Carlos Ramírez / Indicador Político
Las elecciones presidenciales del 2012 en México serán las más importantes desde la Revolución Mexicana de 1910 porque podrán al país en la encrucijada de restaurar al viejo PRI en la Presidencia de la República o apostarle a la última oportunidad de definir un nuevo proyecto nacional de sociedad.
El país ha pasado por experiencias reformistas del propio PRI en una larga transición que comenzó en 1964 con los diputados de partido y terminó en el 2000 con el arribo del PAN a la presidencia. Sin embargo, esta transición democrática en cámara lentísima de casi una generación no pudo derivar en la construcción de un nuevo proyecto nacional ajustado a la nueva correlación de fuerzas sociales.
Los dos sexenios del PAN en la presidencia constituyeron un interregno en la que el viejo régimen se resistía a morir y el nuevo régimen no alcanzaba a nacer. Al final, el PAN logró solamente la alternancia partidista en la presidencia de la república pero no pudo concretar el paso siguiente de todo proceso de transición: la instauración de una nueva democracia.
El PRI no ha permitido el cierre del ciclo histórico que inició en 1910 con la Revolución Mexicana. Lo malo es que el proyecto nacional del PRI estuvo diseñado en función del control de tres variables: el partido hegemónico con mayoría calificada en las dos cámaras legislativas, el Estado con una estructura de poder dependiente del corporativismo del PRI y una Constitución federal que articulaba el poder absolutista del PRI.
La alternancia sin transición desajustó la funcionalidad del viejo régimen pero sigue impidiendo la construcción de un nuevo proyecto nacional porque el PRI se ha opuesto a las reformas estructurales que permitan un Estado con nuevas estructuras ya no articuladas al PRI. El gobierno de Vicente Fox prefirió entenderse con el PRI y el gobierno de Calderón no tuvo alguna iniciativa de reforma integral del proyecto nacional. Por tanto, el país ha padecido el peor de los mundos: un sistema priísta sin PRI hegemónico ni en el poder; en estos casi dos sexenios, las posibilidades de la alternancia se ahogaron en la ausencia de reformas de fondo.
La agenda del 2012 se ha reducido a opciones mayores:
1.- Si el PRI gana las elecciones y se reinstala en Los Pinos, tendrá sólo dos opciones: la restauración del viejo régimen o liderar la transición a un nuevo sistema con un proyecto nacional ajustado a la nueva correlación de fuerzas sociales y políticas.
2.- Si el PAN vuelve a ganar las elecciones, sus opciones serán las mismas: entenderse con el PRI otros seis años y tratar de avanzar en política social pero con candados en política económica para el desarrollo o construir una alianza plural para diseñar un proyecto nacional con base en la reforma integral de la estructura nacional.
3.- Si el PRD triunfa en las elecciones presidenciales, en realidad su margen de maniobra será sin opciones porque sus élites que gobernarán tienen sólo el objetivo de reciclar el modelo corporativo-social del viejo PRI, aunque con un liderazgo personalista perfilado como cesarismo light.
Pero el país tiene ahora demandas crecientes, rezagos sociales pendientes y sobre todo una marginación estructural. El problema de fondo es que el proyecto nacional del PRI no alcanza a satisfacer las demandas de bienestar de los mexicanos porque su estructura productiva no depende de las necesidades a cubrir sino de los compromisos corporativos; por tanto, es un modelo de bienestar atado al esquema de dependencia bienestar-votos. De ahí que la política de desarrollo y bienestar del PRI haya sido creada para garantizar apoyo electoral y no para llevar el bienestar a todos los mexicanos.
El único camino para promover el bienestar de los mexicanos sin distinción de lealtad electoral y por tanto para construir un sistema productivo para el crecimiento y no para garantizar el control partidista de la economía pasa por el diseño de un nuevo proyecto nacional de bienestar basado en cuando menos cuatro pilares:
1.- La reforma del Estado para romper con la dependencia estructural del Estado hacia el corporativismo del partido. Ello implicaría un Estado regulador y no un Estado interventor.
2.- El diseño de un nuevo modelo de desarrollo basado en dos pilares: la reconversión industrial con mayor estímulo a la participación privada en actividades productivas y la reforma agroindustrial. Para ello se requerirá un Estado promotor de la actividad privada, desde los bienes de capital hasta el apoyo a las alianzas ejidales-empresariales. El nuevo modelo de desarrollo exigirá una política extensa de estímulos estatales.
3.- La reforma del sistema político con la instauración de una nueva democracia basada en el Estado de derecho, en la autonomía absoluta de los órganos electorales y en la organización de otro sistema de partidos con apoyo a la participación política de las minorías por sí mismas y no en el cabús de alianzas partidistas que despersonalizan la participación social.
4.- Un nuevo pacto constitucional derivado de la reconfiguración del proyecto nacional. La Constitución de 1917 fue producto del acuerdo de las facciones que ganaron la Revolución; luego vino la fase de una Carta Magna incluyente de los acuerdos con las minorías, pero al grado de despersonalizar su perfil como eje rector y convertirla en un catálogo de minucias; y ahora debe venir la fase de una Constitución doctrinaria del nuevo pacto social por el bienestar y no en un documento de compromisos coyunturales y parciales.
Lo malo de este escenario es que ningún partido o precandidato tiene claras las opciones estratégicas del país. Al final, el dilema es sencillo: restauración de lo nuevo proyecto nacional.
Las elecciones presidenciales del 2012 en México serán las más importantes desde la Revolución Mexicana de 1910 porque podrán al país en la encrucijada de restaurar al viejo PRI en la Presidencia de la República o apostarle a la última oportunidad de definir un nuevo proyecto nacional de sociedad.
El país ha pasado por experiencias reformistas del propio PRI en una larga transición que comenzó en 1964 con los diputados de partido y terminó en el 2000 con el arribo del PAN a la presidencia. Sin embargo, esta transición democrática en cámara lentísima de casi una generación no pudo derivar en la construcción de un nuevo proyecto nacional ajustado a la nueva correlación de fuerzas sociales.
Los dos sexenios del PAN en la presidencia constituyeron un interregno en la que el viejo régimen se resistía a morir y el nuevo régimen no alcanzaba a nacer. Al final, el PAN logró solamente la alternancia partidista en la presidencia de la república pero no pudo concretar el paso siguiente de todo proceso de transición: la instauración de una nueva democracia.
El PRI no ha permitido el cierre del ciclo histórico que inició en 1910 con la Revolución Mexicana. Lo malo es que el proyecto nacional del PRI estuvo diseñado en función del control de tres variables: el partido hegemónico con mayoría calificada en las dos cámaras legislativas, el Estado con una estructura de poder dependiente del corporativismo del PRI y una Constitución federal que articulaba el poder absolutista del PRI.
La alternancia sin transición desajustó la funcionalidad del viejo régimen pero sigue impidiendo la construcción de un nuevo proyecto nacional porque el PRI se ha opuesto a las reformas estructurales que permitan un Estado con nuevas estructuras ya no articuladas al PRI. El gobierno de Vicente Fox prefirió entenderse con el PRI y el gobierno de Calderón no tuvo alguna iniciativa de reforma integral del proyecto nacional. Por tanto, el país ha padecido el peor de los mundos: un sistema priísta sin PRI hegemónico ni en el poder; en estos casi dos sexenios, las posibilidades de la alternancia se ahogaron en la ausencia de reformas de fondo.
La agenda del 2012 se ha reducido a opciones mayores:
1.- Si el PRI gana las elecciones y se reinstala en Los Pinos, tendrá sólo dos opciones: la restauración del viejo régimen o liderar la transición a un nuevo sistema con un proyecto nacional ajustado a la nueva correlación de fuerzas sociales y políticas.
2.- Si el PAN vuelve a ganar las elecciones, sus opciones serán las mismas: entenderse con el PRI otros seis años y tratar de avanzar en política social pero con candados en política económica para el desarrollo o construir una alianza plural para diseñar un proyecto nacional con base en la reforma integral de la estructura nacional.
3.- Si el PRD triunfa en las elecciones presidenciales, en realidad su margen de maniobra será sin opciones porque sus élites que gobernarán tienen sólo el objetivo de reciclar el modelo corporativo-social del viejo PRI, aunque con un liderazgo personalista perfilado como cesarismo light.
Pero el país tiene ahora demandas crecientes, rezagos sociales pendientes y sobre todo una marginación estructural. El problema de fondo es que el proyecto nacional del PRI no alcanza a satisfacer las demandas de bienestar de los mexicanos porque su estructura productiva no depende de las necesidades a cubrir sino de los compromisos corporativos; por tanto, es un modelo de bienestar atado al esquema de dependencia bienestar-votos. De ahí que la política de desarrollo y bienestar del PRI haya sido creada para garantizar apoyo electoral y no para llevar el bienestar a todos los mexicanos.
El único camino para promover el bienestar de los mexicanos sin distinción de lealtad electoral y por tanto para construir un sistema productivo para el crecimiento y no para garantizar el control partidista de la economía pasa por el diseño de un nuevo proyecto nacional de bienestar basado en cuando menos cuatro pilares:
1.- La reforma del Estado para romper con la dependencia estructural del Estado hacia el corporativismo del partido. Ello implicaría un Estado regulador y no un Estado interventor.
2.- El diseño de un nuevo modelo de desarrollo basado en dos pilares: la reconversión industrial con mayor estímulo a la participación privada en actividades productivas y la reforma agroindustrial. Para ello se requerirá un Estado promotor de la actividad privada, desde los bienes de capital hasta el apoyo a las alianzas ejidales-empresariales. El nuevo modelo de desarrollo exigirá una política extensa de estímulos estatales.
3.- La reforma del sistema político con la instauración de una nueva democracia basada en el Estado de derecho, en la autonomía absoluta de los órganos electorales y en la organización de otro sistema de partidos con apoyo a la participación política de las minorías por sí mismas y no en el cabús de alianzas partidistas que despersonalizan la participación social.
4.- Un nuevo pacto constitucional derivado de la reconfiguración del proyecto nacional. La Constitución de 1917 fue producto del acuerdo de las facciones que ganaron la Revolución; luego vino la fase de una Carta Magna incluyente de los acuerdos con las minorías, pero al grado de despersonalizar su perfil como eje rector y convertirla en un catálogo de minucias; y ahora debe venir la fase de una Constitución doctrinaria del nuevo pacto social por el bienestar y no en un documento de compromisos coyunturales y parciales.
Lo malo de este escenario es que ningún partido o precandidato tiene claras las opciones estratégicas del país. Al final, el dilema es sencillo: restauración de lo nuevo proyecto nacional.
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