Miriam Posada García / La Jornada
A pesar de que la Comisión Federal de Competencia (CFC) pretendió apegarse a la ley y no dar a conocer el sentido de su resolución sobre la alianza entre Televisa y Iusacell, se filtraron versiones encontradas que generaron más incertidumbre sobre este proceso ya de por sí cuestionado, y hasta se abrió la posibilidad de que algún funcionario de ese órgano regulador haya violado el artículo 31 bis al que se acogió el pleno para reservar el sentido de la votación hasta el 7 de febrero como fecha límite, señalaron especialistas.
La comisión se mantuvo en que no ha emitido ni emitirá resultado alguno hasta que notifique a los dos agentes económicos y se concluya el engrose de la investigación. Confiada en que la información que circuló ayer, incluso entre medios extranjeros, no salió de ese órgano regulador, declinó hacer comentarios sobre la posibilidad de abrir una investigación para determinar si algún comisionado o funcionario violó el artículo 31 bis de la Comisión Federal de Competencia, que prohíbe hacer cualquier pronunciamiento sobre algún expediente hasta que se notifique a las empresas involucradas, en este caso Televisa y Grupo Iusacell.
Mientras la CFC mantiene en reserva su decisión en cumplimiento de la ley, aumentaron los efectos políticos y económicos de la incertidumbre y especulación sobre la que se considera la decisión más importante del órgano regulador, por sus repercusiones en el mercado de las telecomunicaciones.
Fuentes de Televisa señalaron que la empresa no ha sido notificada por el órgano regulador y por lo tanto no hará comentarios hasta que eso ocurra y luego de revisar el expediente. De Grupo Iusacell no hubo comentarios en más de 24 horas.
Sin embargo, las especulaciones van en aumento e incluso abarcan ya a la prensa internacional como el Wall Street Journal, que ayer publicó en su edición digital una nota en la que asegura que la CFC rechazó la fusión propuesta entre el operador de telefonía móvil Grupo Iusacell y la principal empresa de medios del país (México), Grupo Televisa SAB, dijo el miércoles una fuente cercana a la transacción. Dicha fuente, indicó la nota, pidió no ser identificada, pero precisó que la CFC rechazó la alianza por tres votos contra dos, pero no entregó detalles sobre la decisión.
Ante este ambiente, la presidenta de Observatel, Irene Levy Mustri, declaró que la CFC debe notificar a la brevedad a Televisa y Iusacell para poder hacer pública la información y demostrar que no hubo una filtración ilegal, caso en el cual primero debería demostrarse que algún funcionario incurrió en esa violación al artículo 31 bis para que se abra una investigación y se finquen responsabilidades.
Fachada de Televisa en avenida ChapultepecFoto Roberto García Ortiz
En tanto, Jorge Fernando Negrete y Jorge Bravo, de la consultoría Mediatelecom, consideraron muy grave que algún funcionario de la CFC haya filtrado información del expediente CNT-031-2011 porque estaría revelando información reservada y confidencial, al igual que secretos industriales, lo cual está penado en la Ley de Protección Industrial.
Los especialistas alertaron que la información en sentido positivo y negativo difundida ayer también pudo haber sido producto de una filtración-especulación lanzada por intereses involucrados en la operación, para mediar distintos elementos como la opinión pública, el mercado y la propia autoridad.
Detallaron que la resolución de la CFC podría ser más compleja que un simple sí o no. Sería una resolución afirmativa, pero condicionada para las empresas, de tal forma que el pronunciamiento del regulador podría estar redactado en los siguientes términos: no se autoriza la concentración en tanto no se cumplan las condiciones, las cuales pueden ser suspensivas o resolutivas.
Negrete y Bravo explicaron que las condiciones suspensivas deben cumplirse y que la autoridad verifique que así haya sido, mientras las resolutivas deben acatarse de inmediato, una vez que se notifique a las partes o en el plazo que fije la autoridad. En los hechos significaría que la CFC aprueba la concentración si Televisa y Grupo Iusacell cumplen las condiciones suspensivas y resolutivas. Estas condiciones dependen de la valoración que la CFC haya hecho de la concentración, de sus repercusiones sólo en el mercado de la telefonía móvil o en el de la televisión de paga, y todos los demás negocios en los que estas empresas pudieran hacer sinergias. Las condiciones se conocerían una vez que la CFC haga público el expediente, y entonces las empresas podrían aceptar cumplir con ellas sin objetarlas o solicitar la reconsideración de la resolución para que se modifique.
Entre los pronunciamientos de quienes se han opuesto a esta alianza está el de Dish, en sentido de que se deben imponer condiciones a Televisa para que no afecte a las empresas de televisión de paga, ya que ella concentra más de 50 por ciento del mercado y casi 60 por ciento de la publicidad.
A pesar de que la Comisión Federal de Competencia (CFC) pretendió apegarse a la ley y no dar a conocer el sentido de su resolución sobre la alianza entre Televisa y Iusacell, se filtraron versiones encontradas que generaron más incertidumbre sobre este proceso ya de por sí cuestionado, y hasta se abrió la posibilidad de que algún funcionario de ese órgano regulador haya violado el artículo 31 bis al que se acogió el pleno para reservar el sentido de la votación hasta el 7 de febrero como fecha límite, señalaron especialistas.
La comisión se mantuvo en que no ha emitido ni emitirá resultado alguno hasta que notifique a los dos agentes económicos y se concluya el engrose de la investigación. Confiada en que la información que circuló ayer, incluso entre medios extranjeros, no salió de ese órgano regulador, declinó hacer comentarios sobre la posibilidad de abrir una investigación para determinar si algún comisionado o funcionario violó el artículo 31 bis de la Comisión Federal de Competencia, que prohíbe hacer cualquier pronunciamiento sobre algún expediente hasta que se notifique a las empresas involucradas, en este caso Televisa y Grupo Iusacell.
Mientras la CFC mantiene en reserva su decisión en cumplimiento de la ley, aumentaron los efectos políticos y económicos de la incertidumbre y especulación sobre la que se considera la decisión más importante del órgano regulador, por sus repercusiones en el mercado de las telecomunicaciones.
Fuentes de Televisa señalaron que la empresa no ha sido notificada por el órgano regulador y por lo tanto no hará comentarios hasta que eso ocurra y luego de revisar el expediente. De Grupo Iusacell no hubo comentarios en más de 24 horas.
Sin embargo, las especulaciones van en aumento e incluso abarcan ya a la prensa internacional como el Wall Street Journal, que ayer publicó en su edición digital una nota en la que asegura que la CFC rechazó la fusión propuesta entre el operador de telefonía móvil Grupo Iusacell y la principal empresa de medios del país (México), Grupo Televisa SAB, dijo el miércoles una fuente cercana a la transacción. Dicha fuente, indicó la nota, pidió no ser identificada, pero precisó que la CFC rechazó la alianza por tres votos contra dos, pero no entregó detalles sobre la decisión.
Ante este ambiente, la presidenta de Observatel, Irene Levy Mustri, declaró que la CFC debe notificar a la brevedad a Televisa y Iusacell para poder hacer pública la información y demostrar que no hubo una filtración ilegal, caso en el cual primero debería demostrarse que algún funcionario incurrió en esa violación al artículo 31 bis para que se abra una investigación y se finquen responsabilidades.
Fachada de Televisa en avenida ChapultepecFoto Roberto García Ortiz
En tanto, Jorge Fernando Negrete y Jorge Bravo, de la consultoría Mediatelecom, consideraron muy grave que algún funcionario de la CFC haya filtrado información del expediente CNT-031-2011 porque estaría revelando información reservada y confidencial, al igual que secretos industriales, lo cual está penado en la Ley de Protección Industrial.
Los especialistas alertaron que la información en sentido positivo y negativo difundida ayer también pudo haber sido producto de una filtración-especulación lanzada por intereses involucrados en la operación, para mediar distintos elementos como la opinión pública, el mercado y la propia autoridad.
Detallaron que la resolución de la CFC podría ser más compleja que un simple sí o no. Sería una resolución afirmativa, pero condicionada para las empresas, de tal forma que el pronunciamiento del regulador podría estar redactado en los siguientes términos: no se autoriza la concentración en tanto no se cumplan las condiciones, las cuales pueden ser suspensivas o resolutivas.
Negrete y Bravo explicaron que las condiciones suspensivas deben cumplirse y que la autoridad verifique que así haya sido, mientras las resolutivas deben acatarse de inmediato, una vez que se notifique a las partes o en el plazo que fije la autoridad. En los hechos significaría que la CFC aprueba la concentración si Televisa y Grupo Iusacell cumplen las condiciones suspensivas y resolutivas. Estas condiciones dependen de la valoración que la CFC haya hecho de la concentración, de sus repercusiones sólo en el mercado de la telefonía móvil o en el de la televisión de paga, y todos los demás negocios en los que estas empresas pudieran hacer sinergias. Las condiciones se conocerían una vez que la CFC haga público el expediente, y entonces las empresas podrían aceptar cumplir con ellas sin objetarlas o solicitar la reconsideración de la resolución para que se modifique.
Entre los pronunciamientos de quienes se han opuesto a esta alianza está el de Dish, en sentido de que se deben imponer condiciones a Televisa para que no afecte a las empresas de televisión de paga, ya que ella concentra más de 50 por ciento del mercado y casi 60 por ciento de la publicidad.
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