Apro
Los responsables de las muertes de las 52 personas en el interior del Casino Royale fueron únicamente los sicarios que prendieron fuego al establecimiento, y ninguna autoridad civil, revelaron hoy funcionarios federales y estatales al dar a conocer los resultados del peritaje del ataque incendiario en la casa de apuestas el 25 de agosto pasado.
Las autoridades civiles y el dueño del casino, sólo pueden ser objeto de sanciones administrativas por el incumplimiento de la normatividad que encuentre el ministerio público que continúa con la investigación, de acuerdo a las conclusiones que arroja el análisis en el inmueble siniestrado.
Más de 100 días después del ataque perpetrado por los Zetas, el titular de la Subprocuraduría investigadora Especializada en delincuencia Organizada (Siedo), Cuitláhuac Salinas y el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, comunicaron esta mañana que en los fatídicos hechos las causales determinantes del siniestro fueron “10 botes de 20 litros para transportar y almacenar gasolina” y “presencia de hombres armados”.
Salinas explicó que la entrega irregular de permisos de la Secretaría de Gobernación, por las que, presumiblemente se encontraba abierto el Casino Royale al poniente de Monterrey es investigada en otra averiguación que aún no ha sido desahogada por completo.
De la Garza Santos dijo que no hay culpabilidad de autoridades de Protección Civil en la entidad, pues en el país no hay una regulación precisa en esta materia y al momento de los hechos, el casino “cumplía parcialmente” con condiciones de seguridad.
Pese a que se hubieran cumplido las medidas de seguridad en el lugar “no hubiera sido posible salvar el evento del que fue objeto”, aseguró.
“Es decir, la causa determinante es la gasolina que fue vertida en el casino y como lo mencionábamos, la presencia de hombres armados provocando histeria entre la gente, lo que condujo dos conductas, una que se resguardaran hacia el interior para esconderse y evitar ser agredidos, y buscar una salida”, dijo.
El funcionario estatal reiteró que no había responsabilidad civil en los hechos.
“En este momento no encontramos responsabilidad penal, quiero puntualizar, penal de ninguna autoridad de protección civil municipal o estatal. Asimismo, como se está debidamente factorizado en los peritajes, existían condiciones de seguridad al interior del inmueble”, concluyó.
Salinas reconoció que el inmueble no cumplía a cabalidad con todas las medidas de seguridad, pero reafirmó que “los antecedentes que se pueden encontrar no fueron los determinantes para concluir que tenían responsabilidad penal (las autoridades) relacionadas con los homicidios, lesiones y daños, las personas que se mencionan como dueños u otra autoridad civil”.
Abundó: “El lugar cumplía parcialmente con algunos de los requerimientos que exige la norma mexicana en este sentido, sin embargo, en aquello en donde incumplía con la norma no era determinante para la realización de los homicidios. Ese aspecto no fue determinante. El punto determinante fueron las actividades de los sujetos que ya vimos en videos que han sido mostrados con antelación que imposibilitaron la salida de las personas que se encontraban en el casino”.
La causa de la mayoría de las muertes en el interior fue asfixia por sofocación, dijo el titular de la Siedo.
En relación a la posible responsabilidad de entrega de concesiones al casino propiedad de Raúl Rocha, quien actualmente está en Estados Unidos, y que, según denunciaron diputados locales que lo investigaron, estaba abierto con un permiso irregular, Salinas dijo que hay una indagatoria abierta aunque sin relación con las muertes.
“Es un hecho diverso”, puntualizó.
En relación al ataque han sido detenidas 18 personas.
Los responsables de las muertes de las 52 personas en el interior del Casino Royale fueron únicamente los sicarios que prendieron fuego al establecimiento, y ninguna autoridad civil, revelaron hoy funcionarios federales y estatales al dar a conocer los resultados del peritaje del ataque incendiario en la casa de apuestas el 25 de agosto pasado.
Las autoridades civiles y el dueño del casino, sólo pueden ser objeto de sanciones administrativas por el incumplimiento de la normatividad que encuentre el ministerio público que continúa con la investigación, de acuerdo a las conclusiones que arroja el análisis en el inmueble siniestrado.
Más de 100 días después del ataque perpetrado por los Zetas, el titular de la Subprocuraduría investigadora Especializada en delincuencia Organizada (Siedo), Cuitláhuac Salinas y el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, comunicaron esta mañana que en los fatídicos hechos las causales determinantes del siniestro fueron “10 botes de 20 litros para transportar y almacenar gasolina” y “presencia de hombres armados”.
Salinas explicó que la entrega irregular de permisos de la Secretaría de Gobernación, por las que, presumiblemente se encontraba abierto el Casino Royale al poniente de Monterrey es investigada en otra averiguación que aún no ha sido desahogada por completo.
De la Garza Santos dijo que no hay culpabilidad de autoridades de Protección Civil en la entidad, pues en el país no hay una regulación precisa en esta materia y al momento de los hechos, el casino “cumplía parcialmente” con condiciones de seguridad.
Pese a que se hubieran cumplido las medidas de seguridad en el lugar “no hubiera sido posible salvar el evento del que fue objeto”, aseguró.
“Es decir, la causa determinante es la gasolina que fue vertida en el casino y como lo mencionábamos, la presencia de hombres armados provocando histeria entre la gente, lo que condujo dos conductas, una que se resguardaran hacia el interior para esconderse y evitar ser agredidos, y buscar una salida”, dijo.
El funcionario estatal reiteró que no había responsabilidad civil en los hechos.
“En este momento no encontramos responsabilidad penal, quiero puntualizar, penal de ninguna autoridad de protección civil municipal o estatal. Asimismo, como se está debidamente factorizado en los peritajes, existían condiciones de seguridad al interior del inmueble”, concluyó.
Salinas reconoció que el inmueble no cumplía a cabalidad con todas las medidas de seguridad, pero reafirmó que “los antecedentes que se pueden encontrar no fueron los determinantes para concluir que tenían responsabilidad penal (las autoridades) relacionadas con los homicidios, lesiones y daños, las personas que se mencionan como dueños u otra autoridad civil”.
Abundó: “El lugar cumplía parcialmente con algunos de los requerimientos que exige la norma mexicana en este sentido, sin embargo, en aquello en donde incumplía con la norma no era determinante para la realización de los homicidios. Ese aspecto no fue determinante. El punto determinante fueron las actividades de los sujetos que ya vimos en videos que han sido mostrados con antelación que imposibilitaron la salida de las personas que se encontraban en el casino”.
La causa de la mayoría de las muertes en el interior fue asfixia por sofocación, dijo el titular de la Siedo.
En relación a la posible responsabilidad de entrega de concesiones al casino propiedad de Raúl Rocha, quien actualmente está en Estados Unidos, y que, según denunciaron diputados locales que lo investigaron, estaba abierto con un permiso irregular, Salinas dijo que hay una indagatoria abierta aunque sin relación con las muertes.
“Es un hecho diverso”, puntualizó.
En relación al ataque han sido detenidas 18 personas.
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