Jorge Fernández Menéndez
Yo no sé si el cártel de los Arellano Félix ha sido por completo desmantelado y ya no constituye una amenaza para las familias y los gobiernos de México y los Estados Unidos, como acaban de declarar las autoridades de la Unión Americana luego del acuerdo judicial que establecieron con Benjamín Arellano Félix, mediante el cual el narcotraficante fue condenado a un máximo de 25 años de cárcel y a pagar una multa de 100 millones de dólares. Pero lo que sí me resulta incomprensible es que esa información, la declaratoria de los propios Estados Unidos de que uno de los tres grandes cárteles históricos del país ha sido ya desmantelado, haya pasado casi desapercibida por los medios y sobre todo por las propias autoridades federales que han hecho de la lucha contra el crimen organizado un leit motiv de su gestión.
La sentencia contra Arellano Félix puede parecer dura pero en realidad no lo es: quien fuera el verdadero jefe de la organización criminal que comandaba junto con su hermano Ramón, es responsable de miles de muertes y desde 1989 fue uno de los principales introductores de droga en México y en Estados Unidos. La acusación, como parte del acuerdo judicial, no contempla ninguno de esos homicidios y no deja de ser algo más que una duda el preguntarse de dónde saldrán los 100 millones de dólares que le pagará Arellano Félix al Gobierno estadounidense: en algún lugar el narcotraficante o su familia tiene que tener esos recursos disponibles. Recordemos que su hermana Enedina, a quien se considera actualmente la heredera de la organización, era la que manejaba la ingeniería financiera construida en torno al cártel. También se debería recordar que desde muchos años atrás, por lo menos desde 1997, se sabe que la familia Arellano Félix vive en San Diego y nunca ha sido molestada por las autoridades estadounidenses.
Sus negocios, o los de sus sucesores, en ese país continúan también expandiéndose sobre todo en California, donde a pesar de la creciente legalización de la mariguana, sigue habiendo enormes plantíos ilegales, sobre todo en la zona de las reservas naturales y donde existen amplias redes de distribución, sobre todo de drogas sintéticas. Y una vez más no sabemos si los Arellano Félix ya han desparecido como organización, pero la pregunta es entonces quién se quedó con esas redes de operación, qué sucedió con los recursos y con las relaciones políticas y económicas que durante décadas desarrolló ese cártel a ambos lados de la frontera.
Pero esas preguntas deberían aplicarse prácticamente a cualquier organización criminal que fuera descabezada. Lo importante en todo caso es decirle a la gente que así ha sido: que uno de los tres cárteles históricos del país, según los propios Estados Unidos, ya no existe. Y no porque haya sido consecuencia de una operación controlada por nuestros vecinos del norte, sino como consecuencia de una lucha tenaz y de medidas extremas, como la deportación del propio Benjamín Arellano Félix (y de todos los principales narcotraficantes que estaban detenidos en esas fechas en México) realizada hace casi exactamente cinco años, apenas comenzaba el gobierno de Felipe Calderón, y que ha sido, aunque ahora casi no se la recuerde, uno de los golpes más fuertes que ha sufrido el crimen organizado en nuestro país.
Pero además, ese desmantelamiento progresivo del cártel de los Arellano Félix se ha complementado con el de los grupos que se asociaron con otros para tratar de ocupar su lugar: el más notable el de Teodoro García Simental, detenido el año antepasado en La Paz, en Baja California Sur. “El Teo” que había sido uno de los principales sicarios de los Arellano, había roto con ellos, cuando comenzaron a sucederse las caídas de sus jefes para aliarse con Joaquín “El Chapo” Guzmán y tener el control, asociado con “El Chapo”, de toda la península. Personajes siniestros como “El Pozolero”, aquel hombre que se dedicaba a destruir cuerpos en sosa caústica, estaban ligados a estos grupos que también han sido destruidos.
La consecuencia directa es que uno de los pocos lugares del país donde se puede decir que se han tenido grandes triunfos en la batalla contra la delincuencia organizada es en Tijuana. Por supuesto que no se ha acabado ni con la delincuencia, ni con el narcotráfico, pero particularmente en esa ciudad fronteriza se ha podido regresar a la normalidad en la vida cotidiana. La comparación de cómo estaba Tijuana respecto a cómo está actualmente es notable. Y ahora que en los propios Estados Unidos confirman esos dichos y aseguran que uno de los tres principales cárteles del país está destruido, en México seguimos concentrados en las detenciones de un tipo al que llaman “El Mataperros” y en las andanzas criminales de un oscuro ex portero del Monterrey, al que le dicen “El Gato”. Si el propio Gobierno federal no reconoce sus victorias ¿quién se las reconocerá?
Yo no sé si el cártel de los Arellano Félix ha sido por completo desmantelado y ya no constituye una amenaza para las familias y los gobiernos de México y los Estados Unidos, como acaban de declarar las autoridades de la Unión Americana luego del acuerdo judicial que establecieron con Benjamín Arellano Félix, mediante el cual el narcotraficante fue condenado a un máximo de 25 años de cárcel y a pagar una multa de 100 millones de dólares. Pero lo que sí me resulta incomprensible es que esa información, la declaratoria de los propios Estados Unidos de que uno de los tres grandes cárteles históricos del país ha sido ya desmantelado, haya pasado casi desapercibida por los medios y sobre todo por las propias autoridades federales que han hecho de la lucha contra el crimen organizado un leit motiv de su gestión.
La sentencia contra Arellano Félix puede parecer dura pero en realidad no lo es: quien fuera el verdadero jefe de la organización criminal que comandaba junto con su hermano Ramón, es responsable de miles de muertes y desde 1989 fue uno de los principales introductores de droga en México y en Estados Unidos. La acusación, como parte del acuerdo judicial, no contempla ninguno de esos homicidios y no deja de ser algo más que una duda el preguntarse de dónde saldrán los 100 millones de dólares que le pagará Arellano Félix al Gobierno estadounidense: en algún lugar el narcotraficante o su familia tiene que tener esos recursos disponibles. Recordemos que su hermana Enedina, a quien se considera actualmente la heredera de la organización, era la que manejaba la ingeniería financiera construida en torno al cártel. También se debería recordar que desde muchos años atrás, por lo menos desde 1997, se sabe que la familia Arellano Félix vive en San Diego y nunca ha sido molestada por las autoridades estadounidenses.
Sus negocios, o los de sus sucesores, en ese país continúan también expandiéndose sobre todo en California, donde a pesar de la creciente legalización de la mariguana, sigue habiendo enormes plantíos ilegales, sobre todo en la zona de las reservas naturales y donde existen amplias redes de distribución, sobre todo de drogas sintéticas. Y una vez más no sabemos si los Arellano Félix ya han desparecido como organización, pero la pregunta es entonces quién se quedó con esas redes de operación, qué sucedió con los recursos y con las relaciones políticas y económicas que durante décadas desarrolló ese cártel a ambos lados de la frontera.
Pero esas preguntas deberían aplicarse prácticamente a cualquier organización criminal que fuera descabezada. Lo importante en todo caso es decirle a la gente que así ha sido: que uno de los tres cárteles históricos del país, según los propios Estados Unidos, ya no existe. Y no porque haya sido consecuencia de una operación controlada por nuestros vecinos del norte, sino como consecuencia de una lucha tenaz y de medidas extremas, como la deportación del propio Benjamín Arellano Félix (y de todos los principales narcotraficantes que estaban detenidos en esas fechas en México) realizada hace casi exactamente cinco años, apenas comenzaba el gobierno de Felipe Calderón, y que ha sido, aunque ahora casi no se la recuerde, uno de los golpes más fuertes que ha sufrido el crimen organizado en nuestro país.
Pero además, ese desmantelamiento progresivo del cártel de los Arellano Félix se ha complementado con el de los grupos que se asociaron con otros para tratar de ocupar su lugar: el más notable el de Teodoro García Simental, detenido el año antepasado en La Paz, en Baja California Sur. “El Teo” que había sido uno de los principales sicarios de los Arellano, había roto con ellos, cuando comenzaron a sucederse las caídas de sus jefes para aliarse con Joaquín “El Chapo” Guzmán y tener el control, asociado con “El Chapo”, de toda la península. Personajes siniestros como “El Pozolero”, aquel hombre que se dedicaba a destruir cuerpos en sosa caústica, estaban ligados a estos grupos que también han sido destruidos.
La consecuencia directa es que uno de los pocos lugares del país donde se puede decir que se han tenido grandes triunfos en la batalla contra la delincuencia organizada es en Tijuana. Por supuesto que no se ha acabado ni con la delincuencia, ni con el narcotráfico, pero particularmente en esa ciudad fronteriza se ha podido regresar a la normalidad en la vida cotidiana. La comparación de cómo estaba Tijuana respecto a cómo está actualmente es notable. Y ahora que en los propios Estados Unidos confirman esos dichos y aseguran que uno de los tres principales cárteles del país está destruido, en México seguimos concentrados en las detenciones de un tipo al que llaman “El Mataperros” y en las andanzas criminales de un oscuro ex portero del Monterrey, al que le dicen “El Gato”. Si el propio Gobierno federal no reconoce sus victorias ¿quién se las reconocerá?
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