Nepo y la CPI

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

A Felipe Calderón Hinojosa lo alcanzó el destino antes de concluir su gobierno. Poco importa que proceda o no la acusación ante la Corte Penal Internacional, si ésta sólo estudiará el expediente o si decide investigar, porque de cualquier manera está obligada a emitir una resolución, ya sea para rechazarla y explicar por qué, o para pronunciarse sobre el tema, que estará presente durante los primeros siete meses de 2012.

Para el presidente mexicano, después de su exabrupto, el asunto se complica todavía más, porque incidirá en el futuro de su vida familiar y sellará su imagen histórica, la que ha querido defender con el argumento de la consciencia en paz, pero hete aquí que si deciden ampliar el estudio del expediente y citar testigos de esos crímenes de lesa humanidad, se verá en la necesidad de ofrecer ante esa CPI las explicaciones que sistemáticamente ha negado a los mexicanos.

Ejemplifiquemos con dos hechos violentos recientes, crueles. Tomás Coronado Olmos, procurador general de justicia de Jalisco, afirmó que al menos 14 de los 26 cadáveres fueron identificados, de los cuales 10 corresponden a personas declaradas como desaparecidas, pero fue incapaz de respaldar su dicho con las actas ministeriales que probaran identidad y denuncia por desaparición forzada de persona. Días después es asesinado Nepomuceno Moreno, cuyos supuestos antecedentes penales permiten considerar una venganza por narcotráfico, pero al mismo tiempo puede deducirse lo contrario, la criminalización de la víctima por así convenir a los intereses de la policía ministerial que era señalada en sus acusaciones. Probar cualquiera de las líneas de investigación se convertirá en uno de los siete trabajos de Hércules.

Si los integrantes de la CPI deciden trascender la etapa del estudio del caso contra Felipe Calderón Hinojosa, preguntarán de inmediato cómo, cuándo, por qué fallecieron tantos miles de mexicanos, pero como en las consecuencias de dicha guerra han sido poco más que descuidados, quisiera la sociedad enterarse de cómo van a presentar el acta ministerial de cada uno de esos cadáveres, que al día de hoy no tienen, porque no los interesó levantarlas.

¿Quién sabe hoy cuál es el verdadero número de asesinados, y quién los mató? ¿Quién, en su sano juicio, puede determinar las causas y avalar su dicho con actas ministeriales? ¿Qué puede decirse de las identidades de los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas, de la manera en que fueron asesinados? ¿Cómo pudieran explicar la criminalización de las víctimas, los cientos o miles de desaparecidos -nadie se pone de acuerdo en las cifras- y lo que muchos mexicanos reconocen ya como limpieza social?

Poco interesó a este gobierno cumplir el mandato constitucional, pero los acuerdos internacionales parecen estar sobre la Ley fundamental de México, y en tierra extranjera pudieran tener, por fuerza, que dar una explicación de cómo y por qué tanta muerte fue considerado un costo menor para lograr un proyecto que los mexicanos desconocen, cuyos beneficios están muy lejos de verse algún día.

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