Guillermo Fabela Quiñones
Una muestra de los compromisos de Enrique Peña Nieto con los poderes fácticos, la tenemos en su intervención para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobara mediante un albazo del binomio PRI-PAN, una modificación al artículo 24 constitucional, a fin de permitir que los actos de culto religioso puedan practicarse en espacios públicos. Así se abre la vía para que las asociaciones religiosas puedan difundir en los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, sus ritos y ceremonias sin tener que solicitar permiso a la Secretaría de Gobernación.
Trascendió que esta reforma deriva de un compromiso expreso de Peña Nieto con la cúpula de la Iglesia católica, y fue orquestada por el propio presidente de la mesa directiva, el diputado mexiquense Emilio Chuayffet Chemor, quien nunca ha ocultado su proclividad a servir a los intereses del grupo que patrocina al ex gobernador. Según versión de algunos legisladores del tricolor que participaron en una cena de diputados priístas con Peña Nieto, éste les pidió que apoyaran con todo la reforma, y les recordó “que el Papa viene a México en marzo”.
Tal ordenamiento constitucional dice lo siguiente: “Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”. En lo sucesivo, todos los actos de culto serán ordinarios y podrán llevarse a cabo sin ajustarse a ninguna ley reglamentaria. Aparentemente no habría por qué alarmarse por ello, pero es una realidad incontrovertible que la Iglesia católica en México siempre ha hecho política, y siempre en favor de la clase dominante, con la cual va de la mano para imponer a la sociedad los intereses de esta clase, con el fin expreso de asegurar la vigencia del conservadurismo ideológico de la oligarquía.
No se puede negar la congruencia de Peña Nieto, pues su formación la debe a una organización religiosa, la cual administra la Universidad Panamericana, donde estudió. Tampoco es motivo de asombro que el PRI lo apoye, a pesar del legado histórico de un partido que nació para encauzar la ideología laica del Estado mexicano surgido de la Revolución de 1910. Lo que llama la atención es que no haya priístas que defiendan sus principios y doctrina, en aras de una disciplina que deja de serlo para convertirse en actitud servil propia de monarquías decimonónicas.
Constatamos así que del PRI original, el que apoyó tantos avances del Estado cuando tenía compromisos con la sociedad, ya no queda ni la sombra. Así vemos que finalmente Carlos Salinas de Gortari logró su objetivo, de acabar con un partido histórico mediante el cual se consolidó el proyecto social, político y económico de un movimiento armado que puso fin a una férrea dictadura, comprometida con el alto clero y con los oligarcas más reaccionarios y apátridas. Ciertamente, no fue Salinas el único que buscó afanosamente acabar con el PRI ideológicamente revolucionario, pues antes que él se fraguó un largo proceso de traiciones, el cual inició el sucesor del presidente Lázaro Cárdenas. Con todo, siempre se respetaron límites inconmovibles, entre ellos el laicismo del Estado.
Fue Salinas, precisamente, quien hizo a un lado esos límites, cuando en su sexenio promulgó reformas fundamentales, que significaron un duro golpe al contenido social y políticamente correcto de la Carta Magna. Con su reforma al artículo 130, el laicismo quedó cojo desde entonces. Hoy se le da la puntilla incluso desde antes de que Peña Nieto asuma la Presidencia. Deben haberle dicho que si no es ahora, que el PAN está en el poder, después quién sabe que pueda ocurrir. Por eso instó a los diputados de su partido a recordar que “el Papa viene en marzo”, con lo que se confirma que vendrá con el propósito nada oculto de apuntalar a la derecha para que continúe en el poder, sea el PAN o el PRI, da lo mismo a la elite.
El problema de fondo para México es que con un sexenio más de políticas públicas sólo favorables a la extrema derecha, sobrevendría una catástrofe histórica, pues la población mayoritaria no aguantaría seguir siendo víctima de la oligarquía, en forma cada vez más deshumanizada, como es fácil advertirlo desde ahora.
Mantenerse en el poder más tiempo, con el aval de los poderes fácticos, hará que la desigualdad imperante se vuelva inmanejable.
La OCDE acaba de confirmar que México es el segundo país más desigual entre los países miembros de dicha organización internacional. Así lo aceptó el secretario técnico del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, quien puntualizó: “México es un país desigual, casi con cualquier variable que lo veamos; no hay mucha forma de cómo argumentar lo contrario”. Que la nación cayera en el caos total no parece importar a la oligarquía, de ahí el imperativo de que las corrientes progresistas, incluidas las que se encuentran dentro del tricolor, aceptaran el imperativo de impedir que el binomio PRI-PAN siga en el poder.
Una muestra de los compromisos de Enrique Peña Nieto con los poderes fácticos, la tenemos en su intervención para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobara mediante un albazo del binomio PRI-PAN, una modificación al artículo 24 constitucional, a fin de permitir que los actos de culto religioso puedan practicarse en espacios públicos. Así se abre la vía para que las asociaciones religiosas puedan difundir en los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, sus ritos y ceremonias sin tener que solicitar permiso a la Secretaría de Gobernación.
Trascendió que esta reforma deriva de un compromiso expreso de Peña Nieto con la cúpula de la Iglesia católica, y fue orquestada por el propio presidente de la mesa directiva, el diputado mexiquense Emilio Chuayffet Chemor, quien nunca ha ocultado su proclividad a servir a los intereses del grupo que patrocina al ex gobernador. Según versión de algunos legisladores del tricolor que participaron en una cena de diputados priístas con Peña Nieto, éste les pidió que apoyaran con todo la reforma, y les recordó “que el Papa viene a México en marzo”.
Tal ordenamiento constitucional dice lo siguiente: “Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”. En lo sucesivo, todos los actos de culto serán ordinarios y podrán llevarse a cabo sin ajustarse a ninguna ley reglamentaria. Aparentemente no habría por qué alarmarse por ello, pero es una realidad incontrovertible que la Iglesia católica en México siempre ha hecho política, y siempre en favor de la clase dominante, con la cual va de la mano para imponer a la sociedad los intereses de esta clase, con el fin expreso de asegurar la vigencia del conservadurismo ideológico de la oligarquía.
No se puede negar la congruencia de Peña Nieto, pues su formación la debe a una organización religiosa, la cual administra la Universidad Panamericana, donde estudió. Tampoco es motivo de asombro que el PRI lo apoye, a pesar del legado histórico de un partido que nació para encauzar la ideología laica del Estado mexicano surgido de la Revolución de 1910. Lo que llama la atención es que no haya priístas que defiendan sus principios y doctrina, en aras de una disciplina que deja de serlo para convertirse en actitud servil propia de monarquías decimonónicas.
Constatamos así que del PRI original, el que apoyó tantos avances del Estado cuando tenía compromisos con la sociedad, ya no queda ni la sombra. Así vemos que finalmente Carlos Salinas de Gortari logró su objetivo, de acabar con un partido histórico mediante el cual se consolidó el proyecto social, político y económico de un movimiento armado que puso fin a una férrea dictadura, comprometida con el alto clero y con los oligarcas más reaccionarios y apátridas. Ciertamente, no fue Salinas el único que buscó afanosamente acabar con el PRI ideológicamente revolucionario, pues antes que él se fraguó un largo proceso de traiciones, el cual inició el sucesor del presidente Lázaro Cárdenas. Con todo, siempre se respetaron límites inconmovibles, entre ellos el laicismo del Estado.
Fue Salinas, precisamente, quien hizo a un lado esos límites, cuando en su sexenio promulgó reformas fundamentales, que significaron un duro golpe al contenido social y políticamente correcto de la Carta Magna. Con su reforma al artículo 130, el laicismo quedó cojo desde entonces. Hoy se le da la puntilla incluso desde antes de que Peña Nieto asuma la Presidencia. Deben haberle dicho que si no es ahora, que el PAN está en el poder, después quién sabe que pueda ocurrir. Por eso instó a los diputados de su partido a recordar que “el Papa viene en marzo”, con lo que se confirma que vendrá con el propósito nada oculto de apuntalar a la derecha para que continúe en el poder, sea el PAN o el PRI, da lo mismo a la elite.
El problema de fondo para México es que con un sexenio más de políticas públicas sólo favorables a la extrema derecha, sobrevendría una catástrofe histórica, pues la población mayoritaria no aguantaría seguir siendo víctima de la oligarquía, en forma cada vez más deshumanizada, como es fácil advertirlo desde ahora.
Mantenerse en el poder más tiempo, con el aval de los poderes fácticos, hará que la desigualdad imperante se vuelva inmanejable.
La OCDE acaba de confirmar que México es el segundo país más desigual entre los países miembros de dicha organización internacional. Así lo aceptó el secretario técnico del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, quien puntualizó: “México es un país desigual, casi con cualquier variable que lo veamos; no hay mucha forma de cómo argumentar lo contrario”. Que la nación cayera en el caos total no parece importar a la oligarquía, de ahí el imperativo de que las corrientes progresistas, incluidas las que se encuentran dentro del tricolor, aceptaran el imperativo de impedir que el binomio PRI-PAN siga en el poder.
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