Claudia Lemuz / E-Consulta
Los 38 diputados del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Panal y Movimiento Ciudadano aprobaron, por unanimidad, las reformas al Código de Defensa Social y al Código de Procedimiento en Materia de Defensa Social que legalizan la intervención de comunicaciones con la finalidad de esclarecer delitos graves y que también añade el delito de narcotráfico a la legislación estatal.
Las dos iniciativas pondrán al día el sistema penal, actualizando el marco jurídico de las instituciones que investigan y persiguen delitos, argumentó en tribuna el presidente de la comisión de Gobernación, Juan Carlos Espina Von Roehrich.
Los cambios tienen como fin replantear los delitos con alta incidencia y ampliar el catálogo de delitos para otorgar una mayor protección a la sociedad, aseguró el panista.
Otra de las bondades de la reforma penal, abundó Juan Carlos Espina, es que ahora los delincuentes podrán recibir tratamiento, si sus acciones están relacionadas con el consumo de alcohol y estupefacientes.
Ante la inconformidad de organizaciones no gubernamentales y de representantes de la iniciativa privada con la intervención de las comunicaciones, cateos y agentes encubiertos sin un procedimiento claro, Juan Carlos Espina defendió que los diputados verificaron que los derechos fundamentales de las personas y las garantías constitucionales quedaran a salvo.
De esta manera, el procedimiento para cateos y para la intervención de comunicaciones estará apegado a lo que actualmente marca la Constitución, pues será a petición de la autoridad ministerial y una vez que jueces federales lo autoricen; por lo que la privacidad de los ciudadanos estará, ahora, en manos de los jueces.
Es en este punto que cabe señalar que en un debate previo sobre la corrupción que prima en el sistema penitenciario de Puebla, diputados locales como Zenorina González Ortega señalaron la falta de ética de los jueces.
La reforma penal que reclasifica ilícitos y sanciona prácticas que en el pasado no estaban tipificadas como delitos, fue recibida el jueves pasado y ha sido aprobada después de sólo una semana, sin que los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PVEM, PT, Panal y Movimiento Ciudadano fijaran una postura sobre su alcance.
Los 38 diputados del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Panal y Movimiento Ciudadano aprobaron, por unanimidad, las reformas al Código de Defensa Social y al Código de Procedimiento en Materia de Defensa Social que legalizan la intervención de comunicaciones con la finalidad de esclarecer delitos graves y que también añade el delito de narcotráfico a la legislación estatal.
Las dos iniciativas pondrán al día el sistema penal, actualizando el marco jurídico de las instituciones que investigan y persiguen delitos, argumentó en tribuna el presidente de la comisión de Gobernación, Juan Carlos Espina Von Roehrich.
Los cambios tienen como fin replantear los delitos con alta incidencia y ampliar el catálogo de delitos para otorgar una mayor protección a la sociedad, aseguró el panista.
Otra de las bondades de la reforma penal, abundó Juan Carlos Espina, es que ahora los delincuentes podrán recibir tratamiento, si sus acciones están relacionadas con el consumo de alcohol y estupefacientes.
Ante la inconformidad de organizaciones no gubernamentales y de representantes de la iniciativa privada con la intervención de las comunicaciones, cateos y agentes encubiertos sin un procedimiento claro, Juan Carlos Espina defendió que los diputados verificaron que los derechos fundamentales de las personas y las garantías constitucionales quedaran a salvo.
De esta manera, el procedimiento para cateos y para la intervención de comunicaciones estará apegado a lo que actualmente marca la Constitución, pues será a petición de la autoridad ministerial y una vez que jueces federales lo autoricen; por lo que la privacidad de los ciudadanos estará, ahora, en manos de los jueces.
Es en este punto que cabe señalar que en un debate previo sobre la corrupción que prima en el sistema penitenciario de Puebla, diputados locales como Zenorina González Ortega señalaron la falta de ética de los jueces.
La reforma penal que reclasifica ilícitos y sanciona prácticas que en el pasado no estaban tipificadas como delitos, fue recibida el jueves pasado y ha sido aprobada después de sólo una semana, sin que los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PVEM, PT, Panal y Movimiento Ciudadano fijaran una postura sobre su alcance.
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