Apro
La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cualquier empleo en el gobierno federal, al exdirector general de la empresa paraestatal III Servicios SA de CV, Agustín Castro Benítez, encargado de construir la Estela de Luz con la que el gobierno federal pretendía festejar el Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia.
Además, dos exgerentes de dicha empresa –el Jurídico y el de Administración y Finanzas–, fueron inhabilitados por un año.
En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública informó que los tres exdirectivos sancionados permitieron la participación de un particular en la planeación y contratación de la obra.
También comunicó que citó a proceso de responsabilidad administrativa a 10 funcionarios del Comité de Obras Públicas que, de acuerdo con las indagatorias realizadas por la Secretaría, “autorizaron de manera indebida la licitación para adjudicar los contratos de construcción y supervisión” de la obra.
Dichos servidores públicos son del más alto nivel jerárquico de III Servicios, subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) –encargada de construir el Monumento del Bicentenario, Estela de Luz–, quienes fueron sometidos a procesos de responsabilidad administrativa que concluyeron con dichas sanciones.
Dicha empresa tenía previsto obtener un bono de 80 millones de pesos por la subcontratación de la obra que tiene más de un año de retraso. Inicialmente se tenía prevista una inversión de 200 millones de pesos pero al final tuvo un incremento del gasto de mil 36 millones por modificaciones al proyecto original que no preveía la profundidad de los cimientos que requiere la obra, que se han modificado de 30 a 50 metros; además el sistema para bombear el agua, así como los muros de contención del agua de lluvia, tampoco estaban previstos en el proyecto del arquitecto César Pérez Becerril.
La obra consta de dos columnas de 104 metros de altura, que representan los dos siglos de autonomía del gobierno mexicano. Se planeó su ubicación en la entrada del Bosque de Chapultepec, sobre la avenida Paseo de la Reforma.
Desde el inicio el proyecto estuvo envuelto en problemas. El 12 de julio el arquitecto Pérez Becerril presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los documentos en los que, según él, se comprobaban las presiones del titular de la Secretaría de Ecuación Pública (SEP), Alonso Lujambio, para no revelar la supuesta corrupción en el proyecto. El funcionario desmintió al arquitecto y lo retó a presentar las pruebas de los supuestos actos de corrupción en la obra.
Desde entonces la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación y hoy, por medio de un comunicado, informó que se encontraron diversas irregularidades y se determinó que los diez sancionados permitieron la participación de un particular en la planeación y contratación de la obra.
En seguimiento a las auditorías e investigaciones iniciadas, la instancia auditora citó a proceso de responsabilidad administrativa a quienes formaron parte del Comité de Obras Públicas y que, según las indagaciones, autorizaron de manera indebida la excepción a la licitación para adjudicar los contratos de construcción y supervisión de la Estela de Luz.
Los diez funcionarios, de los cuales la Secretaría no proporcionó los nombres son: exgerente de construcción; el exsubgerente de construcción; el gerente comercial; el gerente de administración y mantenimiento inmobiliario; el exsubgerente de concursos; el subgerente de evaluación, estadística y mejora continua; el subgerente de Contabilidad y Presupuesto; el excoordinador de mantenimiento zona centro; el exgerente de administración y finanzas y el exgerente Jurídico.
La Secretaría de la Función Pública presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de tres servidores públicos de III Servicios y un particular que se ostentaba como funcionario de la paraestatal.
La denuncia contra estos cuatro personajes se debe a la presunta comisión de los siguientes delitos: abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones, uso de siglas sin derecho y uso de sellos sin derecho.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cualquier empleo en el gobierno federal, al exdirector general de la empresa paraestatal III Servicios SA de CV, Agustín Castro Benítez, encargado de construir la Estela de Luz con la que el gobierno federal pretendía festejar el Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia.
Además, dos exgerentes de dicha empresa –el Jurídico y el de Administración y Finanzas–, fueron inhabilitados por un año.
En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública informó que los tres exdirectivos sancionados permitieron la participación de un particular en la planeación y contratación de la obra.
También comunicó que citó a proceso de responsabilidad administrativa a 10 funcionarios del Comité de Obras Públicas que, de acuerdo con las indagatorias realizadas por la Secretaría, “autorizaron de manera indebida la licitación para adjudicar los contratos de construcción y supervisión” de la obra.
Dichos servidores públicos son del más alto nivel jerárquico de III Servicios, subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) –encargada de construir el Monumento del Bicentenario, Estela de Luz–, quienes fueron sometidos a procesos de responsabilidad administrativa que concluyeron con dichas sanciones.
Dicha empresa tenía previsto obtener un bono de 80 millones de pesos por la subcontratación de la obra que tiene más de un año de retraso. Inicialmente se tenía prevista una inversión de 200 millones de pesos pero al final tuvo un incremento del gasto de mil 36 millones por modificaciones al proyecto original que no preveía la profundidad de los cimientos que requiere la obra, que se han modificado de 30 a 50 metros; además el sistema para bombear el agua, así como los muros de contención del agua de lluvia, tampoco estaban previstos en el proyecto del arquitecto César Pérez Becerril.
La obra consta de dos columnas de 104 metros de altura, que representan los dos siglos de autonomía del gobierno mexicano. Se planeó su ubicación en la entrada del Bosque de Chapultepec, sobre la avenida Paseo de la Reforma.
Desde el inicio el proyecto estuvo envuelto en problemas. El 12 de julio el arquitecto Pérez Becerril presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los documentos en los que, según él, se comprobaban las presiones del titular de la Secretaría de Ecuación Pública (SEP), Alonso Lujambio, para no revelar la supuesta corrupción en el proyecto. El funcionario desmintió al arquitecto y lo retó a presentar las pruebas de los supuestos actos de corrupción en la obra.
Desde entonces la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación y hoy, por medio de un comunicado, informó que se encontraron diversas irregularidades y se determinó que los diez sancionados permitieron la participación de un particular en la planeación y contratación de la obra.
En seguimiento a las auditorías e investigaciones iniciadas, la instancia auditora citó a proceso de responsabilidad administrativa a quienes formaron parte del Comité de Obras Públicas y que, según las indagaciones, autorizaron de manera indebida la excepción a la licitación para adjudicar los contratos de construcción y supervisión de la Estela de Luz.
Los diez funcionarios, de los cuales la Secretaría no proporcionó los nombres son: exgerente de construcción; el exsubgerente de construcción; el gerente comercial; el gerente de administración y mantenimiento inmobiliario; el exsubgerente de concursos; el subgerente de evaluación, estadística y mejora continua; el subgerente de Contabilidad y Presupuesto; el excoordinador de mantenimiento zona centro; el exgerente de administración y finanzas y el exgerente Jurídico.
La Secretaría de la Función Pública presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de tres servidores públicos de III Servicios y un particular que se ostentaba como funcionario de la paraestatal.
La denuncia contra estos cuatro personajes se debe a la presunta comisión de los siguientes delitos: abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones, uso de siglas sin derecho y uso de sellos sin derecho.
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