Carmen Aristegui
Las fracciones parlamentarias del Congreso presentaron una denuncia de hechos ante la PGR por espionaje y lo que resulte.
En la primera semana de enero –aunque se notificó hasta el 24– se encontraron indicios de que los sistemas de comunicación telefónicos y de Internet habían sido afectados con sistemas de intervención y espionaje. Se encontraron también micrófonos en alguna de las oficinas de los legisladores.
Según lo narrado por el presidente de la Mesa Directiva, Guadalupe Acosta Naranjo, la señal de alerta se dio cuando desaparecieron de sus oficinas algunos documentos o elementos de información importantes de los cuales no quiso precisar más, por encontrarse en curso la investigación. Ese fue el origen para aplicar un protocolo que derivó en el hallazgo de los adminículos, según narró.
La Cámara, dijo en CNN, es una ciudadela con 5 mil teléfonos y miles de computadoras fijas y portátiles diseminadas en los miles de metros cuadrados de sus instalaciones. La dimensión de lo encontrado, le hace afirmar que se trata de una práctica añeja y generalizada. Encontraron tanto aparatos de espionaje antiguos como otros modernos y más sofisticados.
La intervención no iba dirigida a un partido político en particular. La afectación, dijo, es generalizada.
El gobierno federal, de inmediato, rechazó cualquier insinuación. Negó que fuera partícipe de esas prácticas.
Acosta Naranjo abrió el espectro y aludió a grupos de interés o poderes fácticos a quienes, también, les pueden interesar no sólo las informaciones sobre lo que hacen los legisladores para hacer o modificar leyes, sino también tener acceso a sus conversaciones privadas para conocer de sus vidas, de sus relaciones para, en caso necesario, poderlos chantajear.
En el punto de acuerdo que emiten diputados y senadores se lee: "Los grupos parlamentarios... toman en cuenta que con los equipos detectados se graban asuntos personales y particulares de los diputados...". ¿Qué clase de información encontraron que los lleva a plantear el asunto de esa manera?
Aunque algunos periodistas lo han tomado a chunga, el asunto es de lo más delicado.
Una red de espionaje al servicio de quién sabe quién con propósitos, entre otros, de chantaje, no es un asunto que pueda tomarse a la ligera.
La PGR deberá investigar, en serio, quién o quiénes están detrás de todo esto.
Los legisladores deberán insistir. Si el Gobierno, en efecto, no es responsable de las intervenciones telefónicas y otros mecanismos, podrá demostrarlo con una buena investigación que revele quiénes son los responsables, a qué intereses han servido y cuál es el alcance de estas intervenciones.
¿Hacia dónde conducen los hilos del espionaje?
¿Quiénes han operado, desde el propio Congreso, un sistema como el que ha sido descubierto?
Varios colaboradores de las áreas que han sido selladas han sido separados de sus funciones y están bajo investigación.
No es la primera vez que se denuncia espionaje en contra de los actores políticos.
En 2008, y él lo recordó esta semana, Manlio Fabio Beltrones presentó una denuncia por espionaje, también ante la PGR.
Beltrones dijo entonces que había recibido, de fuente anónima, un legajo de documentos que indicaban que era sujeto, junto con otros actores políticos, de espionaje e intervención de sus comunicaciones.
“Reforma” publicó, un año después, que la PGR investigaba una red de espionaje integrada por funcionarios y ex funcionarios de la propia Procuraduría, el Cisen, la PFP y Hacienda que intervenían correos, conversaciones telefónicas y comunicaciones privadas y personales de actores políticos. Producto de la denuncia de Beltrones, se realizó un cateo en Naucalpan el 6 de noviembre de 2008. Se giraron órdenes de aprehensión contra 13 espías. No queda claro si fueron detenidos y, sobre todo, no fue informado oficialmente bajo qué mandos operaban. Las autoridades no informaron hacia dónde conducían aquellos hilos del espionaje.
“Reforma” informó que, además de Beltrones, se espiaba a López Obrador, Beatriz Paredes, Jesús Murillo y Ricardo Monreal. Desde la información obtenida por el periodista, las señales apuntaban hacia el Estado de México. Oficialmente nunca se corroboró nada.
Citando fuentes federales, el diario informó en aquellos días que: “...la operación de espionaje estaba dirigida, sobre todo, contra políticos priístas y, de manera particular, contra aquellos considerados antagonistas de Enrique Peña Nieto”.
Esa investigación quedó en el olvido. O tal vez no.
Las fracciones parlamentarias del Congreso presentaron una denuncia de hechos ante la PGR por espionaje y lo que resulte.
En la primera semana de enero –aunque se notificó hasta el 24– se encontraron indicios de que los sistemas de comunicación telefónicos y de Internet habían sido afectados con sistemas de intervención y espionaje. Se encontraron también micrófonos en alguna de las oficinas de los legisladores.
Según lo narrado por el presidente de la Mesa Directiva, Guadalupe Acosta Naranjo, la señal de alerta se dio cuando desaparecieron de sus oficinas algunos documentos o elementos de información importantes de los cuales no quiso precisar más, por encontrarse en curso la investigación. Ese fue el origen para aplicar un protocolo que derivó en el hallazgo de los adminículos, según narró.
La Cámara, dijo en CNN, es una ciudadela con 5 mil teléfonos y miles de computadoras fijas y portátiles diseminadas en los miles de metros cuadrados de sus instalaciones. La dimensión de lo encontrado, le hace afirmar que se trata de una práctica añeja y generalizada. Encontraron tanto aparatos de espionaje antiguos como otros modernos y más sofisticados.
La intervención no iba dirigida a un partido político en particular. La afectación, dijo, es generalizada.
El gobierno federal, de inmediato, rechazó cualquier insinuación. Negó que fuera partícipe de esas prácticas.
Acosta Naranjo abrió el espectro y aludió a grupos de interés o poderes fácticos a quienes, también, les pueden interesar no sólo las informaciones sobre lo que hacen los legisladores para hacer o modificar leyes, sino también tener acceso a sus conversaciones privadas para conocer de sus vidas, de sus relaciones para, en caso necesario, poderlos chantajear.
En el punto de acuerdo que emiten diputados y senadores se lee: "Los grupos parlamentarios... toman en cuenta que con los equipos detectados se graban asuntos personales y particulares de los diputados...". ¿Qué clase de información encontraron que los lleva a plantear el asunto de esa manera?
Aunque algunos periodistas lo han tomado a chunga, el asunto es de lo más delicado.
Una red de espionaje al servicio de quién sabe quién con propósitos, entre otros, de chantaje, no es un asunto que pueda tomarse a la ligera.
La PGR deberá investigar, en serio, quién o quiénes están detrás de todo esto.
Los legisladores deberán insistir. Si el Gobierno, en efecto, no es responsable de las intervenciones telefónicas y otros mecanismos, podrá demostrarlo con una buena investigación que revele quiénes son los responsables, a qué intereses han servido y cuál es el alcance de estas intervenciones.
¿Hacia dónde conducen los hilos del espionaje?
¿Quiénes han operado, desde el propio Congreso, un sistema como el que ha sido descubierto?
Varios colaboradores de las áreas que han sido selladas han sido separados de sus funciones y están bajo investigación.
No es la primera vez que se denuncia espionaje en contra de los actores políticos.
En 2008, y él lo recordó esta semana, Manlio Fabio Beltrones presentó una denuncia por espionaje, también ante la PGR.
Beltrones dijo entonces que había recibido, de fuente anónima, un legajo de documentos que indicaban que era sujeto, junto con otros actores políticos, de espionaje e intervención de sus comunicaciones.
“Reforma” publicó, un año después, que la PGR investigaba una red de espionaje integrada por funcionarios y ex funcionarios de la propia Procuraduría, el Cisen, la PFP y Hacienda que intervenían correos, conversaciones telefónicas y comunicaciones privadas y personales de actores políticos. Producto de la denuncia de Beltrones, se realizó un cateo en Naucalpan el 6 de noviembre de 2008. Se giraron órdenes de aprehensión contra 13 espías. No queda claro si fueron detenidos y, sobre todo, no fue informado oficialmente bajo qué mandos operaban. Las autoridades no informaron hacia dónde conducían aquellos hilos del espionaje.
“Reforma” informó que, además de Beltrones, se espiaba a López Obrador, Beatriz Paredes, Jesús Murillo y Ricardo Monreal. Desde la información obtenida por el periodista, las señales apuntaban hacia el Estado de México. Oficialmente nunca se corroboró nada.
Citando fuentes federales, el diario informó en aquellos días que: “...la operación de espionaje estaba dirigida, sobre todo, contra políticos priístas y, de manera particular, contra aquellos considerados antagonistas de Enrique Peña Nieto”.
Esa investigación quedó en el olvido. O tal vez no.
Comentarios