Carlos Ramírez / Indicador Político
Nominado por el PRD cuando el PRI le negó la candidatura a gobernador y acreditado sólo por las encuestas que le daban ventaja personal sobre otros candidatos, Angel Heladio Aguirre se convirtió en la carta ganadora perredista para las elecciones en Guerrero pero sin asumir un compromiso de alternancia real.
La represión a estudiantes normalistas guerrerenses que habían pasado a la acción directa con una agenda de demandas fácilmente atendible exhibió la pobreza política y de gobierno del PRD y en Guerrero reveló el fracaso de candidaturas que se definieron sólo para ganar el poder y no para presentar una alternativa en la gestión del gobierno.
Aguirre redujo su estilo de gobierno a las viejas prácticas priístas sólo que ahora bajo el amparo del PRD. Aprobado por Andrés Manuel López Obrador y de la mano de Marcelo Ebrard, Aguirre quiso presentarse como la nueva imagen del PRD en el poder, aunque a los nueve meses se ha perfilado como un engendro político priísta, del corte de los caciques que han gobernado Guerrero y que han salido reventados por casos sonados de represión.
El caso de los normalistas no le es ajeno. Aguirre fue designado gobernador interino a la caída del gobernador electo Rubén Figueroa en 1996 por la masacre de Aguas Blancas, el asesinato de 17 campesinos perpetrado por policías estatales. La investigación de la represión llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la facultad --hoy trasladada a la CNDH-- de investigar violaciones graves a los derechos humanos.
El caso Aguas Blancas va a ser pronto referido al caso de los normalistas de Chilpancingo. Los campesinos fueron asesinados en junio de 1995 y las responsabilidades llevaban al gobernador Figueroa, al procurador Antonio Alcocer Salazar, al director de la Judicial Estatal, Gustavo Olea Godoy y al general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro. El dictamen final de la Corte estableció que sí se habían violado los derechos humanos, pero no fincó responsabilidades penales. El entonces presidente Zedillo encontró una salida al caso penal en marzo de 1996 y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet impulsó el interinato de Angel Heladio Aguirre. La crisis de Aguas Blancas hizo nacer a la guerrilla del EPR.
Hoy Aguirre se encuentra en el mismo caso de Figueroa: Una represión brutal a estudiantes, tres jóvenes muertos por balas presuntamente de fuerzas policiacas estatales y la lógica negación de responsabilidad por el gobernador perredista y su procurador estatal. Los principales impulsores de la oleada de presión contra el gobernador priísta Figueroa fueron, obviamente, los perredistas, y hoy el gobierno perredista en Guerrero --ejercido por ex priístas e impulsado por los ex priístas López Obrador y Ebrard-- están bajo el fuego de las críticas por el abuso de uso de fuerza letal y sobre todo por la existencia de demandas sociales que han encontrado oídos sordos en los funcionarios perredistas.
La represión en Guerrero del pasado lunes 12 de diciembre ha contaminado toda la agenda de denuncias sociales del PRD en contra el gobierno federal panista. Si se recuerda, la falta de sanciones a Figueroa y funcionarios guerrerenses llevó el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció en su resolución 49/97 “ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en consecuencia se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables”.
Por tanto, Aguirre y sus funcionarios judiciales están obligados a resolver el caso de los normalistas de Chilpancingo en la misma línea del caso Aguas Blancas, a menos que un gobierno perredista sea llevado a tribunales internacionales por reprimir la protesta social y criminalizar las demandas de bienestar de los jóvenes. Por lo demás, Aguirre se encuentra también presionado por haber sido el interino priísta impuesto por el saliente Figueroa --su jefe político-- como condición para su separación del cargo de gobernador. En los casos de Aguas Blancas y de los normalistas de Chilpancingo no hubo una directriz directa de represión sino que se trató de una conducta policial en contra de la protesta social.
El trasfondo político del caso de los normalistas de Chilpancingo radica en la sordera social de un gobierno perredista gestionado en su mayoría de cargos por ex priístas de la era figueroísta. La agenda de demandas de los normalistas tenía que ver con ampliación de gasto para becas, alimentación y mantenimiento escolar, nada radical a pesar de representar a la Normal Rural de Ayotzinapa de donde salieron los guerrilleros Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Este detalle obligaba al gobierno perredista de ex priístas a ser más sensibles a las demandas, pero al final se impuso el desdén.
La crisis de represión en Guerrero evidenció el hecho de que el PRD fue usado como una franquicia por ex priístas y que la decisión de optar por Aguirre cuando aún era militante priísta --renunció sólo cuando le aseguraron la nominación del sol azteca-- careció de un compromiso con un proyecto de gobierno más social. Los nueve meses de ejercicio del gobierno perredista del ex priísta Aguirre han sido de revalidación de los viejos estilos priístas.
En todo caso, el que ha salido exhibido y mal parado es el PRD, porque un gobernador que ganó con su escudo aparece como la cabeza responsable de un gobierno perredista cuya policía reprimió con excesos y abuso de fuerza una protesta social de jóvenes normalistas radicales y con ello dejó el sabor de un gobierno figueroísta.
Al final, el PRD en Guerrero desde 2005 ha dejado una estela de corrupción y de represión, como si fuera gobierno priísta.
Nominado por el PRD cuando el PRI le negó la candidatura a gobernador y acreditado sólo por las encuestas que le daban ventaja personal sobre otros candidatos, Angel Heladio Aguirre se convirtió en la carta ganadora perredista para las elecciones en Guerrero pero sin asumir un compromiso de alternancia real.
La represión a estudiantes normalistas guerrerenses que habían pasado a la acción directa con una agenda de demandas fácilmente atendible exhibió la pobreza política y de gobierno del PRD y en Guerrero reveló el fracaso de candidaturas que se definieron sólo para ganar el poder y no para presentar una alternativa en la gestión del gobierno.
Aguirre redujo su estilo de gobierno a las viejas prácticas priístas sólo que ahora bajo el amparo del PRD. Aprobado por Andrés Manuel López Obrador y de la mano de Marcelo Ebrard, Aguirre quiso presentarse como la nueva imagen del PRD en el poder, aunque a los nueve meses se ha perfilado como un engendro político priísta, del corte de los caciques que han gobernado Guerrero y que han salido reventados por casos sonados de represión.
El caso de los normalistas no le es ajeno. Aguirre fue designado gobernador interino a la caída del gobernador electo Rubén Figueroa en 1996 por la masacre de Aguas Blancas, el asesinato de 17 campesinos perpetrado por policías estatales. La investigación de la represión llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la facultad --hoy trasladada a la CNDH-- de investigar violaciones graves a los derechos humanos.
El caso Aguas Blancas va a ser pronto referido al caso de los normalistas de Chilpancingo. Los campesinos fueron asesinados en junio de 1995 y las responsabilidades llevaban al gobernador Figueroa, al procurador Antonio Alcocer Salazar, al director de la Judicial Estatal, Gustavo Olea Godoy y al general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro. El dictamen final de la Corte estableció que sí se habían violado los derechos humanos, pero no fincó responsabilidades penales. El entonces presidente Zedillo encontró una salida al caso penal en marzo de 1996 y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet impulsó el interinato de Angel Heladio Aguirre. La crisis de Aguas Blancas hizo nacer a la guerrilla del EPR.
Hoy Aguirre se encuentra en el mismo caso de Figueroa: Una represión brutal a estudiantes, tres jóvenes muertos por balas presuntamente de fuerzas policiacas estatales y la lógica negación de responsabilidad por el gobernador perredista y su procurador estatal. Los principales impulsores de la oleada de presión contra el gobernador priísta Figueroa fueron, obviamente, los perredistas, y hoy el gobierno perredista en Guerrero --ejercido por ex priístas e impulsado por los ex priístas López Obrador y Ebrard-- están bajo el fuego de las críticas por el abuso de uso de fuerza letal y sobre todo por la existencia de demandas sociales que han encontrado oídos sordos en los funcionarios perredistas.
La represión en Guerrero del pasado lunes 12 de diciembre ha contaminado toda la agenda de denuncias sociales del PRD en contra el gobierno federal panista. Si se recuerda, la falta de sanciones a Figueroa y funcionarios guerrerenses llevó el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció en su resolución 49/97 “ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en consecuencia se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables”.
Por tanto, Aguirre y sus funcionarios judiciales están obligados a resolver el caso de los normalistas de Chilpancingo en la misma línea del caso Aguas Blancas, a menos que un gobierno perredista sea llevado a tribunales internacionales por reprimir la protesta social y criminalizar las demandas de bienestar de los jóvenes. Por lo demás, Aguirre se encuentra también presionado por haber sido el interino priísta impuesto por el saliente Figueroa --su jefe político-- como condición para su separación del cargo de gobernador. En los casos de Aguas Blancas y de los normalistas de Chilpancingo no hubo una directriz directa de represión sino que se trató de una conducta policial en contra de la protesta social.
El trasfondo político del caso de los normalistas de Chilpancingo radica en la sordera social de un gobierno perredista gestionado en su mayoría de cargos por ex priístas de la era figueroísta. La agenda de demandas de los normalistas tenía que ver con ampliación de gasto para becas, alimentación y mantenimiento escolar, nada radical a pesar de representar a la Normal Rural de Ayotzinapa de donde salieron los guerrilleros Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Este detalle obligaba al gobierno perredista de ex priístas a ser más sensibles a las demandas, pero al final se impuso el desdén.
La crisis de represión en Guerrero evidenció el hecho de que el PRD fue usado como una franquicia por ex priístas y que la decisión de optar por Aguirre cuando aún era militante priísta --renunció sólo cuando le aseguraron la nominación del sol azteca-- careció de un compromiso con un proyecto de gobierno más social. Los nueve meses de ejercicio del gobierno perredista del ex priísta Aguirre han sido de revalidación de los viejos estilos priístas.
En todo caso, el que ha salido exhibido y mal parado es el PRD, porque un gobernador que ganó con su escudo aparece como la cabeza responsable de un gobierno perredista cuya policía reprimió con excesos y abuso de fuerza una protesta social de jóvenes normalistas radicales y con ello dejó el sabor de un gobierno figueroísta.
Al final, el PRD en Guerrero desde 2005 ha dejado una estela de corrupción y de represión, como si fuera gobierno priísta.
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