Álvaro Delgado
A pesar de tanta sangre, de tantos desaparecidos, secuestrados y desplazados, sigue la degradación de la patria: Este día de la Virgen de Guadalupe otros dos jóvenes, como decenas, centenares, miles, de su misma edad que han perdido la vida, fueron abatidos por las balas de quienes el poder político ha dado licencia para asesinar.
Podrá decirse que fue una provocación, que los manifestantes cometían un delito flagrante y que la autoridad tenía obligación de proceder, pero se cometió una infamia, otra más en la larga lista de abusos de poder en México de quienes han demostrado de manera “evidente y palmaria”, para usar palabras de Felipe Calderón, su rotundo fracaso con el uso de la fuerza.
No puede llamarse enfrentamiento cuando una turba lanza pedradas contra policías –federales, estatales o municipales– y éstos responden con las balas de su poderoso armamento para arrebatar la vida a dos muchachos.
Eso se llama asesinato.
Y hay agravantes: Los testimonios gráficos y videográficos acreditan que policías y al menos un sujeto de civil disparan con armas largas a la multitud que se dispersa y uno de los jóvenes es abatido a balazos por la espalda.
Ese no es el monopolio de la fuerza del Estado, como ya comienza a recitarse desde las atalayas del poder, ni se justifica aun en el caso ser guerrilleros, como la perfidia oficial sugiere también.
Eso es cobardía.
Y como certeramente lo definió el poeta de la patria, el inmenso liberal Guillermo Prieto, los valientes no asesinan.
Un doble asesinato de muchachos ocurrió el mediodía de este lunes 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero, cuando manifestantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa bloquearon la confluencia de la autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, en demanda de ser recibidos por el gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, tan frívolo como indolente.
Las investigaciones, si es que las hay y son auténticas, deben esclarecer si los homicidas son policías federales, estatales o municipales, pero bajo ninguna circunstancia debe quedar impune este doble crimen, del que tiene una inobjetable responsabilidad política Aguirre Rivero, un individuo que llegó a su primer periodo como gobernador producto de la matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, tramada por Rubén Figueroa Alcocer.
Aguirre Rivero, que tiene poblada la administración con sus familiares y quien mantiene una estrecha relación con el priista Enrique Peña Nieto, se escuda en que los estudiantes normalistas no tenían ninguna justificación para manifestarse porque, según él, les estaba dando respuesta a sus demandas.
Si no tenían razón, según esta lógica, entonces había que darles un escarmiento, matándolos.
Ahora el asesinato contra dos estudiantes fue en Guerrero, la semana pasada en Michoacán con don Trinidad de la Cruz Crisóforo, al finalizar noviembre en Sonora con Nepomuceno Moreno, y antes en Chihuahua con Norma Andrade, en todas partes se amenaza, se intimida, se mata con la certeza de que se puede hacer sin castigado, porque esos crímenes no le importan a quien detonó esta locura…
Apuntes
Tiene razón Calderón: Los narcotraficantes operaron en Michoacán durante todo el proceso electoral con absoluta impunidad y lo hicieron en parte contra el Partido Acción Nacional (PAN), cuya candidata, su hermana Luisa María, alias Cocoa, fue humillada con la derrota.
Es cierto, también, que el crimen organizado actúa en el proceso electoral federal que ya está en curso y sin duda tratará de imponer a personajes que le garanticen impunidad para seguir sus actividades, sea en la Presidencia de la República, en los gobiernos estatales y municipales, así como en el ámbito legislativo federal y local.
Pero esa queja, explicable en los ciudadanos, es inaceptable de quien se ostenta no sólo como jefe del gobierno, sino como jefe de las instituciones del Estado, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Procuraduría General de la República (PGR), es decir, las instancias responsables de evitar y en todo caso castigar la “evidente y palmaria” actuación de los criminales.
Esta nueva línea discursiva de Calderón motivada por la derrota de su hermana, a quien respaldó sin límite ni escrúpulo, no es sólo impotencia por la pérdida de lo que ya sentía era patrimonio del clan, sino sobre todo la admisión explícita del fracaso de su “guerra” que declaró al inicio de su infausta gestión…
A pesar de tanta sangre, de tantos desaparecidos, secuestrados y desplazados, sigue la degradación de la patria: Este día de la Virgen de Guadalupe otros dos jóvenes, como decenas, centenares, miles, de su misma edad que han perdido la vida, fueron abatidos por las balas de quienes el poder político ha dado licencia para asesinar.
Podrá decirse que fue una provocación, que los manifestantes cometían un delito flagrante y que la autoridad tenía obligación de proceder, pero se cometió una infamia, otra más en la larga lista de abusos de poder en México de quienes han demostrado de manera “evidente y palmaria”, para usar palabras de Felipe Calderón, su rotundo fracaso con el uso de la fuerza.
No puede llamarse enfrentamiento cuando una turba lanza pedradas contra policías –federales, estatales o municipales– y éstos responden con las balas de su poderoso armamento para arrebatar la vida a dos muchachos.
Eso se llama asesinato.
Y hay agravantes: Los testimonios gráficos y videográficos acreditan que policías y al menos un sujeto de civil disparan con armas largas a la multitud que se dispersa y uno de los jóvenes es abatido a balazos por la espalda.
Ese no es el monopolio de la fuerza del Estado, como ya comienza a recitarse desde las atalayas del poder, ni se justifica aun en el caso ser guerrilleros, como la perfidia oficial sugiere también.
Eso es cobardía.
Y como certeramente lo definió el poeta de la patria, el inmenso liberal Guillermo Prieto, los valientes no asesinan.
Un doble asesinato de muchachos ocurrió el mediodía de este lunes 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero, cuando manifestantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa bloquearon la confluencia de la autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, en demanda de ser recibidos por el gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, tan frívolo como indolente.
Las investigaciones, si es que las hay y son auténticas, deben esclarecer si los homicidas son policías federales, estatales o municipales, pero bajo ninguna circunstancia debe quedar impune este doble crimen, del que tiene una inobjetable responsabilidad política Aguirre Rivero, un individuo que llegó a su primer periodo como gobernador producto de la matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, tramada por Rubén Figueroa Alcocer.
Aguirre Rivero, que tiene poblada la administración con sus familiares y quien mantiene una estrecha relación con el priista Enrique Peña Nieto, se escuda en que los estudiantes normalistas no tenían ninguna justificación para manifestarse porque, según él, les estaba dando respuesta a sus demandas.
Si no tenían razón, según esta lógica, entonces había que darles un escarmiento, matándolos.
Ahora el asesinato contra dos estudiantes fue en Guerrero, la semana pasada en Michoacán con don Trinidad de la Cruz Crisóforo, al finalizar noviembre en Sonora con Nepomuceno Moreno, y antes en Chihuahua con Norma Andrade, en todas partes se amenaza, se intimida, se mata con la certeza de que se puede hacer sin castigado, porque esos crímenes no le importan a quien detonó esta locura…
Apuntes
Tiene razón Calderón: Los narcotraficantes operaron en Michoacán durante todo el proceso electoral con absoluta impunidad y lo hicieron en parte contra el Partido Acción Nacional (PAN), cuya candidata, su hermana Luisa María, alias Cocoa, fue humillada con la derrota.
Es cierto, también, que el crimen organizado actúa en el proceso electoral federal que ya está en curso y sin duda tratará de imponer a personajes que le garanticen impunidad para seguir sus actividades, sea en la Presidencia de la República, en los gobiernos estatales y municipales, así como en el ámbito legislativo federal y local.
Pero esa queja, explicable en los ciudadanos, es inaceptable de quien se ostenta no sólo como jefe del gobierno, sino como jefe de las instituciones del Estado, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Procuraduría General de la República (PGR), es decir, las instancias responsables de evitar y en todo caso castigar la “evidente y palmaria” actuación de los criminales.
Esta nueva línea discursiva de Calderón motivada por la derrota de su hermana, a quien respaldó sin límite ni escrúpulo, no es sólo impotencia por la pérdida de lo que ya sentía era patrimonio del clan, sino sobre todo la admisión explícita del fracaso de su “guerra” que declaró al inicio de su infausta gestión…
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