordial en los procesos de justicia y perdón.
Pero aún más significativo será que las víctimas y sus familiares se conviertan en un factor de peso durante el proceso electoral, ya que por sí mismas o por las acciones que realicen de manera organizada, tendrán que ser consideradas por todos los candidatos en sus campañas y en sus propuestas de gobierno.
Ninguno de quienes aspiran a la presidencia puede evitar enfrentar esta realidad, esta tragedia nacional de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, que nunca más serán invisibles, pues por miles se encuentran por todo el país esperando justicia y paz.
Hasta el año pasado, luego de diversas manifestaciones, protestas y denuncias, las víctimas de la narcoviolencia y de la guerra contra el crimen organizado que impulsó el gobierno calderonista no sólo se hicieron visibles, sino que han comenzado a emerger como defensores de derechos humanos y actores del cambio.
Por varios años, las víctimas de esta espiral de violencia incontrolable y absurda fueron ignoradas y hasta vilipendiadas por las autoridades e incluso por algunos sectores de la sociedad, que las culpaban de haber estado involucradas en actos ilegales y, por lo mismo, merecedoras de la muerte o la desaparición.
Sin embargo, el aumento en el número de muertos y desaparecidos –60 mil según algunas publicaciones–, la confirmación de que muchos de ellos eran inocentes y las movilizaciones a nivel nacional que realizaron los familiares de estas víctimas, a través de sus propias organizaciones y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, comenzaron a cambiar esa situación.
Las víctimas se hicieron visibles y sus familiares comenzaron a fungir como defensores de otros casos. Se convirtieron en actores sociales que buscan impulsar un cambio en la estrategia militar y policiaca de combate al crimen organizado.
El nuevo papel de miles de hombres y mujeres afectados será importante en las próximas elecciones, sobre todo porque no se ve que la situación vaya a mejorar, dado que las últimas cifras no oficiales señalan que crecerá en miles el número de afectados.
Según el diario Milenio, el año pasado murieron 12 mil 284 personas –398 menos que el año pasado, de acuerdo con sus cifras–, pero el periódico Reforma indica que fueron asesinadas 12 mil 359, 6.3% más que en 2010.
A pesar de sus mínimas diferencias, en su conteo las dos publicaciones muestran que no se ha reducido el número de pérdidas humanas y que el gobierno de Felipe Calderón será el que cierre con el mayor número de muertes violentas desde la guerra cristera, con Plutarco Elías Calles a la cabeza.
Durante estos últimos cinco años se hizo costumbre ver que diariamente morían violentamente decenas de personas en todo el país. Las primeras masacres nos causaron terror, pero al final se hicieron habituales. El imperio de la impunidad transformó el horror en vida cotidiana.
No obstante, esa terrible cotidianidad fue rota este año por cientos de familiares de los fallecidos, que en todo el país salieron a las calles, caminaron por las carreteras y llenaron plazas, para hacer visibles a las víctimas de la guerra.
La mayoría de estas familias rompieron el silencio impuesto por el miedo a denunciar públicamente sus tragedias. Miedo a ser asesinados o desaparecidos por los grupos criminales o por autoridades corrompidas que forman parte de estas bandas o que prestan sus servicios por grandes cantidades de dinero.
Gracias a su valentía se pudieron conocer las historias de muchos inocentes asesinados, que las autoridades y la mayoría de los medios tomaban sólo como números y estadísticas, e incluso algunos gobernantes, como el propio Felipe Calderón, tildaban de maleantes y pandilleros.
La visibilización de las víctimas en una situación de conflicto como la que vivimos es fundamental, porque se trata de dimensionar los daños provocados a la sociedad por la violencia del crimen organizado y por la declaración de guerra que hizo Calderón al narcotráfico.
Además, es esencial porque forma parte del proceso histórico de construir el memorial de las víctimas, que ayuda a una sociedad a no olvidar las tragedias producto de errores y evitarlos en el futuro.
Igualmente será importante porque, en el momento en que llegue el ajuste de cuentas, cuando se deslinden responsabilidades ante tribunales nacionales o internacionales, deberá saberse quiénes fueron las víctimas, hecho primordial en los procesos de justicia y perdón.
Pero aún más significativo será que las víctimas y sus familiares se conviertan en un factor de peso durante el proceso electoral, ya que por sí mismas o por las acciones que realicen de manera organizada, tendrán que ser consideradas por todos los candidatos en sus campañas y en sus propuestas de gobierno.
Ninguno de quienes aspiran a la presidencia puede evitar enfrentar esta realidad, esta tragedia nacional de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, que nunca más serán invisibles, pues por miles se encuentran por todo el país esperando justicia y paz.
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