Teodoro Rentería Arróyave
Ante la brutal represión de estudiantes en el estado de Guerrero, con resultados trágicos de dos jóvenes asesinados, otro más en estado de coma, uno que fue obligado por policías a disparar un rifle para culparlo de haber iniciado la confrontación, más desaparecidos y heridos, no basta con la decisión camuflada del gobernador, Ángel Aguirre Rivero de correr a cuatro de sus funcionarios.
El país está de luto, no sólo la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y la entidad, prueba de ello es la consternación y el repudio en generalizado -en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio por la estudiantes masacrados-, sin embargo como siempre hay una salvedad, la del presidente del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Jesús Zambrano Grijalva que en un intento fallido de cubrir al expriísta Ángel Heladio Aguirre Rivero, a quien junto con el Partido Acción Nacional, PAN, llevaron al poder en “alianza con ofensa”, al declarar que le ha solicitado una “investigación objetiva y creíble”.
Mientras tanto en Chilpancingo, ciudad capital del estado, se multiplican las manifestaciones, en la cuales estudiantes, padres de familia y organizaciones civiles e indígenas, acusan de “asesino” al gobernante y piden que salga de la entidad porque no puede estar gobernada por un represor de esta naturaleza.
Mientras esto ocurre en la plaza pública, se ha iniciado una guerra de inculpaciones entre la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es el discutido, Genaro García Luna, y las autoridades del estado, mismas que culpan a elementos de su Policía Preventiva Federal de haber sido los primeros en llegar al lugar de los acontecimientos y haber iniciado la refriega, al mismo tiempo en un comunicado, la dependencia federal culpa a los policías ministeriales guerrerenses de haber disparado sus armas, es decir de haber asesinado a los jóvenes normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
El gobernador Aguirre Rivero, de inmediato en una acción que pretende ser efectista, renunció a su Procurador General de Justicia, Alberto López Rosas; al director de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdez; al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y al subsecretario de esta última dependencia, general en retiro Ramón Arreola Ibarría, según el gobernante para no entorpecer las investigaciones del asesinato de los dos estudiantes.
Es de hacerse notar que quien hunde al gobernador, es precisamente este último cesado funcionario, por cierto fue el que estuvo a cargo de las acciones policíacas y dio la orden de arremeter contra los estudiantes que se manifestaban en la carreta Del Sol, como lo dijimos en la entrega anterior arengándolos con la majadera frase de: “Órale cabrones”.
El mílite, como lo consignó el diario La Jornada en su edición de este miércoles, en entrevista realizada en plena carretera y al final de la contienda y cuando aun yacían en la cinta asfáltica los cadáveres de los jóvenes asesinados, a preguntas expresas contestó así:
¿Fue orden del gobernador (Ángel Aguirre) el desalojo? -La orden del gobernador es que se restableciera la paz aquí. El personal de la policía estatal trae equipo antimotines y viene desarmado completamente.
¿Restablecer la paz con dos estudiantes muertos? -Establecer la paz con 800 seudoestudiantes que están tapando el paso, respondió molesto.
En consecuencia, la orden de represión fue del gobernador Aguirre Rivero, quien debería solicitar, cuando menos, licencia al cargo, mientras las autoridades federales concluyen las investigaciones.
Ya no más 68s y no basta con correr a cuatro funcionarios, los responsables intelectuales y materiales deben de responder ante los tribunales, sino es así será una nueva burla a la justicia, al pueblo de Guerrero y a toda la nación.
Ante la brutal represión de estudiantes en el estado de Guerrero, con resultados trágicos de dos jóvenes asesinados, otro más en estado de coma, uno que fue obligado por policías a disparar un rifle para culparlo de haber iniciado la confrontación, más desaparecidos y heridos, no basta con la decisión camuflada del gobernador, Ángel Aguirre Rivero de correr a cuatro de sus funcionarios.
El país está de luto, no sólo la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y la entidad, prueba de ello es la consternación y el repudio en generalizado -en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio por la estudiantes masacrados-, sin embargo como siempre hay una salvedad, la del presidente del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Jesús Zambrano Grijalva que en un intento fallido de cubrir al expriísta Ángel Heladio Aguirre Rivero, a quien junto con el Partido Acción Nacional, PAN, llevaron al poder en “alianza con ofensa”, al declarar que le ha solicitado una “investigación objetiva y creíble”.
Mientras tanto en Chilpancingo, ciudad capital del estado, se multiplican las manifestaciones, en la cuales estudiantes, padres de familia y organizaciones civiles e indígenas, acusan de “asesino” al gobernante y piden que salga de la entidad porque no puede estar gobernada por un represor de esta naturaleza.
Mientras esto ocurre en la plaza pública, se ha iniciado una guerra de inculpaciones entre la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es el discutido, Genaro García Luna, y las autoridades del estado, mismas que culpan a elementos de su Policía Preventiva Federal de haber sido los primeros en llegar al lugar de los acontecimientos y haber iniciado la refriega, al mismo tiempo en un comunicado, la dependencia federal culpa a los policías ministeriales guerrerenses de haber disparado sus armas, es decir de haber asesinado a los jóvenes normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
El gobernador Aguirre Rivero, de inmediato en una acción que pretende ser efectista, renunció a su Procurador General de Justicia, Alberto López Rosas; al director de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdez; al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y al subsecretario de esta última dependencia, general en retiro Ramón Arreola Ibarría, según el gobernante para no entorpecer las investigaciones del asesinato de los dos estudiantes.
Es de hacerse notar que quien hunde al gobernador, es precisamente este último cesado funcionario, por cierto fue el que estuvo a cargo de las acciones policíacas y dio la orden de arremeter contra los estudiantes que se manifestaban en la carreta Del Sol, como lo dijimos en la entrega anterior arengándolos con la majadera frase de: “Órale cabrones”.
El mílite, como lo consignó el diario La Jornada en su edición de este miércoles, en entrevista realizada en plena carretera y al final de la contienda y cuando aun yacían en la cinta asfáltica los cadáveres de los jóvenes asesinados, a preguntas expresas contestó así:
¿Fue orden del gobernador (Ángel Aguirre) el desalojo? -La orden del gobernador es que se restableciera la paz aquí. El personal de la policía estatal trae equipo antimotines y viene desarmado completamente.
¿Restablecer la paz con dos estudiantes muertos? -Establecer la paz con 800 seudoestudiantes que están tapando el paso, respondió molesto.
En consecuencia, la orden de represión fue del gobernador Aguirre Rivero, quien debería solicitar, cuando menos, licencia al cargo, mientras las autoridades federales concluyen las investigaciones.
Ya no más 68s y no basta con correr a cuatro funcionarios, los responsables intelectuales y materiales deben de responder ante los tribunales, sino es así será una nueva burla a la justicia, al pueblo de Guerrero y a toda la nación.
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