José Gil Olmos
Una de las ideas que ha ido creciendo, mientras se acerca la elección presidencial, es la posibilidad de que el nuevo gobierno llegue a un acuerdo con los grupos del crimen organizado para que bajen los niveles de violencia que ha alcanzado el país, con cerca de 50 mil muertos en los últimos cinco años.
Esa idea no es otra que la intención de alcanzar la pax mafiosa pero a la mexicana, porque mientras en Italia ese pacto de no violencia se alcanzó entre los propios grupos del crimen organizado, aquí la idea es que el nuevo grupo de gobierno pacte con todos los grupos criminales y, de esa manera, establecer un periodo de tranquilidad tras una época de violencia que no se compara, salvo lo vivido en la Revolución y el la guerra cristera de principios del siglo XX.
El pacto no implicaría que el gobierno dejara de perseguir a las principales bandas, sino de pactar una disminución de los crímenes, las desapariciones, los enfrentamientos, así como de los niveles de terror que ya se han establecido en ciertas regiones del país. Al mismo tiempo, el establecimiento y respeto de los territorios controlados por cada uno de ellos y las rutas que cada grupo criminal ha elegido para trasladar los enervantes a Estados Unidos.
El miedo, el horror y hasta el terror que hay en todos los sectores sociales está orillando a pensar que desde el nuevo gobierno se puede pactar con estos grupos y que, a partir de entonces, se les puede disuadir para que dejen su estrategia de poder basada en la violencia y muestren respeto a la sociedad.
El planteamiento no es, entonces, combatir y debilitar al crimen organizado, sino tolerarlo y administrar el problema de la violencia generada por la pelea entre ellos y la guerra declarada desde el gobierno para dar la sensación de que se puede regresar a los niveles de seguridad y tranquilidad que se tenían antes de llegada del PAN a la Presidencia de la República.
La tentación de impulsar desde el nuevo gobierno la pax mafiosa choca de frente a la realidad si vemos que los grupos del crimen organizado tienen tanto poder e influencia en sus zonas, así como en el mercado nacional e internacional, que poco necesitan del gobierno.
El establecimiento de un pacto o un acuerdo con estos grupos sería tanto como legitimarlos en el poder y otorgarles, desde la institucionalidad, territorio y facultades de gobierno, lo que representaría en los hechos el fracaso del Estado mexicano.
En esta situación el Estado como garante del gobierno, la seguridad y el bienestar social mediante todas las instituciones civiles, policíacas y castrenses, dejaría su lugar al nuevo grupo de poder que desempeñaría las mismas facultades, pero desde la violencia, el asesinato, la tortura y la desaparición.
Por otro lado, cohabitar con los grupos criminales mediante un acuerdo en el cual se aparente el combate pero en los hechos se mantengan libres de actuar en el entendido de bajar los índices de violencia, tendría consecuencias en el corto y largo plazos, pues además de permitirles actuar, estarían acumulando más poder que ejercerían tarde o temprano.
Frente a estos escenarios, la sola idea de la pax mafiosa resulta inconcebible para quien entre a gobernar el país en diciembre de este año. Si en el PRI tienen pensado que pueden regresar a los viejos acuerdos que tuvieron con los narcotraficantes, se equivocan rotundamente porque los nuevos zares del crimen organizado responden a intereses y a conductas totalmente distintas en donde el poder se consigue a fuerza de la violencia y no con acuerdos y pactos.
Una de las ideas que ha ido creciendo, mientras se acerca la elección presidencial, es la posibilidad de que el nuevo gobierno llegue a un acuerdo con los grupos del crimen organizado para que bajen los niveles de violencia que ha alcanzado el país, con cerca de 50 mil muertos en los últimos cinco años.
Esa idea no es otra que la intención de alcanzar la pax mafiosa pero a la mexicana, porque mientras en Italia ese pacto de no violencia se alcanzó entre los propios grupos del crimen organizado, aquí la idea es que el nuevo grupo de gobierno pacte con todos los grupos criminales y, de esa manera, establecer un periodo de tranquilidad tras una época de violencia que no se compara, salvo lo vivido en la Revolución y el la guerra cristera de principios del siglo XX.
El pacto no implicaría que el gobierno dejara de perseguir a las principales bandas, sino de pactar una disminución de los crímenes, las desapariciones, los enfrentamientos, así como de los niveles de terror que ya se han establecido en ciertas regiones del país. Al mismo tiempo, el establecimiento y respeto de los territorios controlados por cada uno de ellos y las rutas que cada grupo criminal ha elegido para trasladar los enervantes a Estados Unidos.
El miedo, el horror y hasta el terror que hay en todos los sectores sociales está orillando a pensar que desde el nuevo gobierno se puede pactar con estos grupos y que, a partir de entonces, se les puede disuadir para que dejen su estrategia de poder basada en la violencia y muestren respeto a la sociedad.
El planteamiento no es, entonces, combatir y debilitar al crimen organizado, sino tolerarlo y administrar el problema de la violencia generada por la pelea entre ellos y la guerra declarada desde el gobierno para dar la sensación de que se puede regresar a los niveles de seguridad y tranquilidad que se tenían antes de llegada del PAN a la Presidencia de la República.
La tentación de impulsar desde el nuevo gobierno la pax mafiosa choca de frente a la realidad si vemos que los grupos del crimen organizado tienen tanto poder e influencia en sus zonas, así como en el mercado nacional e internacional, que poco necesitan del gobierno.
El establecimiento de un pacto o un acuerdo con estos grupos sería tanto como legitimarlos en el poder y otorgarles, desde la institucionalidad, territorio y facultades de gobierno, lo que representaría en los hechos el fracaso del Estado mexicano.
En esta situación el Estado como garante del gobierno, la seguridad y el bienestar social mediante todas las instituciones civiles, policíacas y castrenses, dejaría su lugar al nuevo grupo de poder que desempeñaría las mismas facultades, pero desde la violencia, el asesinato, la tortura y la desaparición.
Por otro lado, cohabitar con los grupos criminales mediante un acuerdo en el cual se aparente el combate pero en los hechos se mantengan libres de actuar en el entendido de bajar los índices de violencia, tendría consecuencias en el corto y largo plazos, pues además de permitirles actuar, estarían acumulando más poder que ejercerían tarde o temprano.
Frente a estos escenarios, la sola idea de la pax mafiosa resulta inconcebible para quien entre a gobernar el país en diciembre de este año. Si en el PRI tienen pensado que pueden regresar a los viejos acuerdos que tuvieron con los narcotraficantes, se equivocan rotundamente porque los nuevos zares del crimen organizado responden a intereses y a conductas totalmente distintas en donde el poder se consigue a fuerza de la violencia y no con acuerdos y pactos.
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