Pemex pagará a la IP 15 dólares más por barril para extraer crudo
Los nuevos contratos suben el plazo de concesiones de 25 a 30 años; la paraestatal asume el riesgo ambiental; ofrece más ventajas al contratista y le proporcionará información confidencial
Israel Rodríguez / La Jornada
Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una nueva y segunda convocatoria para que empresas privadas nacionales y extranjeras realicen la explotación de campos maduros de la región norte, mediante la cesión de las actividades sustantivas de Pemex Exploración y Producción (PEP), el organismo más importante de la petrolera mexicana.
Ahora se incluyen seis áreas contractuales, dos marinas (Arenque y Atún) y cuatro terrestres (Altamira, Pánuco, San Andrés y Tierra Blanca), las cuales se ubican en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.
Rogelio Gasca Neri, consejero profesional independiente de Pemex, en su voto razonado del pasado 15 de noviembre de 2011, se opuso a la celebración de estos contratos y advirtió: Aprobar estos contratos equivale a estar tomando decisiones de política energética que no le corresponden al consejo; es tomar decisiones que afectarán a Pemex en forma importante y atarán a las siguientes generaciones a un esquema de apertura del sector petrolero que inhibirá o condicionará las decisiones en este importante sector para la economía, para las finanzas públicas y para el país.
El nuevo modelo de contratos eleva el plazo de las concesiones de 25 a 30 años; Pemex participa sólo con 10 por ciento del proyecto; el riesgo ambiental lo asume la paraestatal. Se incrementa el factor de ajuste de tarifa de 60 a 70 por ciento, lo que implica un pago más alto al contratista. Se aplica un régimen fiscal más flexible que la onerosa carga impositiva que se aplica a Pemex.
De esta manera, el precio que pagará Pemex por la extracción de crudo, junto con 70 por ciento del costo de las facturas que presente el contratista, será de alrededor de 20 dólares por barril, que contrasta desfavorablemente con el precio de extracción de Pemex de 5.22 dólares por barril, alertaron expertos de la industria.
Además, para la presentación de posturas PEP proporcionará al contratista información confidencial que podrá ser usada por el licitante. El contratista tendrá derecho de revelar la información confidencial a cualquiera de sus funcionarios, directores, empleados y asesores que necesiten conocerla. Pemex sólo tendrá el control de la asignación del contrato.
Se estima que en las seis áreas que se concursará la producción será de alrededor de 100 mil barriles por día en los próximos tres o cuatro años.
Pese a la creciente intervención de empresas privadas en actividades reservadas exclusivamente al Estado, en el último escenario de Pemex se plantea que será dentro de 14 años (en 2026) cuando se logre alcanzar una producción nacional total superior a 3 millones 100 mil barriles diarios.
En 2011 tuvo lugar la primera ronda de contratos integrales de Pemex Exploración y Producción, en la que se licitaron las áreas conocidas como Carrizo, Magallanes y Santuario. En esa ocasión se adjudicaron dos de estos bloques (Magallanes y Santuario) a Petrofac Facilities, mientras Carrizo fue adjudicada a la francesa Dowell Schlumberger, después de que la empresa ganadora renunció debido a su incapacidad de llevar a cabo las obras.
Dowell Schlumberger, quien también participa en la perforación de campos en Chicontepec, logró que PEP le pague 9.40 dólsares por la extracción de cada barril de petróleo, que representa casi el doble del costo de extracción de Pemex (5.22 dólares por barril).
De esta manera, se estima que durante los 25 años del contrato Pemex pagará un sobreprecio a Dowell Schlumberger de alrededor de mil millones de dólares, según los últimos cálculos realizados por analistas privados.
De acuerdo con la información de Pemex, el acto de presentación y apertura de proposiciones, evaluación, fallo y adjudicación será el 19 de junio de 2012 y el periodo de firma de contratos será del 20 de junio al 20 de agosto de 2012, prácticamente un trimestre antes de que culmine la administración del presidente Felipe Calderón.
Los nuevos contratos suben el plazo de concesiones de 25 a 30 años; la paraestatal asume el riesgo ambiental; ofrece más ventajas al contratista y le proporcionará información confidencial
Israel Rodríguez / La Jornada
Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una nueva y segunda convocatoria para que empresas privadas nacionales y extranjeras realicen la explotación de campos maduros de la región norte, mediante la cesión de las actividades sustantivas de Pemex Exploración y Producción (PEP), el organismo más importante de la petrolera mexicana.
Ahora se incluyen seis áreas contractuales, dos marinas (Arenque y Atún) y cuatro terrestres (Altamira, Pánuco, San Andrés y Tierra Blanca), las cuales se ubican en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.
Rogelio Gasca Neri, consejero profesional independiente de Pemex, en su voto razonado del pasado 15 de noviembre de 2011, se opuso a la celebración de estos contratos y advirtió: Aprobar estos contratos equivale a estar tomando decisiones de política energética que no le corresponden al consejo; es tomar decisiones que afectarán a Pemex en forma importante y atarán a las siguientes generaciones a un esquema de apertura del sector petrolero que inhibirá o condicionará las decisiones en este importante sector para la economía, para las finanzas públicas y para el país.
El nuevo modelo de contratos eleva el plazo de las concesiones de 25 a 30 años; Pemex participa sólo con 10 por ciento del proyecto; el riesgo ambiental lo asume la paraestatal. Se incrementa el factor de ajuste de tarifa de 60 a 70 por ciento, lo que implica un pago más alto al contratista. Se aplica un régimen fiscal más flexible que la onerosa carga impositiva que se aplica a Pemex.
De esta manera, el precio que pagará Pemex por la extracción de crudo, junto con 70 por ciento del costo de las facturas que presente el contratista, será de alrededor de 20 dólares por barril, que contrasta desfavorablemente con el precio de extracción de Pemex de 5.22 dólares por barril, alertaron expertos de la industria.
Además, para la presentación de posturas PEP proporcionará al contratista información confidencial que podrá ser usada por el licitante. El contratista tendrá derecho de revelar la información confidencial a cualquiera de sus funcionarios, directores, empleados y asesores que necesiten conocerla. Pemex sólo tendrá el control de la asignación del contrato.
Se estima que en las seis áreas que se concursará la producción será de alrededor de 100 mil barriles por día en los próximos tres o cuatro años.
Pese a la creciente intervención de empresas privadas en actividades reservadas exclusivamente al Estado, en el último escenario de Pemex se plantea que será dentro de 14 años (en 2026) cuando se logre alcanzar una producción nacional total superior a 3 millones 100 mil barriles diarios.
En 2011 tuvo lugar la primera ronda de contratos integrales de Pemex Exploración y Producción, en la que se licitaron las áreas conocidas como Carrizo, Magallanes y Santuario. En esa ocasión se adjudicaron dos de estos bloques (Magallanes y Santuario) a Petrofac Facilities, mientras Carrizo fue adjudicada a la francesa Dowell Schlumberger, después de que la empresa ganadora renunció debido a su incapacidad de llevar a cabo las obras.
Dowell Schlumberger, quien también participa en la perforación de campos en Chicontepec, logró que PEP le pague 9.40 dólsares por la extracción de cada barril de petróleo, que representa casi el doble del costo de extracción de Pemex (5.22 dólares por barril).
De esta manera, se estima que durante los 25 años del contrato Pemex pagará un sobreprecio a Dowell Schlumberger de alrededor de mil millones de dólares, según los últimos cálculos realizados por analistas privados.
De acuerdo con la información de Pemex, el acto de presentación y apertura de proposiciones, evaluación, fallo y adjudicación será el 19 de junio de 2012 y el periodo de firma de contratos será del 20 de junio al 20 de agosto de 2012, prácticamente un trimestre antes de que culmine la administración del presidente Felipe Calderón.
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