Jorge Fernández Menéndez
En el PRI están convencidos de que más temprano que tarde, en cuanto comience la campaña electoral en sí, recibirán un golpe que ellos llaman “mediático” mediante el cuál algún ex gobernador terminará preso o con graves acusaciones. En realidad, desde la elección del 2009 se viene repitiendo el argumento de un próximo michoacanazo antipriísta y lo cierto es que hasta ahora no se ha producido.
No dudo que eso pueda terminar ocurriendo, pero tampoco tengo dudas de que si eso ocurre (y podría ocurrir en el PRI o en cualquiera de los otros partidos) en muy buena parte es por la irresponsabilidad de los propios partidos a la hora de colocar a sus candidatos y dirigentes. Son ya varios los casos en los que candidatos sobre todo locales han sido señalados por su relación con el narcotráfico y no recuerdo uno solo que haya sido removidos de su cargo por el propio partido ante lo que pudiera ser siquiera una relación sospechosa. Lo mismo ha sucedido con operadores de campaña que cuentan con demasiados recursos y nadie les pregunta de dónde salen.
El caso más evidente, pero no el único, es Michoacán, donde después de todo lo sucedido, después de la orden de aprehensión, el fuero legislativo, el desafuero y la fuga de Julio César Godoy Toscano, después de las grabaciones que se han conocido en los últimos años, nadie le ha pedido cuentas al gobernador Leonel Godoy, o incluso a los dirigentes políticos locales sobre quiénes son las personas que designan candidatos, quiénes los que operan, quiénes los que financian. No sé si la de Michoacán fue una narcoelección como se ha dicho, pero nadie conociendo el caso duda de la profunda intervención que tuvo el crimen organizado en esos comicios.
Ahora los partidos, sobre todo el PRI y el PRD (y los secunda el IFE) quieren una suerte de pacto para evitar que el crimen infiltre las campañas y Marcelo Ebrard habló hasta de crear una institución que se encargue de esa labor. No tiene sentido: las instituciones existen, la información también, los partidos la reciben, lo que sucede es que la ignoran. Los únicos que podrán evitar que el crimen organizado infiltre sus campañas son los propios partidos. Es verdad que pueden requerir ayuda, información, de las áreas especializadas del Gobierno, pero son los propios partidos los que se supone que tienen la suficiente información de sus propias bases como para saber si algún candidato anda o no en malos pasos, si es sospechoso, si su fama pública le hace imposible llegar a un cargo de elección popular o si su nivel de vida (o incluso de recursos para la operación política) no es acorde con sus ingresos o incluso hasta con su carrera política. Lo que sucede es que nadie quiere asumir esa responsabilidad. Perro no come carne de perro.
Hay muchos ejemplos. Uno de ellos, hoy más candente que nunca, es el del ex gobernador Fidel Herrera. Yo no sé si Herrera estuvo ligado al narcotráfico. Pero sí sabemos, y un reciente reportaje de Raúl Flores nos lo vuelve a recordar, que existen indicios, testimonios, hasta investigaciones abiertas del FBI en ese sentido. Alguna vez un integrante de altísimo nivel en el Gobierno federal me decía que estaba seguro que había gobernadores que cumplían más o menos con sus tareas de seguridad, pero que la única sospecha real de relación con grupos criminales recaía en Fidel. Insisto: no sé si es así. Pero resulta insólito que a este personaje lo quieran colocar en la lista del senado y que por lo pronto sea nada más y nada menos que el coordinador regional del PRI en Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Coahuila, o sea el corazón de la operación y la confrontación, junto con Veracruz, de los Zetas y “El Chapo” Guzmán, cuatro de los estados donde es más probable la penetración del narcotráfico en la vida social y política. Si el PRI coloca conscientemente a este tipo de políticos en esas posiciones y en esos lugares haciendo caso omiso a la información pública que no se sorprenda luego si le llegan “golpes mediáticos”.
El priísmo tiene una enorme oportunidad para renovarse, para colocar nuevos cuadros, nuevas caras, para no recurrir necesariamente ni a personajes ni a apellidos del pasado, para ampliar su espectro y sus alianzas, y eso es válido desde Chiapas hasta Baja California, desde Sinaloa hasta Quintana Roo, no hacerlo es quedar a merced, precisamente, de quienes harán del pasado la lógica de campaña en el presente. Pero utilizar el pasado no es culpa de sus adversarios. Es responsabilidad del propio priísmo evitarlo presentando, de verdad, una oferta nueva y diferente.
Encuestas
¿Las encuestas divulgadas ayer siguen sin decirle nada a quienes manejan las campañas internas en el PAN?¿Tampoco a sus precandidatos?¿De verdad no aceptan ni treguas navideñas?
En el PRI están convencidos de que más temprano que tarde, en cuanto comience la campaña electoral en sí, recibirán un golpe que ellos llaman “mediático” mediante el cuál algún ex gobernador terminará preso o con graves acusaciones. En realidad, desde la elección del 2009 se viene repitiendo el argumento de un próximo michoacanazo antipriísta y lo cierto es que hasta ahora no se ha producido.
No dudo que eso pueda terminar ocurriendo, pero tampoco tengo dudas de que si eso ocurre (y podría ocurrir en el PRI o en cualquiera de los otros partidos) en muy buena parte es por la irresponsabilidad de los propios partidos a la hora de colocar a sus candidatos y dirigentes. Son ya varios los casos en los que candidatos sobre todo locales han sido señalados por su relación con el narcotráfico y no recuerdo uno solo que haya sido removidos de su cargo por el propio partido ante lo que pudiera ser siquiera una relación sospechosa. Lo mismo ha sucedido con operadores de campaña que cuentan con demasiados recursos y nadie les pregunta de dónde salen.
El caso más evidente, pero no el único, es Michoacán, donde después de todo lo sucedido, después de la orden de aprehensión, el fuero legislativo, el desafuero y la fuga de Julio César Godoy Toscano, después de las grabaciones que se han conocido en los últimos años, nadie le ha pedido cuentas al gobernador Leonel Godoy, o incluso a los dirigentes políticos locales sobre quiénes son las personas que designan candidatos, quiénes los que operan, quiénes los que financian. No sé si la de Michoacán fue una narcoelección como se ha dicho, pero nadie conociendo el caso duda de la profunda intervención que tuvo el crimen organizado en esos comicios.
Ahora los partidos, sobre todo el PRI y el PRD (y los secunda el IFE) quieren una suerte de pacto para evitar que el crimen infiltre las campañas y Marcelo Ebrard habló hasta de crear una institución que se encargue de esa labor. No tiene sentido: las instituciones existen, la información también, los partidos la reciben, lo que sucede es que la ignoran. Los únicos que podrán evitar que el crimen organizado infiltre sus campañas son los propios partidos. Es verdad que pueden requerir ayuda, información, de las áreas especializadas del Gobierno, pero son los propios partidos los que se supone que tienen la suficiente información de sus propias bases como para saber si algún candidato anda o no en malos pasos, si es sospechoso, si su fama pública le hace imposible llegar a un cargo de elección popular o si su nivel de vida (o incluso de recursos para la operación política) no es acorde con sus ingresos o incluso hasta con su carrera política. Lo que sucede es que nadie quiere asumir esa responsabilidad. Perro no come carne de perro.
Hay muchos ejemplos. Uno de ellos, hoy más candente que nunca, es el del ex gobernador Fidel Herrera. Yo no sé si Herrera estuvo ligado al narcotráfico. Pero sí sabemos, y un reciente reportaje de Raúl Flores nos lo vuelve a recordar, que existen indicios, testimonios, hasta investigaciones abiertas del FBI en ese sentido. Alguna vez un integrante de altísimo nivel en el Gobierno federal me decía que estaba seguro que había gobernadores que cumplían más o menos con sus tareas de seguridad, pero que la única sospecha real de relación con grupos criminales recaía en Fidel. Insisto: no sé si es así. Pero resulta insólito que a este personaje lo quieran colocar en la lista del senado y que por lo pronto sea nada más y nada menos que el coordinador regional del PRI en Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Coahuila, o sea el corazón de la operación y la confrontación, junto con Veracruz, de los Zetas y “El Chapo” Guzmán, cuatro de los estados donde es más probable la penetración del narcotráfico en la vida social y política. Si el PRI coloca conscientemente a este tipo de políticos en esas posiciones y en esos lugares haciendo caso omiso a la información pública que no se sorprenda luego si le llegan “golpes mediáticos”.
El priísmo tiene una enorme oportunidad para renovarse, para colocar nuevos cuadros, nuevas caras, para no recurrir necesariamente ni a personajes ni a apellidos del pasado, para ampliar su espectro y sus alianzas, y eso es válido desde Chiapas hasta Baja California, desde Sinaloa hasta Quintana Roo, no hacerlo es quedar a merced, precisamente, de quienes harán del pasado la lógica de campaña en el presente. Pero utilizar el pasado no es culpa de sus adversarios. Es responsabilidad del propio priísmo evitarlo presentando, de verdad, una oferta nueva y diferente.
Encuestas
¿Las encuestas divulgadas ayer siguen sin decirle nada a quienes manejan las campañas internas en el PAN?¿Tampoco a sus precandidatos?¿De verdad no aceptan ni treguas navideñas?
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