Jorge Fernández Menéndez
La directora de la DEA, Michele Leonhart, le dijo a nuestro amigo Pascal Beltrán del Río que esa dependencia está trabajando en la captura de “El Chapo” Guzmán. “Nuestras operaciones y nuestra inteligencia, tanto de la DEA como de otras agencias, al igual que las de nuestros socios en México, están todas preocupadas por esto. Es el blanco de nuestras operaciones e investigaciones”.
Me parece muy bien. Pero se debe tomar en cuenta algo que trasciende esos esfuerzos. “El Chapo” Guzmán no ha sido capturado en estos once años que se cumplirán esta semana de su fuga porque ha habido, durante buena parte de ese periodo, debilidades institucionales muy fuertes en nuestro país y también en Estados Unidos. La propia fuga de “El Chapo” es una demostración de ello.
La fuga de Joaquín Guzmán de Puente Grande se inscribió en una estrategia marcada por las dudas y errores que se cometieron en las primeras semanas de la administración Fox. Lo hemos escrito en este espacio muchas veces: la decisión, errónea, de separar las áreas de seguridad de la Secretaría de Gobernación, dejando muchas zonas grises en la toma de decisiones y los espacios de responsabilidad (un tema que ahora han retomado Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel); el enfrentamiento del entonces nuevo secretario de seguridad pública, Alejandro Gertz Manero con prácticamente toda la estructura de seguridad que se había consolidado en los años anteriores: Wilfrido Robledo Madrid, Jorge Tello Peón, Genaro García Luna y muchos otros; las diferencias profundas entre la naciente SSP, Gobernación y la PGR que encabezaba entonces el general Rafael Macedo de la Concha, y la creación de una suerte de Consejo de Seguridad Nacional que presidía Adolfo Aguilar Zinser y que nunca se supo qué atribuciones tenía y que fue uno de los fracasos institucionales más sonados de esa administración.
En los días previos a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se divulgaron por televisión, entregados por un abogado defensor de Rafael Caro Quintero, videos donde se “denunciaban” las “duras condiciones” de los detenidos en Almoloya, lo que demostraba la penetración de los grupos criminales incluso en las áreas más delicadas de la seguridad. Al mismo tiempo fue asesinado quien fuera director de Almoloya, Pablo de Tavira y su segundo, tanto en Almoloya como en Puente Grande, Juan Castillo Alonso, quienes habían establecido esas “duras medidas” de seguridad contra los detenidos de alta peligrosidad en el sexenio que acababa de concluir.
En la divulgación de esos videos participó el entonces director del penal de Puente Grande, Leobardo Beltrán Santana, quien había sido director de Almoloya cuando se filmaron esas imágenes. El Chapo había sido trasladado a Puente Grande luego de un intento de fuga en Almoloya planeado en 1995. En el penal tapatío había construido todo un esquema de protección y seguridad en torno suyo, de Héctor Luis El Güero Palma, y Arturo Martínez Herrera, que era el jefe de los Texas, en el que participaban la mayoría de los custodios y las autoridades del penal. Fue entonces cuando se difundió, desde el ámbito federal, que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco, Guadalupe Morfín, estaba solicitando que se disminuyeran las medidas de seguridad en Puente Grande.
En realidad, Guadalupe lo que estaba haciendo, tanto ante las autoridades de Jalisco como ante la Secretaría de Seguridad Pública y la propia CNDH, era denunciar ese sistema de protección y las agresiones que habían sufrido tres custodios que no habían aceptado participar en él y que habían presentado su declaración ante Morfín.
Las denuncias fueron ignoradas hasta que Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública pero con enormes diferencias con el secretario Gertz Manero, fue a ver qué sucedía en Puente Grande a pedido expreso de Morfín. Tello Peón al llegar a Guadalajara tuvo una reunión con Beltrán y otra con Morfin, escuchó el testimonio de los celadores, que estaban protegidos por la comisión local de derechos humanos, y pidió refuerzos urgentes de la Policía Federal para retomar el control del penal. El operativo se instaló cerca de las 22:30 horas. A las 21.45 se había visto por última vez a El Chapo en Puente Grande. Ahora sabemos que a esa hora se trepó a un carro de lavandería, salió del penal y abordó un automóvil que lo estaba esperando. Pero tuvo, incluso, mayor protección: las autoridades de Puente Grande tardaron horas en buscarlo dentro del penal y más aún en dar la voz de alerta a Tello, la PGR y a la Sedena, que se enteraron de la fuga hasta las ocho de la mañana del día siguiente.
La fuga fue consecuencia de la corrupción y de una visión revanchista sobre una política de seguridad que se había iniciado el sexenio anterior con buenos resultados. También de malas decisiones institucionales en el terreno de la seguridad que deberían revertirse en el próximo gobierno sea quien sea el nuevo inquilino de Los Pinos.
La directora de la DEA, Michele Leonhart, le dijo a nuestro amigo Pascal Beltrán del Río que esa dependencia está trabajando en la captura de “El Chapo” Guzmán. “Nuestras operaciones y nuestra inteligencia, tanto de la DEA como de otras agencias, al igual que las de nuestros socios en México, están todas preocupadas por esto. Es el blanco de nuestras operaciones e investigaciones”.
Me parece muy bien. Pero se debe tomar en cuenta algo que trasciende esos esfuerzos. “El Chapo” Guzmán no ha sido capturado en estos once años que se cumplirán esta semana de su fuga porque ha habido, durante buena parte de ese periodo, debilidades institucionales muy fuertes en nuestro país y también en Estados Unidos. La propia fuga de “El Chapo” es una demostración de ello.
La fuga de Joaquín Guzmán de Puente Grande se inscribió en una estrategia marcada por las dudas y errores que se cometieron en las primeras semanas de la administración Fox. Lo hemos escrito en este espacio muchas veces: la decisión, errónea, de separar las áreas de seguridad de la Secretaría de Gobernación, dejando muchas zonas grises en la toma de decisiones y los espacios de responsabilidad (un tema que ahora han retomado Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel); el enfrentamiento del entonces nuevo secretario de seguridad pública, Alejandro Gertz Manero con prácticamente toda la estructura de seguridad que se había consolidado en los años anteriores: Wilfrido Robledo Madrid, Jorge Tello Peón, Genaro García Luna y muchos otros; las diferencias profundas entre la naciente SSP, Gobernación y la PGR que encabezaba entonces el general Rafael Macedo de la Concha, y la creación de una suerte de Consejo de Seguridad Nacional que presidía Adolfo Aguilar Zinser y que nunca se supo qué atribuciones tenía y que fue uno de los fracasos institucionales más sonados de esa administración.
En los días previos a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se divulgaron por televisión, entregados por un abogado defensor de Rafael Caro Quintero, videos donde se “denunciaban” las “duras condiciones” de los detenidos en Almoloya, lo que demostraba la penetración de los grupos criminales incluso en las áreas más delicadas de la seguridad. Al mismo tiempo fue asesinado quien fuera director de Almoloya, Pablo de Tavira y su segundo, tanto en Almoloya como en Puente Grande, Juan Castillo Alonso, quienes habían establecido esas “duras medidas” de seguridad contra los detenidos de alta peligrosidad en el sexenio que acababa de concluir.
En la divulgación de esos videos participó el entonces director del penal de Puente Grande, Leobardo Beltrán Santana, quien había sido director de Almoloya cuando se filmaron esas imágenes. El Chapo había sido trasladado a Puente Grande luego de un intento de fuga en Almoloya planeado en 1995. En el penal tapatío había construido todo un esquema de protección y seguridad en torno suyo, de Héctor Luis El Güero Palma, y Arturo Martínez Herrera, que era el jefe de los Texas, en el que participaban la mayoría de los custodios y las autoridades del penal. Fue entonces cuando se difundió, desde el ámbito federal, que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco, Guadalupe Morfín, estaba solicitando que se disminuyeran las medidas de seguridad en Puente Grande.
En realidad, Guadalupe lo que estaba haciendo, tanto ante las autoridades de Jalisco como ante la Secretaría de Seguridad Pública y la propia CNDH, era denunciar ese sistema de protección y las agresiones que habían sufrido tres custodios que no habían aceptado participar en él y que habían presentado su declaración ante Morfín.
Las denuncias fueron ignoradas hasta que Jorge Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública pero con enormes diferencias con el secretario Gertz Manero, fue a ver qué sucedía en Puente Grande a pedido expreso de Morfín. Tello Peón al llegar a Guadalajara tuvo una reunión con Beltrán y otra con Morfin, escuchó el testimonio de los celadores, que estaban protegidos por la comisión local de derechos humanos, y pidió refuerzos urgentes de la Policía Federal para retomar el control del penal. El operativo se instaló cerca de las 22:30 horas. A las 21.45 se había visto por última vez a El Chapo en Puente Grande. Ahora sabemos que a esa hora se trepó a un carro de lavandería, salió del penal y abordó un automóvil que lo estaba esperando. Pero tuvo, incluso, mayor protección: las autoridades de Puente Grande tardaron horas en buscarlo dentro del penal y más aún en dar la voz de alerta a Tello, la PGR y a la Sedena, que se enteraron de la fuga hasta las ocho de la mañana del día siguiente.
La fuga fue consecuencia de la corrupción y de una visión revanchista sobre una política de seguridad que se había iniciado el sexenio anterior con buenos resultados. También de malas decisiones institucionales en el terreno de la seguridad que deberían revertirse en el próximo gobierno sea quien sea el nuevo inquilino de Los Pinos.
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