Jenaro Villamil
El Senado de la República insistió en defender aspectos de la reforma política que fueron ignorados en la Cámara de Diputados, y con 95 votos a favor aprobó cambios constitucionales para permitir la reelección inmediata de legisladores, la reconducción presupuestal, el veto presidencial sobre el presupuesto y las candidaturas independientes locales, que antes habían sido eliminadas por la colegisladora de San Lázaro.
En caso de que la Cámara de Diputados no avale los cambios planteados de nuevo por el Senado, los artículos que ya han sido aprobados por ambas cámaras se remitirán a las legislaturas estatales, como corresponde al proceso de reforma constitucional.
Existen otros nueve temas en los que ambas cámaras del Congreso coinciden, entre ellos: el derecho de todos los ciudadanos a cargos públicos, la figura de iniciativa ciudadana a nivel federal y local, la participación ciudadana en las consultas populares, la iniciativa preferente del Ejecutivo federal, la facultad del Congreso de legislar sobre consulta popular e iniciativa ciudadana, así como la ratificación del Senado de una parte de integrantes de órganos reguladores, y el mecanismo para la sustitución presidencial y sustitución del presidente electo por falta absoluta.
El más crítico de la minuta aprobada este martes por el Senado fue el legislador perredista Pablo Gómez, quien consideró que lo aprobado no es una reforma política, sino una “comedia de equivocaciones que no reforma el sistema político”.
“Se trata de una miscelánea y no una reforma al sistema político de la Constitución que nos dote de un andamiaje institucional nuevo más democrático de una República participativa, de una transparencia de la acción de los poderes públicos y de unos nuevos derechos para los ciudadanos”, advirtió.
Gómez criticó el veto presidencial al presupuesto porque esto, dijo, significa “aumentar el poder del presidente y disminuir el poder del Legislativo. Por eso no estamos de acuerdo, porque el poder de bolsa es de la Cámara de Diputados, nada más; el Ejecutivo sólo tiene derecho a proponer el presupuesto, hay países donde ni eso”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Melquíades Morales Flores, destacó que la reforma aprobada por el Senado amplía los derechos ciudadanos, actualiza las disposiciones constitucionales obsoletas y fortalece el equilibrio y colaboración entre los poderes de la Unión.
Insistió en la adición a la fracción VIII del artículo 35 constitucional para establecer las bases “a las que se sujetará la consulta popular”, pues “sería una incongruencia inadmisible” aprobar esa figura de democracia semidirecta y no fijar las bases para su reglamentación en la ley secundaria.
Morales Flores defendió el punto del veto presidencial en materia presupuestaria porque, apuntó, acaba con “el litigio interpretativo en torno a la facultad de veto del Ejecutivo federal sobre el presupuesto de egresos”.
Los senadores panistas Alejandro Zapata Perogordo y Ramón Galindo criticaron los cambios hechos en la Cámara de Diputados a la iniciativa original aprobada en el Senado.
“Nunca creímos que la Cámara de Diputados iba a rechazar esas alternativas”, como fue el caso de las candidaturas independientes, por lo tanto, es obligación del Senado volver a insistir en estos temas, “en tanto que no puede quedar trastocada la consulta popular y menos aún el derecho de los ciudadanos a poder manifestarse en temas trascendentes para el país”, afirmó Zapata Perogordo, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
De su lado, Ramón Galindo indicó que la Cámara de Diputados regresó al Senado “una caricatura de reforma”, que no incluía nada de lo importante. “Hoy el Senado le restituye todas las partes importantes a este trabajo jurídico y va a mandárselo nuevamente a la Cámara de Diputados para que con responsabilidad consideren los temas que habían dejado fuera”, puntualizó.
El Senado de la República insistió en defender aspectos de la reforma política que fueron ignorados en la Cámara de Diputados, y con 95 votos a favor aprobó cambios constitucionales para permitir la reelección inmediata de legisladores, la reconducción presupuestal, el veto presidencial sobre el presupuesto y las candidaturas independientes locales, que antes habían sido eliminadas por la colegisladora de San Lázaro.
En caso de que la Cámara de Diputados no avale los cambios planteados de nuevo por el Senado, los artículos que ya han sido aprobados por ambas cámaras se remitirán a las legislaturas estatales, como corresponde al proceso de reforma constitucional.
Existen otros nueve temas en los que ambas cámaras del Congreso coinciden, entre ellos: el derecho de todos los ciudadanos a cargos públicos, la figura de iniciativa ciudadana a nivel federal y local, la participación ciudadana en las consultas populares, la iniciativa preferente del Ejecutivo federal, la facultad del Congreso de legislar sobre consulta popular e iniciativa ciudadana, así como la ratificación del Senado de una parte de integrantes de órganos reguladores, y el mecanismo para la sustitución presidencial y sustitución del presidente electo por falta absoluta.
El más crítico de la minuta aprobada este martes por el Senado fue el legislador perredista Pablo Gómez, quien consideró que lo aprobado no es una reforma política, sino una “comedia de equivocaciones que no reforma el sistema político”.
“Se trata de una miscelánea y no una reforma al sistema político de la Constitución que nos dote de un andamiaje institucional nuevo más democrático de una República participativa, de una transparencia de la acción de los poderes públicos y de unos nuevos derechos para los ciudadanos”, advirtió.
Gómez criticó el veto presidencial al presupuesto porque esto, dijo, significa “aumentar el poder del presidente y disminuir el poder del Legislativo. Por eso no estamos de acuerdo, porque el poder de bolsa es de la Cámara de Diputados, nada más; el Ejecutivo sólo tiene derecho a proponer el presupuesto, hay países donde ni eso”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Melquíades Morales Flores, destacó que la reforma aprobada por el Senado amplía los derechos ciudadanos, actualiza las disposiciones constitucionales obsoletas y fortalece el equilibrio y colaboración entre los poderes de la Unión.
Insistió en la adición a la fracción VIII del artículo 35 constitucional para establecer las bases “a las que se sujetará la consulta popular”, pues “sería una incongruencia inadmisible” aprobar esa figura de democracia semidirecta y no fijar las bases para su reglamentación en la ley secundaria.
Morales Flores defendió el punto del veto presidencial en materia presupuestaria porque, apuntó, acaba con “el litigio interpretativo en torno a la facultad de veto del Ejecutivo federal sobre el presupuesto de egresos”.
Los senadores panistas Alejandro Zapata Perogordo y Ramón Galindo criticaron los cambios hechos en la Cámara de Diputados a la iniciativa original aprobada en el Senado.
“Nunca creímos que la Cámara de Diputados iba a rechazar esas alternativas”, como fue el caso de las candidaturas independientes, por lo tanto, es obligación del Senado volver a insistir en estos temas, “en tanto que no puede quedar trastocada la consulta popular y menos aún el derecho de los ciudadanos a poder manifestarse en temas trascendentes para el país”, afirmó Zapata Perogordo, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
De su lado, Ramón Galindo indicó que la Cámara de Diputados regresó al Senado “una caricatura de reforma”, que no incluía nada de lo importante. “Hoy el Senado le restituye todas las partes importantes a este trabajo jurídico y va a mandárselo nuevamente a la Cámara de Diputados para que con responsabilidad consideren los temas que habían dejado fuera”, puntualizó.
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