José Gil Olmos
En tiempos electorales es muy fácil que partidos políticos, gobiernos y medios de comunicación concentren su interés en las campañas de los candidatos sin tomar en cuenta que la sociedad sigue su propio camino, lleno de conflictos, retos y vicisitudes.
No obstante, esto lleva riesgos y peligros en estos momentos en los que se empiezan a avizorar señales de inestabilidad social por el crecimiento del poder del crimen organizado, los actos de represión social, los recientes casos de asesinatos y desapariciones de líderes sociales, así como la ‘criminalización’ de las familias de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
Como nunca el país va a entrar a un proceso electoral enmarcado en una espiral de violencia y muertes que no podrá eludir. Ni siquiera en la elección de 1994, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se compara con el contexto en el que se desarrollarán las elecciones de 2012, pues en aquella época no había 50 mil muertos y miles de desaparecidos en todo el país como ahora.
Tampoco en aquellos años estaba la imperativa presencia del crimen organizado que hoy controla diversas regiones en las cuales difícilmente podrán realizarse los procesos electorales.
Hasta el momento ninguno de los precandidatos y sus partidos han manifestado preocupación por los riesgos de estallidos sociales que se están perfilando por la falta de justicia para miles de familia afectadas por la guerra contra las drogas, así como por los actos de represión a movimientos sociales, estudiantiles, indígenas y campesinos, y la persecución a líderes sociales y de derechos humanos.
Los partidos políticos y sus candidatos sólo se están mirando a sí mismos tratando de evadir la realidad para concentrarse en su juego de ajedrez electoral, moviendo sus piezas de manera estratégica, pero sin darse cuenta que el tablero está manchado de sangre.
Seguramente en los “cuartos de guerra” los estrategas de los tres principales candidatos están midiendo las fuerzas de los adversarios, pensando cómo darles un golpe y hacer que pierdan simpatía ciudadana.
No se observa que estén preocupados en ver que en la sociedad hay sectores que están en contra de las elecciones, que hay gente furiosa porque les mataron o desaparecieron a uno de sus familiares, que hay personas que están hastiadas de los gobiernos que no atienden sus llamados desesperados por justicia y seguridad.
Es muy probable que en estos grupos de estrategas nacionales y extranjeros ni siquiera se acuerden de que en México aún hay grupos guerrilleros que por años han trabajado en la clandestinidad y que están dispuestos a salir a la luz pública para hacerse presentes, pues permanecen vigentes sus declaraciones de guerra o sus llamados al cambio social a través de la violencia.
Tampoco están en sus escenarios mediáticos y electorales la presencia de grupos anarquistas que en los últimos años han usado explosivos en contra de instalaciones bancarias o investigadores, y que bien podrían extender sus actuaciones al campo de la política.
Hay muchos actores y elementos sociales que al parecer no están siendo considerados por los grupos políticos y de poder que van a jugar en estas elecciones.
Y esto es una grave señal porque además de demostrar el menosprecio que hay desde las cúpulas del poder hacia la ciudadanía, representa un grave error por no atender los indicios de protestas sociales que ya estamos viendo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como por las represiones de normalistas en Chilpancingo, que dieron como resultado la muerte de dos estudiantes.
Las elecciones de 2012 entrarán en un contexto muy difícil de manejar, sobre todo si se pretende realizar campañas en aquellos sitios en los que no hay otra autoridad que los grupos del crimen organizado. Las denuncias tardías de Felipe Calderón de que en Michoacán actuaron bandas criminales a favor del PRI, es apenas un indicio de lo que podría haber el año entrante.
Los riesgos de inestabilidad social son muchos y pocas son las alternativas de darles una salida pacífica, sobre todo porque no se ven actores políticos con voluntad de negociación en el gobierno federal ni en los gobiernos de los estados.
Aún es tiempo de tomar medidas de pacificación, pero estas pasan necesariamente por la voluntad de dar justicia a quienes la están demandando desde hace años y, hasta el momento, no han sido escuchados.
En tiempos electorales es muy fácil que partidos políticos, gobiernos y medios de comunicación concentren su interés en las campañas de los candidatos sin tomar en cuenta que la sociedad sigue su propio camino, lleno de conflictos, retos y vicisitudes.
No obstante, esto lleva riesgos y peligros en estos momentos en los que se empiezan a avizorar señales de inestabilidad social por el crecimiento del poder del crimen organizado, los actos de represión social, los recientes casos de asesinatos y desapariciones de líderes sociales, así como la ‘criminalización’ de las familias de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
Como nunca el país va a entrar a un proceso electoral enmarcado en una espiral de violencia y muertes que no podrá eludir. Ni siquiera en la elección de 1994, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se compara con el contexto en el que se desarrollarán las elecciones de 2012, pues en aquella época no había 50 mil muertos y miles de desaparecidos en todo el país como ahora.
Tampoco en aquellos años estaba la imperativa presencia del crimen organizado que hoy controla diversas regiones en las cuales difícilmente podrán realizarse los procesos electorales.
Hasta el momento ninguno de los precandidatos y sus partidos han manifestado preocupación por los riesgos de estallidos sociales que se están perfilando por la falta de justicia para miles de familia afectadas por la guerra contra las drogas, así como por los actos de represión a movimientos sociales, estudiantiles, indígenas y campesinos, y la persecución a líderes sociales y de derechos humanos.
Los partidos políticos y sus candidatos sólo se están mirando a sí mismos tratando de evadir la realidad para concentrarse en su juego de ajedrez electoral, moviendo sus piezas de manera estratégica, pero sin darse cuenta que el tablero está manchado de sangre.
Seguramente en los “cuartos de guerra” los estrategas de los tres principales candidatos están midiendo las fuerzas de los adversarios, pensando cómo darles un golpe y hacer que pierdan simpatía ciudadana.
No se observa que estén preocupados en ver que en la sociedad hay sectores que están en contra de las elecciones, que hay gente furiosa porque les mataron o desaparecieron a uno de sus familiares, que hay personas que están hastiadas de los gobiernos que no atienden sus llamados desesperados por justicia y seguridad.
Es muy probable que en estos grupos de estrategas nacionales y extranjeros ni siquiera se acuerden de que en México aún hay grupos guerrilleros que por años han trabajado en la clandestinidad y que están dispuestos a salir a la luz pública para hacerse presentes, pues permanecen vigentes sus declaraciones de guerra o sus llamados al cambio social a través de la violencia.
Tampoco están en sus escenarios mediáticos y electorales la presencia de grupos anarquistas que en los últimos años han usado explosivos en contra de instalaciones bancarias o investigadores, y que bien podrían extender sus actuaciones al campo de la política.
Hay muchos actores y elementos sociales que al parecer no están siendo considerados por los grupos políticos y de poder que van a jugar en estas elecciones.
Y esto es una grave señal porque además de demostrar el menosprecio que hay desde las cúpulas del poder hacia la ciudadanía, representa un grave error por no atender los indicios de protestas sociales que ya estamos viendo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como por las represiones de normalistas en Chilpancingo, que dieron como resultado la muerte de dos estudiantes.
Las elecciones de 2012 entrarán en un contexto muy difícil de manejar, sobre todo si se pretende realizar campañas en aquellos sitios en los que no hay otra autoridad que los grupos del crimen organizado. Las denuncias tardías de Felipe Calderón de que en Michoacán actuaron bandas criminales a favor del PRI, es apenas un indicio de lo que podría haber el año entrante.
Los riesgos de inestabilidad social son muchos y pocas son las alternativas de darles una salida pacífica, sobre todo porque no se ven actores políticos con voluntad de negociación en el gobierno federal ni en los gobiernos de los estados.
Aún es tiempo de tomar medidas de pacificación, pero estas pasan necesariamente por la voluntad de dar justicia a quienes la están demandando desde hace años y, hasta el momento, no han sido escuchados.
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