Jorge Zepeda Patterson
No sé si la religión sea el opio de los pueblos, como solía decir Marx, pero por la misma razón que sostengo que el opio (y las drogas) no deberían ser prohibidas no veo por qué las prácticas religiosas deban ser restringidas por la ley hoy en día.
No soy creyente y en lo personal suelo colocarme en posición contraria a muchas de las tesis y actitudes de la Iglesia católica respecto a la ciencia, los temas de género, o su enfoque de la vida social y familiar en general. Pero creo que la libertad de opinión y de conciencia, incluyendo el culto religioso, no tendría por qué ser restringida, salvo en aquellos casos en que afecte la libertad de otros.
Entiendo los temores de muchos frente a la reforma del artículo 24 constitucional aprobada en la Cámara de Diputados hace unos días, que entre otras cosas permitirá la celebración de ceremonias religiosas en lugares públicos sin necesidad de permiso. No podemos olvidar el protagónico papel político de la Iglesia a lo largo de la historia de México, particularmente durante el siglo XIX, con su carga intolerante hacia cualquier expresión de disidencia ideológica o religiosa.
Acotar el intervencionismo político del clero fue indispensable para el surgimiento de una república con gobiernos laicos y de una sociedad más plural. Pero llegados a este punto, si queremos construir una vida pública democrática tendríamos que apostar por una sociedad más madura, capaz de ventilar sus diferencias y desequilibrios sin necesidad de tantas restricciones. Menos legislación y más educación, como se ha dicho con frecuencia.
Lo que me incomoda del estado actual de cosas es la hipocresía. Hay un par de canales religiosos en la televisión por cable, los obispos son figuras públicas, buena parte de las ceremonias religiosas populares tienen lugar en la calle, las escuelas católicas están diseminadas por todo el territorio, y periódicos religiosos son entregados casa por casa en muchas zonas del país. Si quisiéramos aplicar cabalmente la ley probablemente tendríamos que incurrir en estrategias policíacas muy parecidas a la persecución religiosa. En la práctica, hemos optado por el muy hispano “se acata pero no se cumple”. Otra vez, un paralelismo inevitable con el tema de consumo y circulación de drogas; resulta imposible hacer cumplir la ley pero, inmersos en la negación, nos rehusamos a cambiarla pese a que resulta obsoleta.
Hay desde luego un riesgo en abrir los espacios públicos a la intervención del clero. El fundamentalismo religioso es un virus para la salud de la conversación pública. La regresión social y democrática que hoy padecen las sociedades islámicas tiene mucho que ver con la irrupción de este fundamentalismo en los espacios políticos. Tendríamos que encontrar mecanismos para evitar ese riesgo en última instancia.
No será un debate sencillo, porque no hay soluciones fáciles. Pero creo que el peor de los escenarios es seguir asumiendo que los mexicanos están en un permanente estadio infantil que debe protegerse con barreras y restricciones. Preferible abrir la discusión sobre el aborto que ver a los obispos trabajar en lo oscurito con la clase política para implantar leyes prohibicionistas en las legislaciones estatales, como ha venido sucediendo. El debate apenas comienza.
Priistas divididos
La reforma del artículo 24 fue aprobada por los diputados, aunque aún no ha sido discutida por los senadores. Pero es interesante ver la manera en que el asunto ha dividido a los priistas. La senadora María de los Ángeles Moreno, abanderada del laicismo que ha caracterizado a su partido, criticó tal modificación y cuestionó el desempeño de sus correligionarios de la Cámara baja. “Los cambios en el 24 de libertades religiosas implican, entre otras cosas, que tengan derecho a tener concesiones de radio y televisión o que tengan derecho a impartir instrucción escolar”, señaló la legisladora. Aseguró que la mayoría de los priistas en el Senado se opone a estas reformas y ya preparan una iniciativa para contraponerse a lo aprobado por los diputados.
En el fondo, se trata de dos concepciones al interior de su partido. Los diputados están políticamente más cercanos al candidato presidencial Enrique Peña Nieto, quien no esconde su conservadurismo religioso. Crecido en un hogar de catolicismo practicante, formado en la Universidad Panamericana, del Opus Dei, Peña Nieto resulta un priista de religiosidad atípica.
Pero a diferencia de los diputados, un grupo de senadores se asume como depositario de la conciencia histórica del priismo y de sus compromisos sociales y políticos para con el país. La bandera del laicismo es uno de los pilares fundacionales del PRI y no estarán dispuestos a descartarla tan fácilmente. Será un pulso interesante a observar en las próximas semanas.
No sé si la religión sea el opio de los pueblos, como solía decir Marx, pero por la misma razón que sostengo que el opio (y las drogas) no deberían ser prohibidas no veo por qué las prácticas religiosas deban ser restringidas por la ley hoy en día.
No soy creyente y en lo personal suelo colocarme en posición contraria a muchas de las tesis y actitudes de la Iglesia católica respecto a la ciencia, los temas de género, o su enfoque de la vida social y familiar en general. Pero creo que la libertad de opinión y de conciencia, incluyendo el culto religioso, no tendría por qué ser restringida, salvo en aquellos casos en que afecte la libertad de otros.
Entiendo los temores de muchos frente a la reforma del artículo 24 constitucional aprobada en la Cámara de Diputados hace unos días, que entre otras cosas permitirá la celebración de ceremonias religiosas en lugares públicos sin necesidad de permiso. No podemos olvidar el protagónico papel político de la Iglesia a lo largo de la historia de México, particularmente durante el siglo XIX, con su carga intolerante hacia cualquier expresión de disidencia ideológica o religiosa.
Acotar el intervencionismo político del clero fue indispensable para el surgimiento de una república con gobiernos laicos y de una sociedad más plural. Pero llegados a este punto, si queremos construir una vida pública democrática tendríamos que apostar por una sociedad más madura, capaz de ventilar sus diferencias y desequilibrios sin necesidad de tantas restricciones. Menos legislación y más educación, como se ha dicho con frecuencia.
Lo que me incomoda del estado actual de cosas es la hipocresía. Hay un par de canales religiosos en la televisión por cable, los obispos son figuras públicas, buena parte de las ceremonias religiosas populares tienen lugar en la calle, las escuelas católicas están diseminadas por todo el territorio, y periódicos religiosos son entregados casa por casa en muchas zonas del país. Si quisiéramos aplicar cabalmente la ley probablemente tendríamos que incurrir en estrategias policíacas muy parecidas a la persecución religiosa. En la práctica, hemos optado por el muy hispano “se acata pero no se cumple”. Otra vez, un paralelismo inevitable con el tema de consumo y circulación de drogas; resulta imposible hacer cumplir la ley pero, inmersos en la negación, nos rehusamos a cambiarla pese a que resulta obsoleta.
Hay desde luego un riesgo en abrir los espacios públicos a la intervención del clero. El fundamentalismo religioso es un virus para la salud de la conversación pública. La regresión social y democrática que hoy padecen las sociedades islámicas tiene mucho que ver con la irrupción de este fundamentalismo en los espacios políticos. Tendríamos que encontrar mecanismos para evitar ese riesgo en última instancia.
No será un debate sencillo, porque no hay soluciones fáciles. Pero creo que el peor de los escenarios es seguir asumiendo que los mexicanos están en un permanente estadio infantil que debe protegerse con barreras y restricciones. Preferible abrir la discusión sobre el aborto que ver a los obispos trabajar en lo oscurito con la clase política para implantar leyes prohibicionistas en las legislaciones estatales, como ha venido sucediendo. El debate apenas comienza.
Priistas divididos
La reforma del artículo 24 fue aprobada por los diputados, aunque aún no ha sido discutida por los senadores. Pero es interesante ver la manera en que el asunto ha dividido a los priistas. La senadora María de los Ángeles Moreno, abanderada del laicismo que ha caracterizado a su partido, criticó tal modificación y cuestionó el desempeño de sus correligionarios de la Cámara baja. “Los cambios en el 24 de libertades religiosas implican, entre otras cosas, que tengan derecho a tener concesiones de radio y televisión o que tengan derecho a impartir instrucción escolar”, señaló la legisladora. Aseguró que la mayoría de los priistas en el Senado se opone a estas reformas y ya preparan una iniciativa para contraponerse a lo aprobado por los diputados.
En el fondo, se trata de dos concepciones al interior de su partido. Los diputados están políticamente más cercanos al candidato presidencial Enrique Peña Nieto, quien no esconde su conservadurismo religioso. Crecido en un hogar de catolicismo practicante, formado en la Universidad Panamericana, del Opus Dei, Peña Nieto resulta un priista de religiosidad atípica.
Pero a diferencia de los diputados, un grupo de senadores se asume como depositario de la conciencia histórica del priismo y de sus compromisos sociales y políticos para con el país. La bandera del laicismo es uno de los pilares fundacionales del PRI y no estarán dispuestos a descartarla tan fácilmente. Será un pulso interesante a observar en las próximas semanas.
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