Carlos Ramírez / Indicador Político
En medio de una crisis de credibilidad por la inconsistencia de sus investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió cobijarse bajo la falda de Human Rights Watch. Sin embargo, apenas en marzo de 2008 el consejo consultivo de la CNDH había desacreditado los reportes anuales de esa organización internacional.
Lo malo del asunto es que el doctor Raúl Plascencia era en el 2008 primer visitador de la CNDH bajo la presidencia del doctor José Luis Soberanes Fernández y entonces fue firmante de la carta de crítica de la Comisión a la inconsistencia de los reportes de HRW; hoy, como presidente de la Comisión, Plascencia alaba los reportes de HRW que metodológicamente son exactamente los mismos que en el 2008.
En este sentido, la CNDH cayó en la trampa mediática de los organismos no gubernamentales que operan en México como grupos de presión y su presidente, Raúl Plascencia, le dio un aval curioso a HRW: afirmó en su reporte leído ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el reporte de HRW está sustentado en las investigaciones de la CNDH.
Lo malo del asunto es que HRW analiza un caso concreto, pero de ahí desprende conclusiones generalizadas. En el reporte de esa organización sobre México, entregado en Egipto, sólo utiliza un caso para llegar a la conclusión de “un fuerte incremento del número de asesinatos, torturas y abusos por parte de las fuerzas de seguridad”. Ante la falta de calidad en sus indagaciones, HRW ha comenzado a abusar de los adjetivos.
Para HRW el “fuerte incremento” de la violencia institucional contra la ciudadanía se desprende del número de denuncias presentadas, pero elude incluir en su análisis el proceso de las indagatorias y sobre todo la confirmación de hechos reales que indiquen violación sistemática y ordenadas de derechos humanos. HRW se apoya --el club de los elogios mutuos: alábame y te alabo-- en los “informes detallados (de la CNDH) sobre casi 90 casos desde 2007” que concluyeron responsabilidad de miembros de las fuerzas armadas. Sólo que HRW tramposamente elude el hecho de que el Ejército ha aceptado la totalidad de las recomendaciones de la CNDH y ha creado protocolos especiales para evitar la repetición de los casos.
La declaración del presidente de la CNDH a favor de HRW no hizo más que comprar credibilidad. Sin embargo, la CNDH actual ha ignorado la severa crítica que le hizo al organismo internacional el consejo consultivo de la misma comisión en marzo de 2008. Y en ambos hechos aparece Plascencia, primero como crítico en 2008 y ahora como aval de los reportes.
El consejo consultivo de la CNDH de 2008 encontró 45 errores del reporte de HRW “y lamentó que la mayor parte de sus afirmaciones parezca resultado de un notable desconocimiento de las leyes mexicanas y del quehacer de este organismo nacional, mostrado por los autores”. El Consejo Consultivo de la CNDH estaba formado por personalidades de calidad: Miguel Carbonell, Míriam Cárdenas, Paulette Dieterlen, Héctor Fix Zamudio (hoy director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), Juliana González Valenzuela (ex directora de Filosofía de la UNAM y ex miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, Patricia Kurczyn Villalobos, Joaquín López Dóriga, Ricardo Pozas Horcasitas, Graciela Rodríguez Ortega y Fernando Serrano Migallón (ex director de Derecho de la UNAM).
Para este Consejo Consultivo de la CNDH, el Informe de HRW “focalizó su materia de estudio desde una perspectiva incorrecta, como incorrectas y sesgadas son sus valoraciones y conclusiones, en las que utiliza al menos 40 adjetivos para descalificar a la CNDH, tildándola, por ejemplo, de legalista, formalista y tímida”.
Agregó que “en la elaboración del documento de HRW se omitió tomar en consideración las particularidades del sistema mexicano no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos, de modo que las valoraciones parten del personal criterio de los autores del informe hacia las funciones y actividades que ellos desearían que la CNDH desempeñara, pero no responden al diseño institucional que establece la legislación aplicable a esta institución”.
Finalmente “el Consejo Consultivo de la CNDH lamenta que, por vez primera en 30 años, Human Rights Watch haya dejado de lado su papel analítico de las labores de los gobiernos respecto del cumplimiento de los derechos humanos, labor que respaldaba la de los ombudsman del continente y que, en su lugar, haya asumido una actitud crítica poco fundamentada y evidentemente parcial, contra una institución defensora de los derechos humanos”.
Lo malo de los reportes de HRW es que la pasión mediática excluye el análisis. En las primeras líneas de su informe 2012 señaló que el “incremento alarmante” en homicidios ha sido “en gran parte consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico”, aunque eludió incluir, por ejemplo, las documentadas agresiones de bandas criminales contra partidas del Ejército que provocaron reacciones con muertos y sobre todo detenidos. Asimismo no tomó en cuenta los decomisos de las fuerzas de seguridad, de las cuales sólo el Ejército las tiene para consulta pública en su página web (http://www.sedena.gob.mx/index.php/actividades/combate-al-narcotrafico).
Asimismo HRW y la CNDH no incluyeron en su contexto la violación de derechos humanos de civiles por parte de las organizaciones criminales, como lo han probado los casos de migrantes asesinados con crueldad por cárteles. El reporte de HRW agotó mañosamente su reporte en el número de denuncias, pero no consolidó datos respecto a casos efectivos y recomendaciones y desdeñó los militares y policías encarcelados por violar los derechos humanos.
Y finalmente, el esquema de análisis de HRW, ahora con el sorprendente aval de la CNDH cuando en el pasado lo condenaba, se basa en denunciar violación de derechos humanos para retirar a las fuerzas armadas del combate a las bandas criminales sin entender --o a lo mejor sí-- que el Ejército y la Marina son las únicas fuerzas capaces de combatir a los cárteles. Si se retiran, la sociedad mexicana quedará a merced del crimen organizado y entonces se abriría la puerta para que Estados Unidos se haga cargo de la seguridad mexicana.
En medio de una crisis de credibilidad por la inconsistencia de sus investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió cobijarse bajo la falda de Human Rights Watch. Sin embargo, apenas en marzo de 2008 el consejo consultivo de la CNDH había desacreditado los reportes anuales de esa organización internacional.
Lo malo del asunto es que el doctor Raúl Plascencia era en el 2008 primer visitador de la CNDH bajo la presidencia del doctor José Luis Soberanes Fernández y entonces fue firmante de la carta de crítica de la Comisión a la inconsistencia de los reportes de HRW; hoy, como presidente de la Comisión, Plascencia alaba los reportes de HRW que metodológicamente son exactamente los mismos que en el 2008.
En este sentido, la CNDH cayó en la trampa mediática de los organismos no gubernamentales que operan en México como grupos de presión y su presidente, Raúl Plascencia, le dio un aval curioso a HRW: afirmó en su reporte leído ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el reporte de HRW está sustentado en las investigaciones de la CNDH.
Lo malo del asunto es que HRW analiza un caso concreto, pero de ahí desprende conclusiones generalizadas. En el reporte de esa organización sobre México, entregado en Egipto, sólo utiliza un caso para llegar a la conclusión de “un fuerte incremento del número de asesinatos, torturas y abusos por parte de las fuerzas de seguridad”. Ante la falta de calidad en sus indagaciones, HRW ha comenzado a abusar de los adjetivos.
Para HRW el “fuerte incremento” de la violencia institucional contra la ciudadanía se desprende del número de denuncias presentadas, pero elude incluir en su análisis el proceso de las indagatorias y sobre todo la confirmación de hechos reales que indiquen violación sistemática y ordenadas de derechos humanos. HRW se apoya --el club de los elogios mutuos: alábame y te alabo-- en los “informes detallados (de la CNDH) sobre casi 90 casos desde 2007” que concluyeron responsabilidad de miembros de las fuerzas armadas. Sólo que HRW tramposamente elude el hecho de que el Ejército ha aceptado la totalidad de las recomendaciones de la CNDH y ha creado protocolos especiales para evitar la repetición de los casos.
La declaración del presidente de la CNDH a favor de HRW no hizo más que comprar credibilidad. Sin embargo, la CNDH actual ha ignorado la severa crítica que le hizo al organismo internacional el consejo consultivo de la misma comisión en marzo de 2008. Y en ambos hechos aparece Plascencia, primero como crítico en 2008 y ahora como aval de los reportes.
El consejo consultivo de la CNDH de 2008 encontró 45 errores del reporte de HRW “y lamentó que la mayor parte de sus afirmaciones parezca resultado de un notable desconocimiento de las leyes mexicanas y del quehacer de este organismo nacional, mostrado por los autores”. El Consejo Consultivo de la CNDH estaba formado por personalidades de calidad: Miguel Carbonell, Míriam Cárdenas, Paulette Dieterlen, Héctor Fix Zamudio (hoy director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), Juliana González Valenzuela (ex directora de Filosofía de la UNAM y ex miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, Patricia Kurczyn Villalobos, Joaquín López Dóriga, Ricardo Pozas Horcasitas, Graciela Rodríguez Ortega y Fernando Serrano Migallón (ex director de Derecho de la UNAM).
Para este Consejo Consultivo de la CNDH, el Informe de HRW “focalizó su materia de estudio desde una perspectiva incorrecta, como incorrectas y sesgadas son sus valoraciones y conclusiones, en las que utiliza al menos 40 adjetivos para descalificar a la CNDH, tildándola, por ejemplo, de legalista, formalista y tímida”.
Agregó que “en la elaboración del documento de HRW se omitió tomar en consideración las particularidades del sistema mexicano no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos, de modo que las valoraciones parten del personal criterio de los autores del informe hacia las funciones y actividades que ellos desearían que la CNDH desempeñara, pero no responden al diseño institucional que establece la legislación aplicable a esta institución”.
Finalmente “el Consejo Consultivo de la CNDH lamenta que, por vez primera en 30 años, Human Rights Watch haya dejado de lado su papel analítico de las labores de los gobiernos respecto del cumplimiento de los derechos humanos, labor que respaldaba la de los ombudsman del continente y que, en su lugar, haya asumido una actitud crítica poco fundamentada y evidentemente parcial, contra una institución defensora de los derechos humanos”.
Lo malo de los reportes de HRW es que la pasión mediática excluye el análisis. En las primeras líneas de su informe 2012 señaló que el “incremento alarmante” en homicidios ha sido “en gran parte consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico”, aunque eludió incluir, por ejemplo, las documentadas agresiones de bandas criminales contra partidas del Ejército que provocaron reacciones con muertos y sobre todo detenidos. Asimismo no tomó en cuenta los decomisos de las fuerzas de seguridad, de las cuales sólo el Ejército las tiene para consulta pública en su página web (http://www.sedena.gob.mx/index.php/actividades/combate-al-narcotrafico).
Asimismo HRW y la CNDH no incluyeron en su contexto la violación de derechos humanos de civiles por parte de las organizaciones criminales, como lo han probado los casos de migrantes asesinados con crueldad por cárteles. El reporte de HRW agotó mañosamente su reporte en el número de denuncias, pero no consolidó datos respecto a casos efectivos y recomendaciones y desdeñó los militares y policías encarcelados por violar los derechos humanos.
Y finalmente, el esquema de análisis de HRW, ahora con el sorprendente aval de la CNDH cuando en el pasado lo condenaba, se basa en denunciar violación de derechos humanos para retirar a las fuerzas armadas del combate a las bandas criminales sin entender --o a lo mejor sí-- que el Ejército y la Marina son las únicas fuerzas capaces de combatir a los cárteles. Si se retiran, la sociedad mexicana quedará a merced del crimen organizado y entonces se abriría la puerta para que Estados Unidos se haga cargo de la seguridad mexicana.
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