Se sancionará de forma administrativa y de acuerdo con la ley, a los servidores públicos que se les compruebe que no prestaron auxilio
Notimex
La Contraloría General del Estado de Guerrero investiga a 24 servidores públicos vinculados con el caso de Ayotzinapa, reveló el titular de la dependencia, Julio César Hernández Martínez.
En conferencia, declaró que la Contraloría sancionará, de forma administrativa y de acuerdo con la ley, a los servidores públicos que se les compruebe que no prestaron auxilio a las personas amenazadas por algún peligro, o que hayan sido víctimas de algún delito.
Tomará en cuenta no haber actuado con la decisión necesaria para evitar daño grave, inmediato e irreparable y haber utilizado armas de fuego innecesariamente, actos de tortura, acciones crueles y no aplicar los protocolos de investigación y cadena custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública, precisó.
Así como no haber conformado, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las pruebas de indicios de hechos delictivos o de faltas administrativas.
Agregó que las responsabilidades de cada uno de los involucrados se determinarán con transparencia, imparcialidad y objetividad, independientemente de que en su caso sean acreedores a otro tipo de sanciones.
Para la investigación de los 24 funcionarios públicos se abrió la averiguación previa QD/IA/007/2012 contra los probables responsables.
Y para determinar las responsabilidades, desde diciembre pasado, la Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil proporcionaron los nombres de quienes participaron en la movilización del pasado 12 de diciembre.
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La Contraloría General del Estado de Guerrero investiga a 24 servidores públicos vinculados con el caso de Ayotzinapa, reveló el titular de la dependencia, Julio César Hernández Martínez.
En conferencia, declaró que la Contraloría sancionará, de forma administrativa y de acuerdo con la ley, a los servidores públicos que se les compruebe que no prestaron auxilio a las personas amenazadas por algún peligro, o que hayan sido víctimas de algún delito.
Tomará en cuenta no haber actuado con la decisión necesaria para evitar daño grave, inmediato e irreparable y haber utilizado armas de fuego innecesariamente, actos de tortura, acciones crueles y no aplicar los protocolos de investigación y cadena custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública, precisó.
Así como no haber conformado, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las pruebas de indicios de hechos delictivos o de faltas administrativas.
Agregó que las responsabilidades de cada uno de los involucrados se determinarán con transparencia, imparcialidad y objetividad, independientemente de que en su caso sean acreedores a otro tipo de sanciones.
Para la investigación de los 24 funcionarios públicos se abrió la averiguación previa QD/IA/007/2012 contra los probables responsables.
Y para determinar las responsabilidades, desde diciembre pasado, la Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil proporcionaron los nombres de quienes participaron en la movilización del pasado 12 de diciembre.
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